300 parlamentarios de todo el mundo piden revisar la prohibición de abortar

Unos 300 parlamentarios de todo el mundo instaron hace unas semanas a los Gobiernos a revisar las leyes que prohíben totalmente el aborto, una prestación sanitaria vetada bajo cualquier supuesto en seis países del mundo; la mayoría en América Latina. Diputados y senadores de 179 Estados —también provenientes de aquellos lugares donde la intervención es totalmente ilegal— firmaron en Estocolmo una declaración auspiciada por el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo (UNFPA) en la que reclaman también que se eliminen las barreras que impiden a las mujeres acceder a interrupciones del embarazo seguras. Además, en el texto piden que en los países en los que esta práctica sea legal los Gobiernos deben asegurar la disponibilidad de servicios de calidad.

La declaración de Estocolmo —que se enmarca dentro del programa de acción para lograr los objetivos en derechos reproductivos fijados en la Conferencia de El Cairo (firmada en 1994)— es, con esas referencias a las leyes restrictivas de aborto, una de las más vigorosas que se ha realizado. Otras, como la acordada hace dos años en Estambul, se refirieron únicamente al aborto seguro. La acordada hace dos semanas reclama también a los 179 Estados firmantes de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo que deroguen las leyes que castigan a las mujeres por haber abortado cuando hacerlo no sea legal.

En algunos lugares, como El Salvador —donde es un delito incluso si es para salvar la vida de la embarazada—, aquellas que se han sometido a una interrupción del embarazo pueden terminar en prisión. De hecho, en ese país centroamericano 17 mujeres están presas por causas relacionadas con aborto. Algunos parlamentarios se sumaron a la campaña que estos días pide su indulto a la Asamblea Legislativa de El Salvador.

La declaración rubricada en la capital sueca en una reunión organizada también por el Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarrollo (EPF) también reclama a los países que eleven la edad mínima para casarse a los 18 años, una medida, explica la diputada socialista Carmen Montón, destinada a combatir el matrimonio infantil y, muchas veces, forzado; una realidad en algunos lugares. Además de Montón, también los diputados Juan Carlos Grau y Santiago Martínez (ambos del PP) y las parlamentarias Leixuri Arribalaga (PNV) y Lorena Vicioso (ICV-EUIA), apoyaron la declaración.