El Tribunal Supremo de EE UU blinda la privacidad de los teléfonos móviles
La Corte establece que la policía necesita una orden judicial para acceder a los datos
En una decisión unánime, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyeron este miércoles que la policía no puede acceder a la información del teléfono móvil de un detenido sin una orden judicial. La sentencia supone un importante respaldo a la privacidad en la era digital, justificada además por la cantidad de información personal que alojan los dispositivos móviles más avanzados.
“No podemos ignorar que esta decisión tendrá un impacto en la capacidad de las autoridades para luchar contra el crimen”, escribe en la sentencia el juez John Roberts. El presidente de la Corte admite que “la privacidad tiene un precio” y que sólo en casos de emergencia -que deberá determinar un tribunal- se podrá acceder a un teléfono sin el permiso de un juez.
“Los teléfonos modernos no son un aparato tecnológico más. Con toda la información que contienen, y toda la información que pueden revelar, contienen también la vida privada de muchos estadounidenses”, asegura Roberts. En su descripción sobre la ubicuidad de los móviles en la vida cotidiana, el juez añade que “un visitante cualquiera de Marte podría concluir que son una parte importante de la anatomía humana”.
La máxima instancia judicial del país estudió esta primavera dos casos que, por primera vez, planteaban dónde está el límite de las competencias de las fuerzas de seguridad y comienza la privacidad de los ciudadanos, en relación con el uso de teléfonos móviles. En el primero de ellos, un hombre fue condenado por su vinculación con un suceso en San Diego a través de una fotografía que la policía encontró en su teléfono. En el segundo, la policía buscó en el teléfono de un sospechoso de tráfico de drogas para dar con el número de un narcotraficante y vincular así con los estupefacientes hallados en la vivienda de éste.
El Supremo ha dado la razón a organizaciones y medios de comunicación que defendieron que los teléfonos equivalen a los ordenadores, capaces de alojar importantes cantidades de datos privados
La Administración Obama argumentó en ambas instancias que los teléfonos móviles no deberían disfrutar de una protección más amplia que la que recae sobre otras pertenencias del sospechoso en el momento de ser detenido. El Tribunal Supremo ha dado sin embargo la razón a organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación que defendieron que los teléfonos equivalen ya a los ordenadores, capaces de alojar importantes cantidades de datos privados.
"Este dictamen cierra un vacío legal al que se enfrentan los periodistas que emplean teléfonos móviles para recabar información", afirmó en un comunicado el coordinador del Centro para la Protección de los Periodistas, Geoffrey King. "Hoy el supremo ha reconocido que para que los ciudadanos se pueden beneficiar de la tecnología, debemos limitar la capacidad de los gobiernos para explotarla para sus propios fines".
La sentencia recoge el desafío que supone en este momento limitar a efectos legales, por ejemplo, la consideración de un móvil como si solo fuera un teléfono. “También los podríamos llamar cámaras, reproductores de vídeo, agendas, calendarios, grabadoras, bibliotecas, diarios, televisiones, mapas o periódicos”, dice Roberts.
A pesar de la decisión unánime, el juez Samuel Alito, del ala conservadora del Tribunal, redactó su propia opinión adjunta a la sentencia. En ella alega que un asunto tan sensible como la protección de la privacidad debería ser resuelto por el poder legislativo y no por los jueces. Los legisladores, asegura “están en un mejor lugar para estudiar y responder a los cambios que ya han ocurrido y aquellos que llegarán en un futuro”.
Según datos del Centro Pew de Investigación, el 91 por ciento de los estadounidenses tienen un teléfono móvil y más de la mitad de estos son smartphones con conexión a Internet. La sentencia del Supremo llega además un año después de las primeras revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional. Sus informaciones sobre el sistema de almacenamiento de datos de llamadas telefónicas personales disparó entonces la preocupación por la capacidad del Gobierno para vigilar a sus ciudadanos.
