Colectivos de mujeres denuncian ante la ONU el retroceso en igualdad en España

La Plataforma CEDAW Sombra España, compuesta por 50 colectivos de mujeres, cooperación y derechos humanos, ha presentado un informe ante la ONU que demuestra con cifras y ejemplos el incumplimiento del convenio contra la discriminación de la mujer ratificado por España en 1984 (CEDAW) y denuncia un retroceso en políticas de igualdad en los últimos años. El documento, que han suscrito 267 organizaciones, analiza la situación de 2009 a 2013 y subraya un dato relevante: el recorte del 49% en el presupuesto del Estado destinado a políticas de igualdad y del 23% en la partida para luchar contra la violencia machista. Además, las comunidades autónomas han reducido de media un 32% su gasto en igualdad.

El informe demuestra, en primer lugar, que España no está cumpliendo con la obligación de proteger de forma eficaz a las víctimas de violencia machista. Destaca, por ejemplo, que desde 2011 se han cerrado centros de atención, información o acogida de mujeres en Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía. "Y no solo se han clausurado centros, sino que se ha reducido el personal en muchos de los que permanecen abiertos, con lo que la calidad del servicio se ha deteriorado", explica Montserrat Pineda, una de las coordinadoras del estudio. Además, entre 2005 y 2012 se ha disparado un 158% el número de causas archivadas porque la víctima no puede aportar pruebas, sin que se realice una investigación de oficio para intentar buscar esas pruebas.

Tampoco está cumpliendo con la obligación de implantar programas sobre igualdad en el sistema educativo. Es más, el documento subraya que la nueva ley de educación (LOMCE) no solo no hace ninguna mención a ello, sino que ha eliminado la única asignatura obligatoria que incluía contenidos específicos y mantiene la financiación a los colegios que segregan por sexos. Otro dato destacado es que solo existen plazas públicas o privadas para cubrir a tres de cada 10 niños menores de tres años, lo que repercute directamente en la incorporación de las madres al trabajo.

Especialmente preocupante considera el informe el proyecto de reforma de la ley del aborto, que supondría, si llega a aprobarse, una violación del derecho a la maternidad libre, segura y responsable que recoge el convenio. En este terreno resalta también la retirada de la financiación de ocho anticonceptivos de última generación, que afecta a un millón de mujeres, y que seis comunidades autónomas no financian la píldora poscoital.

El estudio pone en evidencia también la falta de políticas efectivas para reducir la brecha de género en el mercado de trabajo. Las medidas adoptadas para luchar contra el paro durante la crisis se han dirigido sobre todo a sectores con mayoría de hombres, como la construcción, a pesar de que el porcentaje de desempleo es mayor entre las mujeres. La tasa de empleo femenina se mantiene 10 puntos por debajo de la masculina. Otros incumplimientos que se denuncian son la falta de una ley integral contra la trata, el recorte en la cooperación internacional y la escasez de medidas para combatir los estereotipos de género.

El comité de seguimiento de la CEDAW analizará este documento en dos sesiones, una el 14 noviembre y otra en julio de 2015, en las que también examinará el informe oficial del Gobierno. El pasado agosto este organismo condenó a España por no haber protegido a una víctima de violencia machista ni a su hija, a la que el maltratador asesinó en 2003.