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Desalojos inmobiliarios al filo de la ley

La crisis y el alto número de viviendas vacías favorecen un negocio que promete deshacerse de 'okupas' en menos de 72 horas

Miembros del equipo de Desokupa tras un desalojo en Barcelona. Vídeo: EPV-Quality

El pastor alemán vigila la puerta de un edificio en Madrid. Lleva un bozal de impacto, revestido de hierro. No muerde, pero un hocicazo puede romperte una costilla. Con él, su dueño, Jaime Sanz, levanta Desokupación Legal, un boyante negocio privado de desalojo exprés. Al otro lado de la puerta del 1ºB vive una pareja con un hijo pequeño que ocupó ilegalmente la casa hace tres meses. No puede pagar, no quiere salir. Como Sanz, un puñado de hombres amasa pequeñas fortunas en España, donde hay más de 260.000 personas ocupando casas ajenas, según el Institut Cerdà.

No son policías, ni jueces y no tienen sentencias de desalojo que les respalden. Son los cobradores del frac versión inmobiliaria: los cobradores del crack. Por un mínimo de 2.000 euros, luchadores, ex agentes penitenciarios, porteros de discoteca, visionarios y hasta paramilitares de Europa del Este ofrecen en tiempo récord lo que la Justicia tarda meses en conseguir: un desahucio.

Hace dos años, Pedro, que no quiere que se publique su verdadero nombre, recibió la llamada de una vecina a la que no veía hace 20 años: “Los que alquilaron tu piso son un poco raros”. Pero Pedro, que lleva más de una década en el extranjero, no había alquilado el piso a nadie desde que murieron sus padres.

Con la llamada descubrió que tres jóvenes falsificaron un contrato de alquiler, cambiaron la cerradura y ocuparon la casa donde creció, en el barrio barcelonés de la Sagrada Familia. “Si alguien me hubiera dicho que necesitaba el piso, habría podido prestárselo, pero no así”.

La empresa Desokupación Legal usa perros adiestrados en sus operativos de desalojo.
La empresa Desokupación Legal usa perros adiestrados en sus operativos de desalojo.

Pedro estuvo a punto de plantarse en la puerta de la casa con un hacha, cuenta exagerando, pero le disuadieron. Algunos policías conocidos le advirtieron que no podían hacer nada. Su abogada le calculó en ocho meses lo que tendría que esperar para solucionar el caso en los juzgados. Hasta que alguien le dijo que había gente que podía resolver por él.

Fue así que un tal Dimitri, de Bosnia Herzegovina, le dio la fórmula por 350 euros más gastos. Plantó a tres colegas en una furgoneta frente al edificio e “invitaron a entrar gentilmente” a los okupas. “Les dieron un paseo y en menos de 24 horas tenía nueva cerradura y el piso vacío”, resume Pedro. “La casa estaba reventada, desvalijada, la habían llenado de sacos de sustrato vegetal para montar una plantación de marihuana, imagino”, recuerda por teléfono a miles de kilómetros de distancia.

Desde Dimitri, el sector se ha profesionalizado y en Internet hay cerca de una decena de empresas que prometen legalidad, rapidez y éxito en el mismo paquete. La crisis, el alza de los precios del alquiler, 65.000 desahucios de media al año, el alto porcentaje de viviendas vacías, la proliferación de mafias que las ocupan y una España en la cola de Europa en construcción de vivienda social dispararon el negocio. “El surgimiento de estas empresas está muy vinculado también a la especulación inmobiliaria en grandes ciudades”, mantiene Irene Escorihuela, del Observatorio DESC-Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “En Barcelona prolifera el desembarque de grandes empresas y fondos de inversión que compran edificios enteros con inquilinos dentro”.

El más mediático y polémico de estos profesionales de la desocupación se llama Daniel Esteve, dueño de Desokkupa, con sede en Barcelona, pero con “operativos” hasta en Canarias. Este exboxeador, ex portero de discoteca y ex cobrador de morosos sostiene que nació para desocupar. “Nadie lo hace como yo. Tengo un don”, se jacta. Su teléfono no para de sonar: una señora de un barrio de Madrid a la que los habitantes de un piso ocupado en su edificio no dejan dormir; la madre preocupada porque la inquilina de su hijo ya se ha saltado un mes de alquiler; o el tipo de Barcelona que alquiló su casa y ha descubierto que la han convertido en una mina de oro en Airbnb…

El don de Esteve falla en cerca del 10% de los casos. Uno de ellos fue el de Marta Domènech, de 47 años, que ocupa hace unos años el chalé donde creció, en Barcelona, después de que un banco desahució a su madre y a su padre cuando éste agonizaba de un cáncer terminal. “Me separé, estaba muy afectada por la muerte de mi padre, no tenía trabajo y me vine a la casa”, explica. El 9 de septiembre de 2016, mientras Domènech estaba fuera, recibió una llamada: “Soy Daniel de Desokkupa, no vuelvas a la casa porque no te dejaremos entrar. Estás vigilada y hemos puesto una alarma”, recuerda que le dijo su interlocutor. “Me puse a temblar de miedo”.

