La cúpula de Afal ocultó a sus socios que contrataba con sus empresas

La cúpula directiva de la Fundación Afal Futuro y de Afal Contigo —la primera especializada en tutelar a personas con alzhéimer y la segunda en apoyar a estos enfermos y sus familias— ocultó a sus 3.700 socios que estaba contratando servicios por importantes cantidades a empresas propiedad de los miembros de la dirección o vinculadas a sus familiares. La presidenta de ambas entidades, Blanca Clavijo, ocultó esas relaciones ante las preguntas directas de varios asociados en diversas asambleas. Clavijo, quien niega anomalías en su gestión, sí reconoció ante miembros de la junta directiva de la fundación, investigada ahora por la fiscalía, que había cometido “irregularidades”, como refleja una conversación del pasado 20 de marzo grabada de forma oculta por uno de los participantes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Así es como se ha hecho, ¿de una forma, un poco, digamos, irregular? Pues sí, os digo que sí. Y si alguien tiene que responder y alguien se tiene que sentar a dar explicaciones a un juez o lo que sea, seré yo”, admitía entonces Clavijo. La presidenta hablaba así en una reunión de la junta, en la que se comentaron las quejas de algunos familiares y extrabajadores hacia su gestión supuestamente irregular y la apropiación indebida del patrimonio de tutelados por parte de la fundación; denuncias depositadas ante la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada comenzó a investigar la Fiscalía de Madrid. La base documental —apuntes contables y escritos judiciales— que analiza ahora el Ministerio Público y a la que ha tenido acceso este diario muestra que Afal Futuro, entidad sin ánimo de lucro, ha multiplicado por 300 su patrimonio en los últimos siete años.

La dirección de Afal, que ha llegado a tener 118 tutelados, ha mantenido en ese tiempo una doble política. Ante los donantes y los socios presentaba una memoria anual tajante sobre su labor altruista: “No existe retribución a miembros de la junta directiva [...] Ningún miembro realiza otra función distinta de las propias del órgano de gobierno”. Mientras, las empresas Geronlaw y T4L, ambas administradas por Clavijo —la primera en exclusividad; en la segunda el director de la fundación, Jaime Conde, es consejero, apoderado y secretario—, facturaban cada mes cantidades elevadas a la asociación y también a los enfermos tutelados por servicios como consultorías inmobiliarias o cursos especializados.

Algunas facturas que ha consultado EL PAÍS muestran, por ejemplo, que T4L facturó a una incapacitada con deterioro cognitivo más de 35.000 euros; otra abonó a esa compañía hasta 111.000 euros en solo 40 días por asesoría inmobiliaria.

En 2010, la cúpula de Afal contrató a la consultora KPMG, cuyo departamento de Grandes Patrimonios encabeza el esposo de Clavijo, Rafael Núñez, para que auditase sus cuentas. Fue un acuerdo cuestionado por varios de los 104 socios que acudieron, al poco de materializarse, a una asamblea de Afal Contigo. Las actas de esa reunión, en la que se registraron duras críticas a la gestión de la dirección, muestran que la presidenta y su equipo se emplearon a fondo para tratar de esquivar esas preguntas incómodas. KPMG había presentado “la mejor oferta”, dijo Clavijo, para una auditoría que, además, insistió, no era obligatoria.

Clavijo: “Si alguien tiene que sentarse
y responder
a un juez, seré yo”

Ante una pregunta concreta de un socio sobre si existía “algún parentesco” entre miembros de la junta directiva y la compañía elegida para controlar sus cuentas, la presidenta contestó que “con el departamento auditor, no”. En ese momento, su esposo, Rafael Núñez, estaba presente en la asamblea. De hecho, minutos antes había intervenido para tratar de acallar algunas críticas hacia el funcionamiento de la entidad. “A esta asamblea se acude a aprobar las cuentas, y si el objeto de la asamblea no interesa a alguno de los presentes, puede marcharse, continuando el resto”, aseveró.

Clavijo también ocultó ese día, y los sucesivos, que tenía intereses particulares en otra de las empresas en las que había decidido invertir —en forma de acciones— los fondos aportados por los donantes y los socios de Afal Contigo: Neuron Biopharma, una compañía de la que es consejera, según consta en el Registro Mercantil. En esa reunión, cuando la presidenta habla de los beneficios de invertir en la firma dedicada a investigar sobre el alzhéimer, otra socia, Arancha Núñez, alaba la operación. “La inversión pone a la entidad en un lugar destacado”, indica. “Es motivo para que todos los socios estén orgullosos”, insiste. Núñez es cuñada de Clavijo.

