La Iglesia releva al capellán del hospital público de Alicante condenado por pederastia

El padre Amador Romero, condenado por abusar de un monaguillo en la década de los noventa ha sido relevado de su cargo como capellán del Hospital General de Alicante, según han confirmado este martes fuentes de la Consejería de Sanidad valenciana. El Obispado de Orihuela-Alicante lo ha sustituido por otro sacerdote con fecha 1 de noviembre, dos semanas después de que EL PAÍS revelara que había sido homenajeado en 2017 por la diócesis de Guadix (Granada), a la que pertenecía cuando cometió el delito, y cobraba actualmente un sueldo sufragado con dinero público por oficiar misas y atender a los fieles del centro sanitario público de referencia en la provincia alicantina.

Al día siguiente de la publicación de esta información, el gerente del área de salud donde se encuadra el hospital alicantino remitió una carta al obispado en la que pedía a su responsable, Jesús Murgui, que revisara la continuidad del religioso como capellán hospitalario, según las fuentes consultadas.

El obispo ha comunicado ahora a la Administración sanitaria su cese, que ha adelantado eldiario.es, aunque con anterioridad había justificado que siguiese desempeñando sus funciones porque ni la Justicia civil ni la eclesiástica habían “prohibido o limitado el ejercicio de su ministerio sacerdotal”.

La diócesis alicantina llegó a manifestar en un comunicado de prensa que el nombramiento de Romero se ajustaba a “las normativas eclesiástica y civil”, aunque al mismo tiempo se declaraba comprometida con la “prevención y actuación ante cualquier abuso de poder, de conciencia y sexual”.

Fuentes del obispado se han limitado a confirmar el relevo del capellán, que se encuentra actualmente sin destino, en situación de “stand by”. Esas fuentes han explicado que la decisión ha sido adoptada en el marco de las “reuniones y conversaciones” mantenidas con la dirección del Hospital General de Alicante tras la información publicada por EL PAÍS.

El nombramiento de los cargos eclesiásticos que prestan asistencia espiritual a los pacientes en los centros de salud públicos corresponde a la propia Iglesia, en virtud del convenio suscrito entre el Estado español y el Vaticano hace tres décadas. Sin embargo, sus salarios corren a cargo de las arcas públicas.

Amador Romero fue condenado en 2001 a 18 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a un monaguillo de 11 años. Los hechos ocurrieron entre 1995 y 1997, cuando el sacerdote, que ejercía su ministerio en una parroquia del municipio granadino de Aldeire (639 habitantes), abrazó, besó y desnudó al niño “con regularidad” mientras le pedía que le masturbara.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número tres de Granada, que le condenó también a pagar 60.000 euros a la víctima por daños morales, fue confirmada posteriormente por la Audiencia de dicha provincia. El sacerdote, que carecía de antecedentes penales previos y recibió una pena inferior a dos años, no llegó a entrar en prisión. 

Con posterioridad, Romero fue trasladado a la diócesis de Orihuela-Alicante y ha ejercido casi una década como capellán en diferentes centros sanitarios públicos de esta provincia, un destino que le permitía, en teoría, volver a relacionarse de forma directa con menores de edad.

En junio del pasado año, recibió un homenaje con motivo de sus bodas de plata, 25 años, en el sacerdocio, en una celebración presidida por el entonces obispo de Guadix, monseñor Ginés García. La conmemoración se desarrolló en el centro diocesano de espiritualidad de esa ciudad granadina (18.500 habitantes) y en ella participaron medio centenar de personas. La Iglesia granadina enmarcó entonces el acto en una “fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote”, según un portavoz oficial, en la que se elogió la trayectoria del cura pederasta y de otros dos párrocos.