Las denuncias medioambientales contra Gibraltar no prosperan en Bruselas

La Comisión Europea no cree que Gibraltar haya violado la legislación comunitaria en materia medioambiental, tal y como había denunciado España, con las actividades de bunkering—el suministro mediante gasolineras flotantes fondeadas permanentemente—, los rellenos para ganarle terreno al mar en un proyecto urbanístico y los lanzamientos de bloques de hormigón para construir arrecifes artificiales. El director general de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, ha contestado por carta al Reino Unido que su departamento “no ha identificado ninguna infracción de la legislación medioambiental de la UE”.

El pronunciamiento de Bruselas responde a las quejas que España presentó el verano pasado ante el Ejecutivo comunitario al considerar que estas prácticas podían contravenir directivas europeas de protección del medio ambiente, en concreto la directiva Hábitats y la directiva sobre la Estrategia Marina. El Gobierno de Gibraltar, que ayer anunció estas conclusiones, tuvo conocimiento de la decisión a través del embajador representante permanente de Reino Unido en Bruselas, Ivan Rogers. A él va dirigida la carta de Falkenberg, a la que tuvo acceso EL PAÍS, en la que se ofrece a “ayudar” a “ambos lados a cooperar entre sí para encontrar formas amistosas de asegurar que los intereses naturales en los lugares protegidos y el territorio marino en disputa se gestionen y protejan de manera coherente y efectiva”.

El Gobierno de Gibraltar se congratuló ayer por el “excelente resultado” que supone esta carta de la Comisión Europea. El Ministerio de Exteriores aseguró que considera que el procedimiento aún no ha terminado y añadió que España va a presentar nuevos datos y que en último extremo se reserva la posibilidad de acudir directamente al Tribunal de Justicia de la UE.

España planteó diversas quejas al Ejecutivo comunitario el verano pasado, durante el conflicto que mantuvo con el Peñón. Denunció el lanzamiento en la bahía de Algeciras de 70 bloques de hormigón por considerar que, además de provocar un grave daño medioambiental, afectaban a la pesca. La Comisión Europea ha determinado que esta acción no contraviene los artículos 1, 2 y 15 de la directiva sobre la Estrategia Marina porque, entre otras cosas, el Reino Unido no estaba obligado a notificárselo a España, como esta argumentó.

España también presentó queja por las actividades de bunkering y el riesgo de vertidos que ocasionan y por los rellenos para ganar terreno al mar y construir el proyecto de urbanización Sovereign Bay, en el este del Peñón. Esta zona está incluida en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho Oriental, área protegida que engloba las aguas que reivindica Gibraltar.