Los hombres de Desokkupa estaban en su puerta, cambiaron la cerradura y facilitaron la entrada a cuatro representantes de las dos inmobiliarias que se reparten la propiedad. Pretendían instalar una alarma, pero llegaron los Mossos y les instaron a irse. La mujer y su hija vieron todo petrificadas desde la calle. “Con esta gente no intentas entrar y mira que yo tengo carácter. Este era un proceso que tenía que resolver un juez", recuerda.

Domènech denunció a la empresa y a los representantes de la inmobiliaria por allanamiento de morada, coacciones y “realización arbitraria del propio derecho” (tomarse la justicia por su mano). “Hoy resisto por dignidad. Aunque me toque la lotería no me voy”, advierte ella, desempleada. Esteve mantiene que ha recibido siete denuncias de las que le han absuelto, aunque aún tiene, por lo menos, otras dos pendientes de juicio –por amenazas, violación de domicilio, coacciones y organización criminal– y la de Domènech en fase de instrucción. Muestra un certificado en el que dice que está libre de antecedentes judiciales, aunque reconoce que su ficha policial no está limpia. Tiene varias anotaciones "por las peleas que de la época en la que era director de seguridad de discotecas", resume.

Esteve arrastra fama desde entonces. Sus desalojos con luchadores, porteros de discoteca y un paramilitar búlgaro de una milicia prorrusa provocaron la resistencia de los colectivos okupas, las plataformas de vivienda y hasta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha declarado la guerra a estas empresas al filo de la ley.

Muchos de los conflictos se resuelven pagando al okupa para que se marche. Pero cuando no hay acuerdo, las empresas aplican un control de acceso en la puerta de la vivienda o del edificio y quien sale ya no entra. El okupa acaba abandonando más pronto o más tarde, sea porque no puede salir a comprar comida o porque su negocio —si se trata de un narcopiso— no sobrevive con dos vigilantes y hasta perros en la puerta. “Solo consigues desocupar sin pagar provocándoles molestias”, explica Jorge Sorbera, un ex funcionario de prisiones dedicado ahora a desmantelar narcopisos.

Dos visiones policiales para la misma escena

No hay consenso sobre la legalidad de estos métodos que sortean el proceso judicial habitual que precede a un desahucio. Es común oír a los desokupadores que cuentan con el apoyo de la policía y que han trabajado hasta para jueces. En la práctica, hay casos en los que los agentes observan, consienten y hasta median en los operativos, pero otros en los que la policía entiende que es ilegal.

Prueba de ello es un operativo montado el martes en un edificio en Madrid. Una familia llamó a la Policía Nacional ante la visita de una de estas empresas. Les ofrecían un contrato de alquiler de 450 euros. Si lo firmaban, no impondrían un control en su portal que les impediría entrar y salir libremente en la vivienda. En menos de media hora un agente medió la negociación e incluso consiguió un descuento de 50 euros. Minutos después, su superior detuvo a los dos representantes de la empresa por coacciones. “Estas actuaciones no están legisladas debidamente y dan lugar a demasiadas interpretaciones de los agentes y de los jueces”, lamentan fuentes policiales.

La ley de seguridad privada, a la que se someten los vigilantes que bloquean las puertas, permite en el papel estos controles de acceso, pero estos pueden acarrear varios delitos. “No voy a decir que sean ilegales, pero son paralegales. Están en el límite”, explica el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo. Delitos como el allanamiento de morada (si el propietario entra en el piso vacío para cambiar su propia cerradura), coacciones (al imponer un control que te impida el paso al lugar donde vives) o el derecho a la inviolabilidad del domicilio (aunque no sea tuyo por contrato) entran en conflicto en cada una de estas operaciones.

“En el mundo ideal lo que yo hago no debería existir. Igual que hay juicios rápidos para otros asuntos podría haberlos para esto”, defiende Sanz. “Si hubiera una respuesta eficiente de la Justicia tendría que reinventar mi negocio. Pero ese mundo ideal”, completa Jorge Sorbera, propietario de Gestokupa “no existe aquí”.

 

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