La Guardia Urbana desaloja una finca municipal ‘okupada’ del Raval

La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado esta mañana a 30 ocupas de un edificio de viviendas de titularidad municipal situado en pleno corazón del Raval. El desalojo se ha salpicado de momentos de tensión y de toneladas de polémica ya que ha sido la policía local, de la alcaldesa Ada Colau, la que ha expulsado a los ocupantes.

Colau, meses antes de anunciar que se presentaba como candidata a la alcaldía de Barcelona, abandono su cargo como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) donde protagonizó decenas de resistencias activas contra desahucios al grito de “sí se puede”. Precisamente el mismo grito que esta mañana pronunciaban algunos de los ocupas desalojados del número 1 de la calle Sant Ramon. Una veintena de jóvenes que accedieron a unos pisos -previo pago de entre 500 y 800 euros a una organización que vendía llaves de inmuebles que habían okupado previamente- y que el Consistorio tenía preparados para ser entregados a otras familias que cumplían los requisitos para ser merecedoras de un alquiler social.

El Ayuntamiento de Barcelona, con Xavier Trias al frente, compró en octubre de 2013 los 11 pisos del número 1 de la calle Sant Ramon. En julio de 2015 comenzaron las obras de rehabilitación que habían acabado hace unas semanas.  Según fuentes municipales la empresa suministradora de la electricidad exigía la instalación de una estación transformadora para dar de alta los suministros por lo que no se entregarían los pisos hasta el verano. Las mismas fuentes aseguran que el lunes “los servicios de vigilancia del Ayuntamiento comprobaron que el edificio estaba vacío”. Ayer, miércoles, por la tarde había cerca de 30 personas en el interior. La Guardia Urbana al detectar la presencia de ocupas se colocó en la puerta del inmueble para evitar que entraran más personas y para preparar un desalojo que ha tenido lugar esta mañana.

El Consistorio mantiene que los okupas no llevaban 72 horas en el edificio y por tanto la Guardia Urbana podía realizar un desahucio express sin necesidad de que comenzara un largo proceso judicial hasta conseguir la orden de un juzgado. Los okupas por el contrario aseguran que llevan varios días en el interior y, por tanto, que el desalojo de la Urbana no se ajusta a la legislación.

Minutos antes de las ocho de la mañana, medio centenar de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han procedido a entrar en las viviendas. A golpes de maza han roto la puerta del portal mientras los vecinos se atrincheraban en sus viviendas llamando la atención, a gritos, desde los balcones de los medios de comunicación.

Los agentes fueron entrando piso a piso. Reventando puertas porque los ocupas no querían abandonar los inmuebles. Uno de ellos, vació varios extintores en la escalera para impedir la actuación policial por lo que los agentes tuvieron que utilizar mascarillas.

Tras varias horas desalojando a personas la Guardia Urbana dio por vacío el edifico. En el interior había 22 personas y un bebé.

Pepe compartía piso con su hermana y su cuñado. “Llevamos varios días dentro, yo pagué 500 euros a un paquistaní por la llave y nos metimos allí porque somos vecinos con problemas”, denunciaba. Sergi de 25 años estaba en otro de los pisos junto a su esposa. Adquirió la llave de la misma forma. Najim Namonbrui, de 28 años, mostraba una hoja y un tiquet de compra de comida a domicilio con el que pretendía justificar por un lado: “Soy víctima de un estafador que me ha alquilado un piso que no era suyo por 528 euros” y por otro “llevo en mi piso 15 días comiendo de diferentes empresas de reparto a domicilio”.

Pero el que acaparó la mayor atención fue Hatim. Un joven de 29 años que vivía en el primer piso junto con su esposa de 18 años y un bebé de meses que mostraba continuamente. Hatim, en tirantes pese a la baja temperatura, gritaba contra los agentes, contra el equipo de gobierno, suplicaba empleo y denunciaba: “Este edificio es para aquellos que tienen dinero porque ahora el Raval está de moda”.

Los servicios sociales del Ayuntamiento, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), atendieron a diez de los ocupas y solo tres aceptaron una alternativa de realojo. Los técnicos han considerado que siete de los desahuciados tienen o red social o recursos económicos.

Crítica política

Las críticas políticas a la actuación de Consistorio no han tardado en llegar. La concejal de la CUP, Eulàlia Reguant, se ha personado en el lugar y ha defendido que “las okupaciones en la inmensa mayoría de veces, responden a una necesidad vital de tener un techo en el que vivir”. Reguant ha denunciado al “Ayuntamiento quien directamente ha ordenado a la Urbana” realizar un desalojo que según la concejal de la CUP no podía ser “express”.

Por su parte, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha calificado de “escándalo” la okupación de un inmueble destinado al alquiler social. “¿Cómo es posible que el Gobierno no fuera consciente (de la okupación) teniendo en cuenta que se trata de una propiedad municipal?”, ha criticado después de calificar el problema de la droga en el Raval como un retorno a los años 80.

La desocupación fue criticada por toda la oposición. Mercè Homs, del PDeCAT, denunció que el gobierno de Colau permite ocupaciones en edificios municipales.  Jaume Collboni, del PSC, criticó la “dejadez y descontrol” de Colau ante los narcopisos

La líder de Ciudadanos, Carina Mejías, ha criticado la “dejadez de Colau a la hora de velar pore los edificios de titularidad municipal evita que las familias vulnerables accedan a vivienda social”. Mejías ha pedido que se luche contra “las mafias” de la ocupación y de los contratos falsos.

El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha pedido “poner fin y freno a las ocupaciones ilegales”. El popular ha recordado que el discurso permisivo de Colau hacia los “okupas” ha generado un efecto llamada.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Laia Ortiz, se ha defendido  explicando que el Consistorio tiene la obligación de “defender y preservar el patrimonio municipal”. “No puede ser que el primero que entra, lo utilice”, ha afirmado y ha defendido que la “responsabilidad del Ayuntamiento es que el acceso a la vivienda pública se rija por criterios transparentes sobre quien tiene derecho a estas viviendas”, informa Clara Blanchar

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, exigió el nombramiento de un “consejero de Interior” para abordar el problema del tráfico de drogas que “excede el ámbito metropolitano”.