Mato endurecerá la ley ante las agresiones al personal sanitario

Las agresiones al personal sanitario en sus puestos de trabajo serán consideradas por ley atentado a una autoridad pública en toda España. Tal es la intención del Ministerio de Sanidad, que encabeza Ana Mato. El departamento tiene previsto presentar a las autonomías el próximo 11 de junio un documento para promover una ley que establezca que los empleados públicos que trabajan en centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud sean considerados autoridad. Sanidad ya tiene redactado el acuerdo, a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS, que será aprobado en el pleno del próximo Consejo Interterritorial, el máximo órgano de coordinación sanitaria.

La consideración de las agresiones a médicos, enfermeros y otro personal de hospitales y centros de salud como atentado a una autoridad pública ha sido una de las demandas más repetidas por los colectivos sanitarios en los últimos años. Esta normativa supone reforzar la autoridad del profesional, la “consideración y respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones” y la “prerrogativa de la presunción de veracidad de los hechos” que constaten, señala el acuerdo. Muchas fiscalías provinciales han ido firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones a su personal sanitario como delito de atentado contra la autoridad. Incluso dos comunidades autónomas, Aragón y Castilla y León, han aprobado leyes que así lo prevén. Ahora esta consideración se amplía y se unifica.

El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) ha recogido en los últimos cuatro años 1.714 casos de lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias o vejaciones. En 2013, se contabilizaron 354 casos, un 15% menos que el año anterior. El observatorio se puso en marcha en 2009 tras la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, residente de 34 años que fue asesinada por un paciente en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Sus responsables reclaman la misma protección para todos los médicos. Muchas agresiones se consideran actualmente delitos en el sector público, pero se quedan en falta si el profesional trabaja en un centro privado. “La ley es una magnífica noticia, pero debería cubrir también al profesional que trabaja en el ámbito privado”, señala Serafín Romero, secretario general de la OMC.

El Consejo General de Enfermería también dispone de un observatorio que recoge los casos de agresiones. Uno de cada tres enfermeros españoles dijo haber sufrido una agresión física o verbal en los últimos 12 meses, según una encuesta publicada en abril. De ese 33%, un 3,7% había sido agredido físicamente, lo que supone un total de 2.928 ataques en el último año registrado, 2013. En todo el Sistema Nacional de Salud, los profesionales agredidos en 2012 fueron 6.240, según un informe que Sanidad llevará al Consejo Interterritorial. Dos de cada 10 son agresiones físicas.

La Fiscalía Superior andaluza recomendó en 2007 que estas agresiones pudieran considerarse un delito de atentado. En 2009, solo tres condenas los consideraron así; en 2012 ya fueron 21. El Observatorio de la OMC ha analizado 109 sentencias por agresiones a médicos. De ellas, 39 fueron calificadas como delitos, de las que 33 se consideraron atentados.