La ONU ve “inaceptable” la desatención sanitaria a inmigrantes en España

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados --u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país-- son inaceptables”, ha asegurado hoy la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda. Esta experta de la ONU habla de España y del panorama resultante de la reforma sanitaria que en 2012 dejó sin asistencia normalizada a los inmigrantes en situación irregular. "Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, ha declarado en Ginebra. 

Sepúlveda, que fue nombrada relatora especial en mayo de 2008, ya mostró su preocupación acerca de la exclusión sanitaria en España en una carta enviada al Gobierno en noviembre de 2013, que firmaban también otros expertos de la ONU. "Los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”, señalaron entonces. Ahora esta abogada chilena reitera su petición a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

El Consejo de Europa también juzgó ilegal en enero pasado la decisión de restringir el acceso a la atención médica gratuita a los inmigrantes en situación irregular. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluía el informe. Según este organismo, la decisión infringe la legislación europea de derechos humanos. “España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, ha asegurado Sepúlveda en una declaración escrita hecha pública hoy. "El parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”, ha añadido.

El Gobierno respondió a la carta enviada por los expertos de la ONU, pero la relatora especial no está de acuerdo con sus argumentos. El Ministerio de Sanidad argumentó que el real decreto 12/2012 no es discriminatorio, puesto que trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. El departamento que dirige Ana Mato respondió asimismo que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita, algo que la ministra repite una y otra vez prácticamente en cada acto público o intervención en el Congreso. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, asegura Sepúlveda, que además considera que el argumento de la residencia "refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, añade la experta de la ONU. “Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”. “No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, añade. Sepúlveda asegura que ha sido informada de que las autoridades locales y muchos profesionales sanitarios siguen suministrando atención sanitaria. 

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, propuso ayer durante la reunión informal de ministros de Salud de la Unión Europea en Atenas una política europea común sobre la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Según una nota de prensa del ministerio, Farjas propuso reflexionar sobre la posibilidad de "abordar y consensuar, como una política europea, la asistencia sanitaria básica que los estados de la Unión ofrecemos a las personas que no tienen la residencia regularizada”. La secretaria general recordó que los países del sur hacen un gran esfuerzo para tratar a todas las personas y que la inmigración irregular es un fenómeno que afecta a toda la UE. “Por tanto, las soluciones pasan por compromisos políticos compartidos”, señaló.

Según el Ministerio de Sanidad, España "cuenta con la cobertura más completa de la Unión Europea para personas en situación irregular, a quienes se atiende siempre en caso de urgencia hasta el alta médica, en el embarazo, parto y postparto y a los menores de 18 años".