Con Internet pero sin agua corriente

Ni una sola gota de agua corriente. En el bloque de viviendas que okupa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde hace seis años en la calle de Sierra de Llerena los grifos solo sirven para decorar. El agua, un derecho humano fundamental según Naciones Unidas, solo llega al edificio gracias a las garrafas de plástico que rellenan cada día sus 22 inquilinos en La Villana, un centro social a más de un kilómetro de distancia. La alternativa es una fuente pública, pero está más lejos. Lo mismo les ocurre a los vecinos de la calle del Monte Perdido. Solo dos de los cuatro bloques okupados por la PAH en Puente de Vallecas, los de Pico de la Muela y Callejo, disfrutan de suministro, pero en este caso lo que reclaman es la instalación de contadores para poder pagar por el servicio.

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Condenados a ser okupas

Ir a recoger agua se ha convertido en todo un ritual: los vecinos amontonan recipientes vacíos y los introducen en unos carritos de la compra que luego empujan con dificultad por las calles de su barrio, repletas de pendientes. En la mayoría de las ocasiones acuden en grupo. Cada familia empuja su carrito, con ocho o diez garrafas de diferentes medidas. Lo básico para el consumo diario. “No puedo ni tirar de la cadena, nadie imagina los litros que se gastan”, explica Laura Pérez, de 37 años. Hace tres meses que se mudó con su hija, menor, a una casa de la primera planta del edificio de Sierra de Llerena, que pertenece a la Sareb, la entidad conocida como banco malo, que se hizo cargo de los activos más tóxicos de la banca.

“Cobro un subsidio de 420 euros y me gasto un dineral en lavandería y medicinas. He tenido varias infecciones y problemas de cervicales desde que vivo aquí”, se queja mientras apila platos y cacerolas en la bañera. Los lava cuando tiene agua, pero ahora no le queda ni una gota. “He optado por usar cubiertos de plástico”, solloza. “No es normal que en el siglo XXI vivamos en estas condiciones tan precarias. Mis hijas mayores, que ya tienen 20 años y les gusta estar monas, lloran porque no pueden ducharse. La mayoría de las veces tienen que hacerlo en casa de una amiga”, relata Sonia Alonso, de 42 años. La mujer fue desahuciada junto a sus seis hijos hace nueve meses. “Estábamos de alquiler. Solo tengo 700 euros de subsidio, así que decidí que lo primero era comer”. Alonso insiste en que su intención no es vivir gratis. “Todos los que vivimos aquí hemos solicitado antes un alquiler social, pero las Administraciones no nos dan alternativas”.

La “voluntad” del Ayuntamiento

Hay un total de medio centenar de viviendas afectadas, aunque a 28 de ellas solo les falta un contador. El 12 de diciembre un grupo de inquilinos se encerraron en una sede del Canal de Isabel II, encargada de los suministros, y le arrancaron la promesa de abrir una vía para solucionarlo. Un portavoz del Canal explica que no se puede firmar un contrato de suministro con alguien que no sea propietario, pero sostiene que sería posible una regularización temporal si el Ayuntamiento de Madrid considera que se trata de casos de urgencia social. Desde el Consistorio se manifesta la “voluntad” de firmar los contratos, pero siguen esperando a que el Canal les remita la documentación pertinente. “Seremos la parte avaladora”, avanzó el jueves Rita Maestre, portavoz municipal, en la Cadena SER.

“Dar suministro a dos bloques es una gestión simple. No es lógico que a nuestras casas llegue antes Internet que el agua”, denuncia Diego Sanz, portavoz de PAH Puente de Vallecas. Algunos vecinos se quejan porque creen que la medida abriría la puerta a “legalizar la okupación”. Otros se llevan las manos a la cabeza cuando conocen que a pocos metros de su casa hay gente que no goza de agua corriente. “Estamos en contra de la okupación, pero estas familias no generan conflicto y no tienen nada que ver con los narcopisos que han aflorado en el distrito. Entenderíamos que el Ayuntamiento avalara una salida al problema. Muchas de estas casas carecen incluso de cédula de habitabilidad”, indica la concejal socialista Mercedes González. En su opinión esta situación es un ejemplo más del fracaso de las Administraciones y acusa al Consistorio y a la Comunidad de no construir las viviendas públicas suficientes para atender a familias en exclusión social.