La familia de Almería que fue desahuciada dos veces por un error recurrente del juzgado

Hasta que el juzgado de Roquetas de Mar (Almería) quiso enterarse, porque estaba avisado, de que no era el 7 sino el 15 el número de la casa morosa, Juan Francisco Román sufrió dos días que prefiere olvidar. También su esposa, que aún retiene en su mente cuando desde la compañía que gestiona la alarma de su chalé la llamaron una mañana a la escuela donde trabaja para decirle que “había gente extraña dentro en su casa”. Lo vieron a través de la cámara interior de seguridad. No fue una sino dos las veces que Juan Francisco, de 45 años, tuvo que abandonar su trabajo y salir corriendo alertado de que se había movimiento de personas en su chalé. Un adosado situado en la calle Cabo de Gata, en Aguadulce, desde el que se divisa el mar.

El Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas le cambió las cerraduras y lo echó de su casa dos veces por error, por no cotejar correctamente cuál era la casa afectada por el impago al banco. Estaban en la misma barriada de Aguadulce, pero la morosa no era la suya. El 6 de noviembre de 2015 padeció su primer desahucio y el 14 de enero de 2016, solo tres meses después, el segundo. “Fue surrealista”, señala.

Al final, cuenta Juan Francisco a EL PAÍS, él y su esposa acabaron cogiéndole tirria a la casa, desde la que se divisa el mar de Aguadulce, y la vendieron. “La habíamos reformado, pero nos empezó a dar mal rollo”, señala.

Juan Francisco vende semillas para los invernaderos almerienses. Y viaja de un lado para otro. La primera vez que le avisó el servicio de alarmas sobre la presencia de extraños en su casa, telefoneó a la Guardia Civil antes de presentarse en la vivienda. Le dijeron que podía tratarse de okupas. Al llegar a la vivienda se encontró todas las cerraduras cambiadas, pero ya no había nadie dentro. El servicio de seguridad le recomendó cambiar las cerraduras. Y en ello estaba cuando halló un papel judicial en el salón de la casa donde el Juzgado de Roquetas informaba de que la vivienda había sido entregada a La Caixa por impago de la hipoteca.

La compañía que gestiona la alarma de su chalé le llamó en dos ocasiones en tres meses  para decirle que “había gente extraña dentro en su casa”

“No podía ser, mi casa estaba pagada y yo no debía nada al banco”, relata Juan Francisco. “Acompañado del director de su banco, que es amigo, nos presentamos al día siguiente en el juzgado. Y certificó y acreditó documentalmente que yo no debía nada y que mi vivienda estaba libre de cargas. La funcionaria judicial pidió disculpas y aparentemente tomó nota del error”. El juzgado ordenó en ese momento al “ejecutante” (el banco, al que el juzgado culpó del error en la identificación del inmueble, aunque es el juez el obligado a cerciorarse de a quién desahucia) que pagase a Juan Francisco “los daños ocasionados en su vivienda”. Le abonaron las cerraduras que él puso para cambiar las que había colocado previamente el juzgado tras romperle las suyas. Juan Francisco asumió esa primera vez que se trataba de un error y lo dejó pasar.

Pero el desacierto continuó. El 14 de enero de 2016, el servicio de alarma, al no localizarle a él, avisó a su esposa en la escuela de que nuevamente “había gente extraña en la casa”. Su esposa, “muy nerviosa”, le avisó y Juan Francisco cogió el coche y se fue sin demora para la vivienda. Al llegar, se encontró con las puertas del garaje abiertas y una mujer que limpiaba dentro y tenía apilados sus enseres para cargarlos en un furgón de mudanzas que ya estaba apostado a las puertas de la vivienda.

“¡Qué haces ahí, en mi casa…!”, le gritó Juan Francisco desde la calle. La vivienda es un chalé adosado. “Reconozco que me puse nervioso y me enfadé mucho la segunda vez. La pobre mujer lo dejó todo y se fue corriendo asustada en busca de un colega que estaba en otra habitación; ella no tenía culpa de nada. Era empleada de una empresa de limpieza de casas contratada por el banco”, concede.

“Lo tenían todo preparado para cargarlo en la furgoneta. Me dieron el teléfono de su empresa y allí me explicaron que había orden judicial de desahucio”, añade. Juan Francisco no daba crédito. Era la segunda vez. Él y el director del banco habían estado tres meses aclarando el error y la funcionaria supuestamente, delante de ellos, había tomado nota en el expediente. “Después llamé al banco a Barcelona, me pidieron disculpas y se comprometieron a pagarme nuevamente los daños. Como la segunda vez también me cambiaron las cerraduras, tuve que poner otras, y ya era la tercera vez que las cambiaba”, recuerda Juan Francisco.

-“¿Fue usted al juzgado para pedir explicaciones a la funcionaria con la que estuvo la primera vez?”

-“No, no fui a verla. Pero sí fui a la sede de los juzgados de Roquetas, al servicio de información. Comenté lo que me había pasado y que todo parecía un cachondeo... Me indicaron que interpusiera una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado e incluso me adelantaron que seguro que me darían la razón. Y yo mismo la redacté”.

Al llegar Juan Francisco a su vivienda, alarmado, se encontró todas las cerraduras cambiadas, pero ya no había nadie dentro. El servicio de seguridad le recomendó volver a cambiar las cerraduras

El Poder Judicial censura los errores del juzgado

Juan Francisco reclama en su demanda al Estado, por los daños morales “de tener que dejar dos veces tu trabajo, y por el ataque de nervios que sufrió mi esposa”, un total de 5.000 euros. “Lo de menos es el dinero, pero debe servir como llamada de atención a quienes desde los juzgados, o los bancos, gestionan estos asuntos. Detrás de los papeles hay personas, y para que sean más diligentes en su trabajo. No puede ser que, no una, sino dos veces, se dicte una orden de desahucio por la misma equivocación, y eso que estaban avisados de que no era el número 7 sino el 15”, afirma Juan Francisco. “Si el juzgado, o el banco, hubieran cotejado el número de la casa con el catastro, no habría habido equivocación alguna, pero nada de eso hicieron; y el problema es que cuando una comisión judicial acude a un desahucio no atiende a razones; y si en el papel pone tal número, no se detiene”, se lamenta.

El Consejo del Poder Judicial ha reconocido el error del juzgado almeriense. Pero el expediente sobre la indemnización aún no está cerrado. El Poder Judicial da la razón a Juan Francisco y censura la falta “de diligencia del juzgado” de Roquetas. Pero la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia, que es el que decide si indemniza o no; por lo pronto, ha pedido otro informe al Consejo de Estado para que opine sobre el doble desahucio de esta familia.