El Bio-Bac se distribuía “de espaldas a la Administración”, según la Guardia Civil

La comercialización de Bio-Bac, el producto que se anunciaba como antitumoral y como cura para enfermedades como el sida y la hepatitis, se hacía "de espaldas a la Administración" y su venta se movía en la "clandestinidad", según declaró este lunes durante el juicio el instructor de la operación de la Guardia Civil que terminó con la detención de 23 personas, 13 de ellas médicos, en octubre de 2002. Se la llamó Operación Brujo y supuso también el cese de la distribución del producto. Los agentes que entraron en el chalé de El Escorial desde el que Rafael Chacón --el principal acusado-- distribuía los frascos de Bio-Bac encontraron "25.000 o 30.000" botellitas almacenadas "en palés en las caballerizas".

El agente de la Guardia Civil explicó que, como no tenían capacidad para transportar tal cantidad de material, tomaron muestras y precintaron esas dependencias. Un par de meses después, pacientes y familiares de pacientes asaltaron el chalé y se llevaron parte del producto. La Guardia Civil detuvo a cuatro personas y paralizó el reparto que, unos días después, organizaron cerca de un centro comercial de Alcalá de Henares. Muchos pacientes y sus familiares culparon al Ministerio de Sanidad y a la Guardia Civil de haberles dejado sin el producto que tomaban para sus dolencias. El agente, entonces el teniente encargado de la operación, señaló durante el juicio que cree que existió una "connivencia" entre Chacón y los pacientes para llevar a cabo el "asalto" al chalé. 

El caso del Bio-Bac se está juzgando 12 años después de aquella operación policial. Solo hay cuatro acusados y entre ellos no está ninguno de los médicos que prescribieron el producto. La fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para Rafael Chacón, al que acusa de fabricar y vender sin licencia Bio-Bac. Los otros tres acusados de delitos contra la salud pública y los consumidores --no de estafa-- son Consuelo Serdio, la mujer que llevaba con él la empresa; el biólogo que trabajaba con Chacón, Enrique Martínez, y el entonces responsable de los laboratorios Iven, que pese a tener licencia para fármacos veterinarios produjeron el Bio-Bac para consumo humano, Miguel Echenique.

El instructor explicó que la operación se inició en el mes de abril, después de una denuncia de la Agencia del Medicamento. Durante más de dos meses, el juez autorizó la intervención telefónica de la centralita que se se usaba en el chalé para recibir los pedidos de los clientes. "No sabíamos si allí se fabricaba el producto, pero sí que era el centro de distribución", señaló. También constataron la participación en "la red" de varios médicos. "Entendíamos que estaban ligados a esta red". Uno de los documentos encontrados durante el registro contenía pautas de actuación dictadas por Chacón, según afirmó el agente. Ordenaba "hacer el máximo de trabajos en secreto" y evitar la entrada de personas ajenas al chalé. Afirmaba querer mantenerse "en un segundo plano".

El agente destacó en su declaración el papel "clave" que jugó en la distribución del Bio-Bac el médico Fermín Moriano, que llegó a estar imputado en la causa, pero que falleció en 2011 víctima de un cáncer. "Era el buque insignia de Chacón", señaló. "El que más pacientes tenía y el que más le defendía. Muchísimos pacientes dicen que vienen de parte de Moriano. Era el alma mater desde el punto de vista médico de Chacón Farmacéutica", añadió. El abogado que defiende a Chacón intenta durante el juicio desvincular a la empresa de las actividades de Moriano. Varios pacientes han declarado que el médico les recomendó dejar sus tratamientos. La argumentación de la defensa consiste en asegurar que el producto no se vendía como fármaco, sino como complemento alimenticio, y que ninguno de los empleados de Chacón recomendó nunca abandonar un tratamiento.

Durante su testimonio, el agente leyó partes de los atestados que la Guardia Civil elaboró durante la investigación. En uno de ellos se da cuenta de un informe sobre "la evolución de beneficios que se esperaba conseguir entre 1998 y 2003". En ese último año figuraba una previsión de ganancias de 200 millones de pesetas, según leyó el agente. En otro documento encontrado durante los registros de la finca, aparecen "comisiones" a Moriano, añadió, en envíos de producto a Guatemala. 

El coordinador de la investigación relató que se detectaron dos "vías" de actuación: "Todo lo que no habían conseguido por la vía de derecho, lo hacían por la del hecho", explicó. Es decir, como se les había cerrado la puerta a la autorización legal, el producto se empezó a distribuir de forma clandestina con el objetivo de "ganar dinero". "Todo esto tiene un matiz económico fundamental", aseguró el agente. Según declaró, Chacón llegó a "autoinculparse" cuando fue entrevistado al admitir que él mismo fabricaba la versión inyectable del Bio-Bac. Citó también el testimonio de Martínez, que dijo que cuando alguien llamaba pidiéndola "Chacón se encerraba y salía con el producto terminado".

Respecto a las funciones de los otros procesados en la causa, el biólogo era la "persona de confianza", el "asesor", y Serdio actuaba más como "socia" que como "recepcionista". Acerca del papel del laboratorio, recordó que solo tenía autorización para fabricar fármacos veterinarios. "Todo el mundo sabía lo que estaba fabricando", añadió.  

Durante la quinta sesión del juicio declararon también médicos y farmacéuticos que tuvieron alguna relación con el Bio-Bac.Varios de los médicos reconocieron haber prescrito el producto a algunos de sus pacientes, pero negaron haberles recomendado que dejaran sus otros tratamientos. El Bio-Bac era un complemento alimenticio, aseguraron; no un medicamento. Uno de los facultativos, Fernando Oliver, señaló que lo había recomendado a algunos pacientes suyos después de que un amigo de su hermano, médico a su vez en el hospital Ramón y Cajal (Madrid) y enfermo de un tumor cerebral, le dijera que le iba muy bien. Relató que el Bio-Bac le había dado confianza porque asistió a una charla sobre él en la Universidad Complutense. "Al darse una conferencia en la universidad, pensé que estaba autorizado", contestó a la pregunta de si sabía si el producto se distribuía de manera legal.