La legalización de la marihuana eleva la violencia entre narcotraficantes en Uruguay
La venta controlada de cannabis ha provocado un aumento de la violencia, sobre todo ligada al narcotráfico
Uruguay se enfrenta a un aumento de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre narcotraficantes. La legalización de la marihuana, que se implementa lenta y progresivamente desde 2013, ha producido una disminución de parte del mercado de parte del mercado de la droga, lo que genera tensiones por el control de los puntos de venta, según las investigaciones de Marcos Baudean, investigador de la Universidad privada ORT, que realiza un seguimiento del impacto de la ley en la seguridad pública del país.
Se calcula que el mercado de consumo del cannabis mueve unos 40 millones de dólares (unos 34,5 millones de euros) al año en Uruguay, de los cuales diez millones han pasado ya al sector legal de la economía.
“Cuando tanto dinero pasa en tan poco tiempo al mercado legal, alguien tiene que haber acusado el golpe, y justamente eso está coincidiendo con un claro aumento de las disputas localizadas en ciertas zonas, en general en barrios periféricos pobres de Montevideo, donde se ha instalado el narcotráfico. Pensamos que se están produciendo un estrangulamiento en el mercado ilegal”, afirma Baudean.
En este sentido, el experto considera que la regulación está cumpliendo uno de sus cometidos, que era arrebatar el mercado de la marihuana a los narcotraficantes. No obstante, el investigador aborda estas conclusiones con prudencia, ya que la legalización ha funcionado parcialmente hasta 2017, cuando se inició la venta en farmacias - actualmente 14 en todo el país - con una producción controlada por el Estado. Aproximadamente 35.000 personas están registradas para acceder al cannabis en Uruguay a través del autocultivo, los clubes o las farmacias, pero también hay un mercado gris en el cual los usuarios legales a veces regalan o revenden la droga en su entorno. Pero el alcance del mercado legal es cada vez mayor.
Efecto previsible
El asesor en seguridad del Ministerio del Interior de Uruguay, Ricardo Fraiman, avaló a finales de julio las investigaciones que apuntan a un estrangulamiento del mercado ilegal durante un evento organizado por el Observatorio Latinoamericano para la Investigación en Política Criminal. Así, señaló que el aumento de la violencia y de los homicidios era una consecuencia “esperable” del proceso de legalización, según consignó el semanario Búsqueda. Pero desde el gobierno también se vinculan los ajustes de cuentas a las operaciones policiales de cierre de puntos de venta de drogas, o a cambios dentro del mercado, en el que se venden menos sustancias baratas como la pasta base (un desecho de la cocaína) y se consumen más drogas de síntesis.
Datos no oficiales del primer semestre de 2018 apuntan a un claro aumento de los asesinatos ya que en los primeros seis meses se han registrado 215 frente a los 131 en el mismo periodo del año anterior. De confirmarse la tendencia, se trataría de un aumento histórico, según la organización privada Fundapro. El Ministerio del Interior no ha publicado sus cifras, pero reconoce que la violencia ha aumentado este año.
Según las estadísticas oficiales, en todo el año 2017 fueron asesinadas 283 personas, mientras que el año anterior hubo 268 homicidios, en un país de 3,4 millones de habitantes. En Montevideo, la zona donde se registraron más hechos de violencia, las autoridades reconocen que alrededor del 45% de los homicidios tuvieron que ver con peleas por el control de territorio entre narcotraficantes.
Desde que arrancó la legalización del cannabis, Uruguay ha generado estudios que miden al milímetro los efectos del proceso, algo factible en un país con pocos habitantes con buena cobertura médica y de seguridad. Además, investigadores de varias universidades reunidos en la organización Monitor Cannabis complementan los datos con estudios propios. A esto se suman las colaboraciones desde centros extranjeros, donde la experiencia uruguaya suscita un enorme interés.
Aunque las encuestas muestran que la población es cada vez más favorable a la regulación de la marihuana, el aumento de la violencia se observa con preocupación.
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