Juana Rivas recurre la condena a cinco años de cárcel por sustracción de sus dos hijos

Juana Rivas insiste en que ningún juzgado español le ha permitido en los últimos dos años y medio demostrar que huyó de Italia con sus hijos porque, supuestamente, sufría malos tratos por parte de su expareja Francesco Arcuri. Y lo ha intentado en numerosas ocasiones, alega su abogado en el recurso a la sentencia que la condena a cinco años de cárcel y seis de pérdida de la patria potestad de los dos menores por su sustracción. Las razones que Rivas ha recibido tribunal tras tribunal para no entrar en esos presuntos malos tratos son dos: “Evitar dilaciones injustificadas del proceso” o que ese supuesto delito “nada tiene que ver con el objeto de esta causa [la sustracción]”.

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El origen del conflicto judicial se remonta a hace dos años y medio. Juana Rivas convivió con su expareja y sus dos hijos en un pueblo de Cagliari (Italia) desde 2013 hasta mayo de 2016, cuando viajó con los niños a Maracena (Granada). Una vez en España, Rivas alegó que era víctima de violencia de género y denunció a Arcuri. Además, no entregó los niños a su padre hasta agosto de 2017, tras haber desaparecido con ellos durante un mes. Arcuri interpuso una denuncia en ese mes contra Rivas por sustracción de sus dos hijos.

José Estanislao López, letrado de Rivas, mantiene que estos presuntos malos tratos nunca se han analizado en ningún juzgado español y, sin embargo, la sentencia deduce que “no había ocurrido nada”. Ese es uno de los varios ejemplos que López considera errores del juez en la interpretación de las pruebas. López insiste en que esos malos tratos son los que justifican toda la actuación posterior de Juana Rivas. El delito por el que fue acusada, la sustracción, requiere que no haya causa justificada. "La hay, pero no nos han dejado probarla", viene a decir López a lo largo de las 32 páginas de recurso, como también que el juez ha creído a Arcuri, quien declaró en el juicio cosas que “lejos de ser ciertas se revelan como escandalosas faltas a la verdad”.

El letrado de Rivas utiliza su escrito para anunciar que, ante la falta de atención de Italia a esa denuncia —la presentó en España, pero tras diversas vicisitudes judiciales fue trasladada a Italia—, ha solicitado a un Juzgado de Violencia sobre la mujer que asuma la investigación de ese caso, y aprovecha el recurso, además, para solicitar pruebas nuevas. Alega que no estaban disponibles en el momento del juicio porque se refieren a documentos y pruebas realizadas en el litigio que, en paralelo, se mantenía en Italia por la guardia y custodia de los menores.

El abogado transcribe episodios que se han relatado en el juicio, como el testimonio de los servicios sociales municipales de Carloforte, la localidad donde residían, que explicaron en el juzgado italiano que Juana Rivas acudió a ellos durante su estancia en Italia para intentar recomponer el núcleo familiar. El escrito recoge que los profesores del niño mayor admitieron estar preocupados por los signos que enviaba el menor. A partir de sus dibujos, explicaron, temían que ocurriera algo en la casa y propusieron enviar un educador a domicilio. Según un informe de los psicólogos de Rivas, la madre se mostró favorable, pero no Arcuri. Esos psicólogos, indica el abogado de Rivas, temían que pasara algo en un lugar tan aislado como su casa, en Carloforte, “una comunidad en la que no se presentan fácilmente denuncias respecto a conflictos familiares”.

Finalmente, el abogado de Rivas admite que la mujer pudo cometer errores en su actuación, pero deja caer toda la culpa en la deficiencia del asesoramiento legal previo y en que Rivas siempre actuó a instancias de lo que los abogados le decían en cada momento.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, considera que la apelación de Rivas "no dice nada que no haya repetido hasta la saciedad, siempre refiriéndonos a las afirmaciones que realiza, no a los argumentos que sustentan esas afirmaciones, que son tan cambiantes, según el día o el lugar donde las realiza, como débiles jurídicamente".