El Gobierno tiene que recurrir a la Guardia Civil para cerrar pozos ilegales de Doñana

El acoso que sufrió el viernes en Lucena del Puerto –municipio onubense ubicado en el entorno de Doñana– un guarda fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha generado una oleada de condenas desde el Gobierno central, el Ejecutivo andaluz y organizaciones ecologistas y agrarias. "Hay que condenarlo con toda la energía posible. Somos defensores de la agricultura en el entorno de Doñana, pero de la agricultura legal", ha señalado este miércoles el consejero autonómico de Medio Ambiente, José Fiscal. "Todo el cariño, solidaridad y apoyo con el agente agredido", ha sostenido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a través de Twitter. "Lo ocurrido pone de manifiesto la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental y, entre otras actuaciones, clausurar los pozos ilegales cuanto antes", añade.

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El guarda fluvial realizaba labores de inspección de captaciones de agua ilegales en una finca de Lucena, uno de los puntos más calientes de este problema que se arrastra desde hace décadas en el entorno del espacio natural y que afecta al acuífero que nutre a Doñana. Intentaba comprobar que se había cumplido con una sentencia de mayo de 2017 que obliga al cierre de 77 pozos en una finca pública. Varias decenas de agricultores y vecinos de la zona (organizados a través de un grupo de Whatsapp) persiguieron y retuvieron al guarda, según ha explicado la Confederación. Este funcionario logró llamar al teléfono de emergencias y fue auxiliado por la Guardia Civil. Posteriormente, y aunque no sufrió agresiones físicas, tuvo que ser hospitalizado durante el fin de semana.

Ante esta situación, la Confederación solicitó ayuda el martes a las fuerzas de seguridad para poder cerrar los pozos. Y el delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afirmado que la Guardia Civil "colaborará en la vigilancia y para cerrar los pozos".

Monte público

Durante años las Administraciones han mirado para otro lado y no han puesto coto a los centenares de pozos ilegales que cercan a Doñana. Pero en el caso del incidente del viernes se estaba actuando. Felipe Fuentelsaz, de WWF, explica que el guarda estaba inspeccionando una zona de monte público, sobre el que pesa un expediente de la Confederación desde 2013. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que en mayo de 2017 se dictó una sentencia judicial que obligaba a cerrar los 77 pozos ilegales y que el guarda intentaba comprobar que se había cumplido el fallo cuando llegaron los agricultores y vecinos.

El ministerio asegura que la intención es "reforzar" la vigilancia en la zona para que se cumplan las sentencias. En la zona de Doñana hay dos guardias fluviales, a los que apoyan puntualmente otros seis de Sevilla, según el ministerio.

En 2014, en el mismo término municipal de Lucena, se produjo un hecho similar. Unos 200 agricultores retuvieron durante una hora a tres agentes fluviales, encargados de supervisar y controlar los pozos. "No podemos consentir que los agropiratas conviertan Doñana en su particular far west, roben el agua pública, derriben los pinos y además agredan y acosen a los representantes de la autoridad", ha lamentado a través de un comunicado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, también ha condenado este miércoles el ataque, informa Europa Press.