Estas firmas no son las únicas con relaciones de interés que se han nutrido de los fondos de la Asociación Afal Contigo y de la Fundación Afal Futuro; esta última nació de la primera. Geronlaw, la compañía propiedad de la presidenta, dedicada a servicios de formación sociosanitaria, jurídica y bioética, ha facturado 3.569 euros mensuales a la asociación, cantidad de la que ha salido un sueldo para Clavijo. Algún mes esa cifra llegó a superar los 8.000 euros.

Esa asignación permaneció oculta para la mayoría del patronato hasta hace dos meses. No la conocía, por ejemplo, la tesorera de la asociación, Concepción Casado, que se muestra sorprendida en una reunión de la junta directiva, cuando Clavijo lo deja entrever, aunque con contradicciones. “Como fundación Afal Futuro, yo jamás en la vida he cobrado un solo euro. Es cierto que tengo una cantidad mensual asignada de dos mil y pico euros [la contabilidad interna de Afal indica que son 3.569 euros]”, menciona en la conversación grabada. Respecto a su retribución, Clavijo subraya: “Yo no me he llevado nada a casa, eso lo puedo acreditar. Y si tengo que responder ante el Supremo, pues responderé ante el Supremo. O sea, eso lo puedo asegurar”.

También Conde, el director de la fundación, ha percibido algunos ingresos de Geronlaw: unos 13.500 en 2012, según la contabilidad interna de la firma. Conde niega las supuestas irregularidades y defiende que la suma corresponde a una asesoría jurídica elaborada por él para la Sociedad Española de Geriatría. Y no ve inconveniente ético, pese a que Geronlaw recibe fondos directamente desde los tutelados y él actúa al mismo tiempo como asesor jurídico y director de la fundación tutelar. La contabilidad incluye 56.000 euros en concepto de “sueldos y salarios Geronlaw”.

Clavijo aseguró el pasado jueves a este diario que aportaría su respuesta “institucional” sobre lo ocurrido, aunque finalmente no lo ha hecho. A la entrada de los juzgados de tutelas e incapacidades de Madrid, donde esperaba para una vista por una tutela, insistía en que cumple la ley y en que colaborará con la fiscalía para acallar “las voces interesadas” en dañar a la fundación. Desde la cúpula se incide en que las supuestas irregularidades que están saliendo a la luz son falsas y que se trata de infundios que extrabajadores descontentos y familiares de tutelados disconformes están vertiendo para dañar a la institución.

“Así es como se ha hecho. ¿De forma, un poco, digamos, irregular? Pues sí”

Clavijo es abogada. Cuenta que estuvo años preparando las oposiciones a notarías. Al final, se decantó por otro sector, el de la discapacidad. Cuando a su madre le diagnosticaron alzhéimer, empezó a involucrarse en la Asociación Nacional Afal Contigo, que preside desde hace casi una década. Más tarde, alentada por la experiencia con su progenitora, que está incapacitada y de la que es tutora legal, como ha contado alguna vez en foros, decidió crear la fundación tutelar Afal Futuro, que se ocupa de gestionar el patrimonio de enfermos de alzhéimer —aunque también tutela a otros pacientes— que están solos o cuyas familias no se pueden hacer cargo de ellos o la justicia no lo considera adecuado.

En estos años ha comenzado a participar en el patronato de otras organizaciones —como la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado— y se ha hecho un nombre, labrándose importantes relaciones con personajes clave en el sector, desde las más grandes empresas dedicadas a prestar servicios sociales a los jueces y fiscales especializados.

Clavijo dio hace unas semanas el paso definitivo para completar todos los ángulos de la entidad con la inauguración de una residencia especializada: Villafal. La financiación para la construcción de ese complejo de lujo situado a las afueras de Madrid también se ha visto rodeado de algunas irregularidades. “El hecho de que, durante la ejecución del proyecto, hayamos hecho algunas cosas, vamos a decir irregulares, que podamos entrar en el ámbito de que el fin no justifica los medios, o lo justifica, depende ya de cada uno”, dijo Clavijo a su junta directiva el 20 de marzo. El dinero para Villafal, añadió, “ha llegado por vías que tampoco puedo publicarlas yo si no lo publica quien ha dado el dinero y, ¿de dónde lo han sacado las señoras que han dado el dinero?”. Y menciona el 182 [el modelo para declarar las donaciones y donativos ante la Agencia Tributaria] de 2014.

La entidad tutelar ya ha sido sancionada al menos en una ocasión por irregularidades. Una inspección de la Agencia Tributaria del pasado abril resolvió imponerle una multa de 33.177 euros por evasión de impuestos. Afal Futuro eludió declarar la venta hace dos años y medio de un edificio del centro de Madrid por 2,9 millones a la sociedad San Bernardino 2011 SL. “La venta no fue declarada; por tanto, la ocultación es del 100%”, determina el inspector de Hacienda que firma el expediente. Ante la sanción, que aún es recurrible, Afal Futuro optó por mostrar su conformidad, lo que hizo que la multa se rebajara desde los 44.237 euros iniciales.