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El piso estaba bien okupado

Un juez sentencia que la "precaria situación" de una familia justifica que viviera de forma ilegal en la casa de un 'fondo buitre'

Protesta de la PAH en el Consorcio de Vivienda de Barcelona, a principios de abril.
Protesta de la PAH en el Consorcio de Vivienda de Barcelona, a principios de abril.

El vocabulario de la crisis se coló con fuerza, en los últimos años, en el seno de la familia de A. C.: desahucios, fondos buitre, desempleo... Las malas noticias se sucedían en el hogar de esta madre y sus cuatro hijos que, tras ser expulsados en 2008 del piso de Bankia donde vivían, okuparon una casa del BBVA. Una vivienda que adquiriría después un fondo buitre, que les denunció y les abocó a un proceso judicial que ha terminado este septiembre, según informa el colectivo de abogados que les ha apoyado, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). La Audiencia Provincial de Madrid acaba de anular la sentencia del juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que los condenó el pasado junio por un delito de usurpación.

Un magistrado de la sección 16 de la Audiencia Provincial, constituido como tribunal unipersonal para valorar el recurso, ha considerado que los condenados se encontraban en una "precaria situación" y, por tanto, se le debe aplicar el eximente previsto en el artículo 20.5 del Código Penal para aquellos que se salten la ley por encontrarse en un "estado de necesidad" y para "evitar un mal propio o ajeno". Según subraya el dictamen del juez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los informes de los servicios sociales de Madrid han permitido acreditar que se trata de un núcleo familiar "en claro riesgo de exclusión social, con escasos ingresos e irregulares".

A. C. es madre de cuatro hijos. Dos de ellos son menores de edad. El tercero sufre una discapacidad del 44%. Y el cuarto se encuentra en paro. "La entrada en la vivienda se produjo acuciados por la situación económica que sufrían", insiste la sentencia, donde se absuelve a los dos condenados por el Juzgado de Instrucción número 1 —la progenitora, sin empleo fijo, y uno de los hijos mayores de edad—, que los consideró responsables de un delito leve de usurpación y les impuso una pena de tres meses de multa (180 euros).

El magistrado de la Audiencia Provincial ha considerado también que la madre ha actuado siempre de "buena fe". Intentó negociar un alquiler social con el BBVA; pidió ayuda a las autoridades, que están estudiando la concesión de una renta mínima de inserción; y solicitó la adjudicación del uso de una vivienda social. E, incluso, escribió una carta a la Casa Real para exponerle su caso —"contestada amablemente en nombre de su majestad la reina Doña Sofía", detalla el juez—.

"Tal situación económica y familiar justifica la ocupación de una vivienda que pertenecía en su momento a una entidad bancaria y en la actualidad a una empresa especializada en la compraventa de activos inmobiliarios", subraya la Audiencia Provincial, que le reprocha a esta compañía que, "con toda probabilidad, conocía la ocupación de la finca por parte de terceras personas cuando la adquirió". Y recuerda que este tipo de sociedades se ha dedicado a comprar casas "al socaire de la crisis" que en España se ha "padecido".

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