“No tenemos cuatro mil euros para cambiar de piso”

Son cuatro treintañeros y están en la zona cero de Barcelona, el barrio de Sant Antoni. Se les acaba el contrato de alquiler. Imposible negociar con los propietarios. Lo han intentado, y nada. Y con el tsunami de la subida de precios (un 10% el año pasado, el cuarto consecutivo de subida), no encuentran nada que puedan pagar. “Y si lo encontráramos, no tenemos 4.000 euros para cambiar de piso”. ¿4.000 euros? “Ponte que el piso cuesta 1.000, porque la media de la ciudad es de 900, suma el mes en curso, dos de fianza, la comisión de la agencia que es del 10% de una anualidad más IVA, el impuesto de transmisiones… y eso si no te piden avales”. Hablan Bea y Dani, de la calle de Urgell. A dos manzanas, Gotzon y Mery alucinan de que cada tres años tengas que disponer de esta cantidad, de la que 1.000 euros son a fondo perdido para la agencia, y explican que intentarán evitar los intermediarios. Llevan la vida que han llevado siempre, pero en los últimos años la subida del precio de la vivienda les ha empobrecido. Cuando no les ha puesto la vida patas arriba.

Los casos de estas dos parejas son distintos, pero comparten el punto de partida: el fin de un contrato de alquiler. El edificio donde viven Bea y Dani, de 20 viviendas, ha sido comprado por un inversor. Su contrato acababa a mediados de diciembre pasado y la propiedad les ha comunicado que pueden quedarse hasta marzo, pero sin contrato. Ellos están consignando el alquiler con un giro postal. Y buscando. “Pero no hay nada por menos de 900 o mil euros, además te piden contratos de empleo que tengan cierta antigüedad… es una burrada”, dice Bea. De momento, son “okupas sin contrato, pero pagando”.

A Gotzon (de Vitoria) y Mery (italiana), que tienen dos hijos pequeños, el alquiler se les acaba en abril. Es angustioso escuchar su testimonio. “Estábamos supertranquilos y un burofax lo cambia todo”. Con sus ingresos les resulta imposible alquilar en el barrio. Pero el hijo mayor va a la escuela en el barrio, un centro que les gusta mucho y que es un motivo de peso para quedarse en la ciudad. La pareja se ha puesto en contacto con la oficina municipal de vivienda que considera su caso urgente, por la presencia de menores. Ni siquiera la mediación de la oficina ha conseguido una prórroga del contrato. Esta semana les mostraron un piso… pero está en Horta. Y no son los únicos candidatos. “Jamás imaginamos que estaríamos en esta situación, con servicios sociales, es difícil de aceptar, hay un punto de orgullo”, dice Mery. “Barcelona se ha vuelto hostil. ¿Dónde queda la parte humana? La única opción es ser cada vez más pobre o trabajar más y más horas… entrar en un círculo de precariedad para que tu vida no cambie”, prosigue. “Te crees que eres clase media y ya no lo eres”, añade Gotzon.

Desde el Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera tiene claro que los dos casos ilustran lo que llaman “desahucios invisibles”. Gente que tiene que marcharse de su casa solo porque se le acaba el alquiler. Palomera alerta de la “desprotección de los inquilinos, con una legislación que vulnera muchos derechos y coloca a quien vive de alquiler en una posición de ser susceptible de sufrir abusos”. Varios meses de fianza, avales, el IBI repercutido… Sobre los honorarios de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API), del 10% de una anualidad, asegura que son “una norma no escrita que solo se da en Barcelona”. “No es ilegal, la ley permite el abuso, y además toda la comisión se carga sobre el inquilino, cuando quien obtendrá las rentas es el propietario. Habría que pagarlo, cuando menos, al 50% entre el inquilino y el dueño”, afirma y critica que los inquilinos sean “un mercado cautivo” porque no tienen otra que aceptar las reglas del juego. “La regulación del mercado inmobiliario está hecha para que no haya regulación”, zanja.

El presidente del colegio de API de Barcelona, Joan Ollé, asegura que el 10% se ha cobrado siempre y no solo en Barcelona, aunque reconoce que los honorarios no están tasados y que en el colectivo puede haber quien cobre “más o menos de honorarios”, pero que lo “histórico” es un 10% y un mes de fianza. “Me niego a pensar que los abusos sean generalizables”, dice. También conviene en que lo lógico sería que lo pagara mitad el inquilino y mitad el casero, “porque el API presta servicio a los dos”. A la pregunta de si el colectivo se siente responsable del drama del alquiler, responde que “en absoluto” y asegura que es fruto de “la ley del mercado”. “Clamamos para que haya más pisos, mientras no los haya, es la ley de la oferta y la demanda”. Sobre si cree que las subidas tienen techo, responde: “El techo es la capacidad adquisitiva de la gente”.