Anatomía de una legalización

Uruguay fue el país pionero en la legalización de la marihuana. Desde julio de 2017, el Ministerio de Salud Pública vende en farmacias bolsitas de cinco gramos al módico precio de 200 pesos, unos 5,25 euros. No han aumentado las toxicomanías ni ha habido incidentes, los consumidores están contentos y la opinión pública es cada vez más favorable. Todo ha ido bien. Pero hay fenómenos paradójicos: persiste el mercado clandestino, la industria derivada del cannabis no despega y aparecen brotes especulativos.

“Está buena, flojita pero buena”, dice un chaval que fuma un porro matutino en la rambla de Francia, en pleno paseo marítimo de Montevideo. Ha comprado la marihuana en una farmacia y ha tenido que hacer cola. No porque haya avalanchas de consumidores, sino porque solo 17 de las casi mil farmacias uruguayas expenden hierba. Nada que ver con objeciones de conciencia, sino con la presión de los bancos. “Creímos en nuestra soberanía y no medimos bien ese factor”, reconoce Augusto Vitale, psicólogo, expresidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y uno de los principales artífices de la legalización. “No contamos con la Terrorist Act estadounidense”. El hecho es que los bancos se niegan a trabajar con nadie relacionado con la marihuana, por temor a sanciones en el exterior, y eso amarga la vida a los farmacéuticos. Y a los cultivadores. Y a las empresas que quieren desarrollar medicinas, cosmética, alimentos o tejidos a partir de la planta.

Curiosamente, ahora que la marihuana es legal, se hace necesario crear redes de empresas que sirven como pantalla para ocultar el negocio, al menos de cara a los bancos. “La inminente legalización en un país tan grande como Canadá quizá relaje el prohibicionismo internacional y alivie estos problemas”, comenta Vitale.

Las dificultades no proceden únicamente del sector financiero. También hay frenos políticos. Al actual presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, médico de profesión, la marihuana le parece peligrosa. Igual que al Ministerio de Salud Pública. Con el anterior presidente, el carismático Pepe Mújica, el cannabis era cuestión prioritaria. Ahora es más bien lo contrario. El Gobierno prefiere mantener el asunto bajo un manto de discreción y un portavoz de la presidencia declinó hacer comentarios a este periódico. Regularizada la venta para uso recreativo, el desarrollo de la industria está paralizado por falta de marco legal. Los usos medicinales, el auténtico negocio para el sector privado y las arcas públicas, no avanzan.

“Partimos con ventaja y si no aceleramos en los próximos dos años, la perderemos frente a empresas de Canadá, Zimbabue, Lesoto, Portugal, Colombia y quizá México”, dice Eduardo Blasina, un respetado empresario y experto en cuestiones agrarias. Blasina fue accionista de Symbiosis, una de las dos empresas que recibieron licencia estatal para el cultivo de marihuana. Ya no lo es. Su grupo empresarial sigue apostando por los productos del cannabis, aunque, según él, “parece más fácil venderlos en cualquier ciudad alemana que en Montevideo”.

Hasta Chile, un país prohibicionista, va por delante de Uruguay en la medicina canábica. Ahí pesa una cuestión burocrática: el Gobierno uruguayo exige, para aprobar un producto, que pase por todos los trámites experimentales que se exigen a cualquier medicamento. Eso puede suponer una década. En otros países, la aprobación de aceites y pomadas derivados de la marihuana, como el cannabiol, eficaz contra los dolores crónicos y para complementar tratamientos oncológicos, requiere menos verificaciones. La diferencia tiene su explicación: en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública es corresponsable, junto al fabricante, de cualquier efecto dañino de un medicamento.

“Hay muchas quejas y parece que olvidemos lo esencial: que la legalización funciona y que las cosas avanzan”. Juan Baz fue uno de los activistas que convencieron a Pepe Mújica —“sobre todo a su esposa, Lucía”, señala— de que impulsara la ley. Ahora es la voz de la sensatez. ¿Que la marihuana de las farmacias no es muy potente? “Normal”, explica Baz, “nadie quiere que un chaval sin experiencia compre una bolsita en una farmacia y acabe con una lipotimia. Los fumetas veteranos usamos hierba con un THC (componente psicoactivo) superior al 12%, y eso lo obtenemos con el autocultivo o en los clubes”. Baz se ha convertido en emprendedor, mantiene convenios de investigación con el Instituto Pasteur de París y ha lanzado un proyecto para desarrollar una industria canábica en el interior del país.

Los clubes admiten hasta 45 socios y proporcionan hasta 480 gramos anuales a cada uno. Pero, como las farmacias, no pueden vender a extranjeros. Y Uruguay es un país turístico. La demanda foránea es uno de los factores que mantienen el mercado clandestino, que ya no es tan negro como antes, en el sentido de que carece de relación con la violencia y las bandas de narcotraficantes, pero sí es como mínimo gris. Poco más de un tercio de los consumidores uruguayos están registrados en farmacias o clubes. El resto siguen en la zona gris.

“Hablamos de marihuana legal distribuida ilegalmente”, precisa el sociólogo Sebastián Aguiar, que monitoriza desde la Facultad de Ciencias Sociales el funcionamiento de la legalización. Aguiar subraya que ha desaparecido del mercado el adulteradísimo “prensado paraguay” que se consumía anteriormente; hace notar que en 2017, por primera vez, la mayoría de la población respaldó la venta libre (44% a favor, 42% en contra, con un 90% a favor del uso medicinal) y pone en duda los sondeos que indican un aumento del consumo: quizá lo que ha aumentado con la legalización, sugiere, es la sinceridad de los encuestados.