250 catedráticos y profesores de universidad ven peligrar sus plazas

Unos 250 profesores titulares y catedráticos de Universidad tienen en el aire sus puestos ganados en 2012 e incluso, según algunas interpretaciones, su condición de funcionarios, si el Tribunal Supremo los anula. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnó ese año los nombramientos de 15 universidades públicas porque estimaba que habían sobrepasado la tasa de reposición, que permite solo sustituir a uno de cada 10 funcionarios, y al menos ocho sentencias han sido ya contrarias a los campus.

“No hay precedentes y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera se contempla que cobremos el paro si dejamos de ser funcionarios”, cuenta Luis Malvárez, catedrático de Derecho Fiscal y Tributario en la Universidad de Huelva. Su plaza fue impugnada en junio de 2012 y la anterior, de profesor titular, se amortizó. “Nuestra situación es de absoluta incertidumbre pues no sabemos qué ocurrirá con las plazas que obtuvimos ni con las que ocupábamos anteriormente”.

Fuentes de Hacienda explican que el ministerio solo controla si las ofertas de empleo público se ajustan a la ley, pero no entran a valorar si, de ejecutarse las sentencias, los docentes perderían su puesto. Consideran que esto está en manos de las universidades. Tampoco resuelve dudas el Ministerio de Educación, pues opina que compete a Hacienda.

Los afectados recuerdan que el límite de contratos existe desde 1997

Los rectores sostienen que pasar de contratado doctor —con contrato indefinido, aunque sin la categoría de funcionario— a profesor titular, o de este a catedrático, es promoción interna y no debería de computar en ese 10% de reposición de plantilla. Porque la Ley de Universidades dice que a los concursos solo podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con la norma. Hacienda opina, en cambio, que el concurso estaba abierto a profesores de otras facultades y el claustro podía haber aumentado.

“Los profesores universitarios somos el único cuerpo de funcionarios para el que no se ha regulado un mecanismo de promoción interna. Sin embargo, a la vez que hemos sufrido todo este proceso, el Gobierno ha ofertado desde 2012 más de 2.000 plazas de promoción interna para otros cuerpos de funcionarios”, prosigue Malvárez. Todos aspiran a que exista un acuerdo extrajudicial que termine con su odisea. También ellos se han personado en el juicio y pagan a sus propios abogados. Son víctimas indirectas. Si su universidad convocaba el concurso ¿cómo no se iban a presentar?

“No hay más efectivos en las facultades y depende de nuestros presupuestos y nuestra autonomía universitaria”, se defiende Francisco López Benet, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Jaume I, que cuenta con 17 de estos casos. Sostiene, además, que el relevo no supone un gran gasto. Los nuevos profesores titulares ganan lo mismo que antes (32.000 euros anuales brutos sin complementos) y los catedráticos 8.000 euros brutos más.

Si pierden hay un limbo legal porque se amortizaron sus puestos anteriores

“Queremos terminar con dos falacias: primero, que la tasa de reposición es algo nuevo; segundo, que hay un tema político detrás”, sostiene Malvárez, que ha escrito un informe sobre la situación en la Universidad de Huelva. Desde 1997 ha existido esta tasa, y lo que ha ido cambiando son los porcentajes. De 1997 a 2002 fue del 25%; de 2003 a 2008, del 100%; en 2009, del 30%; en 2010, del 15% y desde diciembre de 2011 es del 10%. “Si las plazas de profesor titular y catedrático convocadas entre 1997 y 2011 por las universidades españolas se analizaran con los criterios que utiliza el ministerio en la actualidad, nos llevaríamos la sorpresa de que la mayoría de dichas plazas estarían en la misma situación que las que han sido impugnadas, incluidas las de algunos profesores que en la actualidad forman parte del Gobierno”, explica Malvárez. La medida, además, afecta tanto a docentes de comunidades regidas por el PP (Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Galicia) como a las gobernadas por los socialistas (Andalucía).

La Abogacía del Estado ha planteado las impugnaciones de forma diferente en cada comunidad, así que los recursos en el Supremo van a empezar a fallarse dentro de un año. “Me parece una barbaridad. Y no hablo como política sino como catedrática universitaria. Porque, además, no se puede retrotraer a la situación anterior porque esa plaza ya no existe”, se lamenta Angelina Costa, diputada socialista.

Los docentes se han reunido con el secretario general de Universidades, Federico Morán, que no les dio ninguna solución. Tampoco lo hizo la Conferencia de Rectores (CRUE), aunque pronto se verán con su presidente, Manuel López. Las universidades no tienen una postura común porque no todas convocaron concursos. La impugnación llegó pocas semanas después del plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert por negarse a debatir recortes en la Universidad.

“Se supone que la tasa de reposición juega sobre una plantilla que se ajusta a los mínimos legales, de personal docente e investigador funcionario y laboral”, explica uno de los 19 afectados de la Pablo de Olavide (Sevilla). “En universidades jóvenes como la mía, donde estos porcentajes, dada su juventud, no se han podido llegar a cumplir, la tasa de reposición no debería ser aplicada, puesto que no se ha llegado a la posición”.