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Okupa su propia casa en Tenerife

El propietario de una vivienda en la isla la recupera tras la ejecución de un detallado plan para el que contó con la ayuda de sus familiares

El propietario y su familia en el interior de la vivienda.
El propietario y su familia en el interior de la vivienda.

Un atronador “¡Gracias a Dios!” retumbó en toda la casa cuando el cambio de cerradura se materializó. Juan Carlos Yanes, propietario de un adosado en el municipio de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, gritó de alegría al recuperar su vivienda después de que la persona a quien se lo alquiló llevara casi un año sin abonarle la mensualidad y de comprobar por sí mismo que además estaba subarrendando las habitaciones. Un minucioso plan diseñado junto con varios familiares permitió el éxito de la operación del Equipo desahucio, nombre del grupo de WhatsApp que crearon para coordinarlo todo.

Los problemas de Juan Carlos con su inquilina comenzaron a principios del año pasado. Este tinerfeño de 44 años, casado, padre de dos niños y empleado del sector hotelero en Baleares, decidió en 2014 alquilar su casa tinerfeña. Después de varios contratos de seis meses de duración con la mujer sin mayores problemas, al proceder en 2016 a la renovación por otro periodo igual ella solicitó un arrendamiento de 36 meses, a lo que él no accedió. Poco después comenzaron los impagos, cuenta el propietario: 540 euros al mes, más luz y agua. “Empezamos un tira y afloja. Yo le enviaba mensajes a su móvil para que me pagara , pero me bloqueó”.

Una de las cláusulas del contrato contemplaba la sujeción a la figura del arbitraje en caso de conflicto. En julio pasado se inició el procedimiento. “Esta persona debe ser una especialista porque nunca recogió las notificaciones, solo me respondía por WhatsApp, nunca por carta o correo electrónico”, explica Juan Manuel Blanco, mediador de la Asociación Europea de Mediación y Arbitraje. Ante la imposibilidad de contactar con ella de manera oficial, elaboró un informe que trasladó al árbitro legal, quien emitió hace dos meses un laudo —con efectos de sentencia firme— en el que se establecía que la inquilina debía abandonar el domicilio. Algo que tampoco surtió efecto.

Un plan organizado

Juan Carlos tomó hace unas semanas la decisión de entrar en la vivienda “cuando no hubiera nadie dentro y de manera pacífica, sin fuerza ni violencia”, especifica. Estaba harto de tener que pagar la hipoteca de la casa sin recibir el alquiler, importe al que se añadían los gastos del arrendamiento de la del piso de Menorca en el que vive con su familia, otros 600 euros. Precipitó los acontecimientos el hecho de que los vecinos le informaran además del trasiego de gente que entraba y salía del domicilio.

En una primera fase, su tío José Paniagua, residente en Tenerife, simuló ser alguien que acababa de llegar a la isla por trabajo y necesitaba alojamiento. Pasó por la puerta de la vivienda y preguntó a una mujer que salía de ella, que lo puso en contacto con la inquilina. Quedaron al día siguiente en una cafetería, donde él le entregó 300 euros en concepto de mensualidad por una de las habitaciones. Consiguió la llave y pasó esa noche en la casa. “Estaba sucia, pero dormí bien”, relata, aunque atravesó la tabla de planchar detrás de la puerta por si alguien descubriera sus intenciones. Mandó fotos al grupo de WhatsApp de sus primeras horas allí haciendo vida normal: sentado en la terraza, leyendo un libro, y convivió con una pareja de italianos y una alemana alojados en las otras las habitaciones. “Lo que queremos demostrar es que esa persona es una okupa que encima está haciendo negocio con una casa que no es suya y hay que responderle con sus mismas armas”, añade.

Al día siguiente pusieron en marcha la segunda parte de la operación. Juan Carlos voló desde Menorca a Tenerife, mientras su hermano recibía una clase rápida de un amigo ferretero que le explicó cómo cambiar una cerradura en tiempo récord. A la hora fijada, los dos llegaron y aparcaron su coche junto a la casa. Era el momento de entrar después de que, desde el interior, su tío les informara de que él era la única persona que había dentro.

Irrumpieron en la casa nerviosos pero decididos, y en menos de tres minutos Rayco realizó el cambio de la cerradura. Al lograrlo se abrazó con su hermano y se fundieron en un cántico: “¡No nos moverán!”. En un primer recorrido vieron que las tres habitaciones estaban numeradas, que había taquillas con llaves y carteles que indicaban zonas de fumadores. El garaje se había convertido en otra habitación más, y lo mismo ocurría con un pequeño cuarto de madera de la azotea, inicialmente construido por Juan Carlos para escuchar música en sus momentos de relax. Juan Carlos halló la vivienda en buen estado general aunque “sucia y con restos de comida, de consumo de alcohol y estupefacientes”, apunta. Unos días después se llevó una nueva sorpresa: encontró en Internet que “la inquilina anunciaba además servicios como masajista tántrica y erótica en páginas webs de citas x y masajes de la isla, con fotos sensuales tomadas en distintos espacios de mi casa”, señala. Por tarifas a partir de 100 euros, se ofrecían masajes a “cuatro manos y con final feliz”.

La versión de la inquilina

La mujer, Mara Gámez, apareció por la vivienda 10 minutos después del cambio de cerradura, pero le impidieron el acceso en la misma puerta. “¡Y dijo que estaba en Menorca! Esto es un desahucio al contrario. No hay derecho. Yo conozco las leyes y no puede haber desahucio salvo que lo haya dictado un juez”, declaró indignada. “He denunciado a este señor hasta tres veces, me ha acosado a través de los vecinos y ha venido la inmobiliaria a echarme”, se queja. Asegura que realizó unas obras en la azotea que el arrendador no le pagó, y que por eso no le ha abonado las mensualidades.

Desde allí mismo llamó a la Guardia Civil solicitando que acudiera al lugar, y en la espera llegó la alemana que también vivía en la casa. La ya exinquilina le contó lo ocurrido, y la mujer, con amplia cara de asombro, solo repetía: “Crazy, crazy…”. Tras esperar un rato, Mara se fue a interponer la denuncia al cuartel: “Ha sido demasiado fácil para ellos, pero esto es lo mejor que me podía haber pasado. Ahora voy a pedir todo lo que tengo que pedir, 20.000 euros de indemnización”.

Varias horas después, ya por la noche, la Guardia Civil tocó en la vivienda. Identificaron a las personas que se encontraban dentro: a Juan Carlos, a Rayco, a la madre de ambos, Loli Paniagua, y a sus tíos José y Manolo. Completado el trámite, los agentes se marcharon. “¿Cómo vamos a echar a los propietarios?”, les dijeron.

Juan Carlos y su exinquilina se verán las caras de nuevo el próximo 5 de marzo en un juicio en el que ella lo ha demandado por amenazas. En lo que llega ese día, donde él hará valer el laudo arbitral y solicitará 30.000 euros por las rentas impagadas y por cada día que afirma que la mujer ocupó la casa sin contrato, sus primeros días en la vivienda los han empleado en un profundo zafarrancho de limpieza.

“Merecen una ola todos, no hay palabras”, se lee en uno de los últimos mensajes escritos en el grupo de WhatsApp del Equipo desahucio

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