Secuestradores de casas

Bruno ha pasado el mes de agosto con su familia y unos amigos en una casa con piscina en Castelldefels. La vivienda no era suya. Los propietarios la tenían en venta y contaban con ella para comprar una nueva, pero él la ocupó. Entró por la noche, cambió la cerradura y se hizo fuerte hasta que le pagaron varios miles de euros que exigió para marcharse. Ese mismo día se metió en otra casa fantástica en la que pasó algunos días hasta que logró, de nuevo, extorsionar a sus propietarios para poner rumbo con los cuatro bultos que lleva a cuestas (varios colchones, un barril de cerveza, una bicicleta…) hasta una nueva. Y así, haciendo caja de chalé en chalé, y logrando los privilegios públicos que conlleva tener residencia fija, aunque sea solo a donde llegan las citaciones judiciales, sigue este vecino uruguayo de Castelldefels (Barcelona) y el grupo que le acompaña. Saben que siempre será más rentable para los propietarios pagar lo que piden, que esperar la resolución de un largo y costoso proceso judicial.

En Castelldefels un mismo grupo ha ocupado tres casas este verano

Esa es la base de un negocio que nada tiene que ver con los movimientos sociales o los habitualmente injustos desahucios que suceden también a diario. Sin embargo, se ampara en la misma legislación y utiliza los resortes del derecho a la vivienda para funcionar. La policía, a menos que les pille in fraganti forzando la cerradura, no puede hacer nada con esta banda (uno de ellos con antecedentes) ni con ninguna de las que operan en toda España: se acercan al lugar, certifican que viven ahí y, en ocasiones, incluso recomiendan negociar a los propietarios. De ahí, en parte, el éxito de empresas privadas que intermedian con estos ocupas “con c”, como les definen fuentes policiales. Una práctica que más que a una ocupación, recuerda a un secuestro.

Estas bandas encuentran en los resquicios de la ley y en la lentitud del proceso judicial un filón para la extorsión. El tiempo que un juez tarda en determinar si se trata de un caso de usurpación de vivienda puede llegar a ser el mismo que el del desahucio de una familia que no puede pagar el alquiler o la hipoteca y permanece en la casa por necesidad. Y todavía se alarga más si el proceso va por la vía penal. “Si hay un cambio de cerradura hecho ya no puedes entrar. El acceso a esa vivienda es inviolable”, señala Toni Garriga, abogado experto en derecho inmobiliario del bufete Navarro Advocats. De hecho, si el propietario accediese a su domicilio incurriría en un posible allanamiento de morada, y si cortase los suministros de agua y luz se podría considerar un delito de acoso inmobiliario. Ninguno de los afectados de Castelldefels, que ya recibieron amenazas por parte de los ocupas, ha querido dar su nombre ni hacer declaraciones por miedo a represalias.

Mientras tanto, y después de un verano ajetreado, Bruno tiene ya una tercera vivienda. No se marchará hasta que consiga un trabajo o le devuelvan el pasaporte que la justicia le retiró por agredir a una persona, cuenta por teléfono. Según explican los vecinos, la madre de uno de ellos vive en un apartamento alquilado y les lleva comida a cada nueva casa en la que entran. “Es surrealista. Llevan una vida normal, entran y salen... pero todo en la casa de otro. Y la policía no interviene”, denuncia una vecina que pide no revelar su nombre.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña alertan de un aumento del 15% anual de este tipo de casos

El fenómeno se reproduce en toda España, pero Cataluña se ha convertido en los últimos años en el epicentro de estas prácticas. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Cataluña, Joan Ollé, cree que es una “cuestión altamente preocupante”. “Ha crecido enormemente. Cada año hay alrededor de un 15% más, y siempre en casos que no son por necesidad, sino para extorsionar a los propietarios. Esto ya está protocolizado, tienen sus abogados, saben qué tipo de casas les conviene ocupar, quiénes son los propietarios… Al final el dueño no tiene derechos, se va de vacaciones, se encuentra la casa ocupada y tiene que demostrar que es suya”.

En Girona se produjo el año pasado una oleada de ocupaciones de este tipo. Allí, el colegio de Agentes de la Propiedad de Girona denunció también a una extensa mafia de este tipo. Su presidente distingue claramente entre los tipos de okupas con los que tratan. “Hay una cuestión social, gente que ocupa por necesidad. Y es verdad que en Girona faltaba vivienda social. Pero este tipo de ocupación es mercantilista: era para recibir una indemnización. Venían con auténticos manuales, sabían qué decir a la policía… Se les ofrecía una renta social, pero lo que querían era el dinero”.

La denuncia por extorsión, señala Toni Garriga, tampoco es sinónimo de un rápido desalojo. “Denuncias el chantaje y la extorsión, pero sigues sin recuperar la posesión. Al final todo conduce a que la gente termina pagando”. En esa disyuntiva se encontró Pedro (nombre ficticio) en su promoción de Badalona, donde un grupo de individuos ocupó dos pisos que estaban a la venta esta semana. “Entraron por la noche forzando la cerradura del portal y ocuparon dos áticos. Les pedimos que se fueran y nos amenazaron de muerte”, recuerda. Los Mossos tampoco pudieron hacer nada por ayudarle, explica.

Denuncias el chantaje y la extorsión, pero no  recuperas la casa.  Al final todo conduce a pagar", explica un abogado

Desesperado ante la situación, este promotor contrató a Desokupa, una empresa especializada en negociar con este tipo de bandas y que logró convencerles —previo pago de una suma que el afectado prefiere no revelar— que abandonasen las viviendas. Como en otros casos, la negociación incluso terminó con el propietario alquilando un camión para que los okupas se lleven sus bártulos a otra parte. “Si no hubiéramos actuado así seguirían en la casa. Es triste, pero sabía que solo con la policía no lo resolvería”, insiste.

Desokupa ha recibido muchas críticas en las últimas semanas por parte de diversas asociaciones y ha sido denunciada por el Observatori de Drets Econòmics i Socials por usar métodos supuestamente intimidatorios. Pero la imponente presencia física de los empleados de esta empresa, defiende su director, Daniel Esteve, ayuda a contrarrestar las amenazas que sufren los propietarios y ellos mismos. “Conocemos bien la ley. Sabemos que nosotros no podemos entrar en la vivienda ocupada. Solo intermediamos el desalojo, que en su mayoría son mafias que piden dinero a cambio de desalojarlos. Tampoco trabajamos con viviendas de alquiler o sobre las que recaigan ordenes de desahucio”. Pese a las críticas, los vecinos afectados les defienden a capa y espada. “Se critica su trabajo, pero si no hubiera sido por ellos la convivencia en este edificio se hubiera vuelto insostenible. Lo que habría que preguntarse es por qué la ley no puede actuar con celeridad y haya que recurrir al sector privado para recuperar tu propia casa”, señala una vecina.