240 hogares de Parla en riesgo de desahucio
Un fondo de inversión compró viviendas protegidas en 2013 y muchos vecinos no pueden pagar el alquiler
Tres bloques de edificios de Parla albergan a más de 240 familias que viven en situación de precariedad. Las viviendas fueron construidas por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y, en noviembre de 2013, fueron vendidas al fondo de inversión Encasa Cibeles, participada por Goldman Sachs.
Algunos vecinos se vieron obligados a dejar de pagar el alquiler porque se quedaron en el paro, varios señalan que el fondo les ha subido el importe del alquiler respecto a la cantidad que pagaban con el IVIMA (de 110 a 500 euros por ejemplo) y otros ocuparon alguno de los pisos para poder tener un techo. Gran parte de los inquilinos manifestaron que intentaron negociar con Encasa Cibeles y que la comunicación fue "complicada". Además, algunos afectados tienen ya marcada su fecha de desahucio y denuncian presiones de Encasa Cibeles para abandonar las casas en la que viven. Por su parte, la empresa inmobiliaria defiende que el hecho de que haya fechas fijadas, no quiere decir que los desahucios se vayan a producir. Además, niegan que ellos quieran que la gente se marche de los pisos y sostienen que llevan a cabo procesos de mediación para cada caso concreto con el objetivo de encontrar alternativas para las familias.
Uno de los casos más graves es el de Sara, cuyo desahucio, programado para la semana pasada, finalmente ha sido parado. Vive con su marido y sus cuatro hijos (al mayor lo acaban de operar del corazón). “Tenemos unos ingresos de 430 euros para seis personas. Dejé de abonar las cuotas y al quinto mes contacté con la empresa”, explica Sara. La afectada afirma que varios portavoces de Encasa Cibeles le aseguraron que contactarían con ella pero denuncia que lleva un año y medio esperando a que la llamen.
En febrero le llegó una carta citándole para un juicio y una orden de desahucio para el pasado 24 de mayo. “Minutos antes del juicio mi abogada insistió en negociar con ellos, pero Encasa se mantuvo en que se celebraba”, comenta. “Si finalmente nos desahucian en algún momento, tendremos que ocupar una vivienda”, lamenta Sara cabizbaja.
Mohammed es otro de los afectados y en 2013 ocupó uno de los pisos porque se quedó sin trabajo. Vive con su mujer y sus cinco hijos en una vivienda de 50 metros cuadrados, con dos habitaciones. “Los únicos ingresos que tenemos son lo que yo cobro por la renta mínima de inserción (RMI). "Encasa Cibeles no quiere arreglar con nosotros un alquiler social y yo quiero pagar mis gastos”, protesta. Su desahucio está programado para el 1 de junio y su mujer sale de cuentas esa misma semana.
Ana Isabel Monje también está en una situación delicada. Vive con sus dos hijas (una de ellas con minusvalía) y en 2013 se quedó en el paro. Denuncia una subida del alquiler por parte de Encasa Cibeles. "Con el IVIMA yo tenía subvención y pagaba 110 euros de alquiler. Cuando se terminó, me mandaron una carta en la que se me pedía que pagara el precio que figuraba en el contrato de alquiler, que eran 500 euros", cuenta. Actualmente percibe 300 euros de la ayuda familiar. Monje añade que en los últimos días varios operarios colocaron puertas blindadas de seguridad en los controles de la luz. "Encasa Cibeles no quiere que tengamos luz. La empresa suministradora sin el permiso de ellos no nos deja contratarla", asegura.
"Es una acusación muy grave. La colocación de puertas en los contadores de la luz es parte de nuestras obligaciones como propietarios", cuenta un portavoz de Encasa Cibeles. Además, la misma fuente mantiene que las puertas de los cuartos de contadores han sido arrancadas varias veces y denuncia que en los edificios existe "un problema grave de ocupación ilegal, enganche de luz y manipulación de contadores".
Por su parte, el Ayuntamiento de Parla manifiesta que Encasa Cibeles pidió la paralización del desahucio de Sara el 17 de abril. "Un juez accedió finalmente a la suspensión del desahucio el pasado 17 de mayo", cuentan fuentes municipales. Además, según el Consistorio, solo una veintena de familias de las que viven en los tres bloques de edificios están en riesgo de desahucio.
