Querella contra la empresa que se dedica a desalojar viviendas okupadas

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Según ha informado este jueves la plataforma en un comunicado, el Observatorio denuncia las prácticas "irregulares" y "delictivas" que esta empresa incurre en desalojos como el del pasado abril en Can Dimoni en Gràcia, o el intento de desalojo del pasado 26 de agosto en un piso del Raval. La querella del observatorio, sin embargo, se centra únicamente en el desalojo de Can Dimoni del pasado 14 de abril en el número 20 de la calle José Torres, cuando trabajadores de Desokupa desalojaron a un grupo de jóvenes que ocupaban el inmueble desde hacía meses. "Es una forma de visibilizar el resto de acciones de Desokupa en Barcelona", explica Irene Escorihuella, directora del DESC. 

DESC se personará como acusación particular contra la empresa, el gestor de la misma, Daniel Esteve, y la inmobiliaria propietaria que contrató los servicios para desalojarlos, Norvet S.L. Los delitos denunciados por la plataforma son allanamiento de morada, coacciones y amenazas. En la querella también se solicitará que declaren los Mossos d'Esquadra y miembros de la Guardia Urbana presentes en el desalojo de Can Dimoni. La plataforma asegura, en su nota, que los okupas sufrieron durante meses "presiones, amenazas físicas y coacciones" por parte de personas, que según la plataforma, no se identificaron como miembros de Desokupa hasta el día del desalojo.

Desde Desokupa, sin embargo, explican estar "muy tranquilos" con la querella. "Lo que paramos en Gracia fue un intento de agresión de decenas de okupas encapuchados y armados con palos" explica Esteve, gestor del negocio. Esteve explica que el día de los hechos, la empresa propietaria, Norvet S.L. les llamó para contratar un servicio de urgencia de "control de acceso" para evitar una okupación. Según la versión de Esteve, el edifico (que estaba en ruinas) ya había sido desalojado por la promotora y que él y sus empleados se presentaron en la puerta del edifico para evitar otra okupación. 

"Cuando volvieron los okupas nos amenazaron e intentaron agredirnos", dice Esteve, quien dice estar muy bien asesorado por un equipo de abogados. "Conocemos muy bien la ley. Sabemos que nosotros no podemos entrar en la vivienda ocupada. Solo intermediamos el desalojo, que en su mayoría son casos de "mafias de okupas" que piden dinero a cambio de desalojarlos. Tampoco trabajamos con viviendas de alquiler y sobre las que recaigan ordenes judiciales de desahucio", añade.