Los rectores exigen a Wert que revoque los recortes contra la equidad

Si la crisis remonta deberían terminar también los ajustes que tienen a las universidades al borde de la asfixia. Los campus españoles escenificarán hoy públicamente esa exigencia al ministro José Ignacio Wert. Le exigen que dé marcha atrás a los recortes que han mermado las plantillas docentes, han hecho tambalearse a la investigación en las universidades, han incrementado exponencialmente los precios de las matrículas y, sobre todo, han supuesto un ataque frontal al modelo equitativo de becas.

La Conferencia de Rectores de España (CRUE) —que representa a 50 campus públicos y 25 privados— considera que si el Gobierno ha decretado el fin de la crisis y el inicio de la recuperación, Educación debería revocar las duras “medidas excepcionales” que llegaron primero con los recortes presupuestarios (unos 1.200 millones desde 2009) y después con los cambios normativos que han favorecido un aumento inédito del precio de las matrículas universitarias y han endurecido los criterios académicos para acceder a una beca. El ministerio no tiene intención de asumir ninguno de esos cambios, según indicaron ayer fuentes de Educación. En primer lugar, defienden el “éxito” del modelo de becas. Además, reiteran a las universidades que solucionen los problemas de financiación atrayendo recursos por sí mismas.

Los rectores decidieron hacer una acción conjunta el pasado 20 de marzo en una junta general, tras el plante que protagonizaron en diciembre de 2012. En esta ocasión consideran “especialmente dolorosas y difícilmente justificables por su mínimo impacto económico” las medidas que afectan a los universitarios con un sistema de becas que no garantizan la equidad y precios públicos que no consideran ni accesibles ni razonables. El número de becados universitarios ha aumentado un 10% este curso, aunque aún no es posible concluir si ha sido por el cambio de requisitos o por el empobrecimiento de las familias. Los becados recibirán una media de 300 euros menos, según las estimaciones facilitadas la semana pasada por el ministerio.

En la Universidad de Lleida, por ejemplo, han notado un descenso aún mayor en las ayudas. Este curso, un 10% de los 2.280 becarios cobrarán, aparte de la matrícula, solo 60 euros para transporte y material. “Este importe es terrible con el contexto económico que vivimos”, valora su vicerrector de Política Universitaria, Francisco García. “Los padres dudan de si enviar o no a su hijo a la universidad porque no saben si contarán con la beca. Y, más aún, si el hijo debe irse a estudiar a 400 kilómetros”, añade. Su campus ha perdido un 6,6% de estudiantes por primera vez en varios años.

Los nuevos requisitos disparan además la devolución retroactiva de las becas. El que no aprueba tiene que devolver la beca del año anterior. “Te reclaman un dinero que el alumno ya se ha gastado, y eso en algunos casos puede ser muy dramático”, considera Para Gemma Fonrodona, vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Barcelona. Calcula que, en su campus, este tipo de devoluciones se multiplicaron por 10 el curso pasado. La vicerrectora explica un caso de un estudiante de Canarias al que le reclamaban “unos 3.000 euros”. “Una beca no es un premio, es para ayudar a estudiar”, destaca.

Los rectores consideran que los efectos del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes que ahora piden derogar se agravaron con los presupuestos aprobados después y “han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades”. Los campus públicos han perdido cerca del 9% de su plantilla desde 2008. En docentes, significa cerca de 6.000 profesores menos, según se desprendía del Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas del pasado agosto, que elabora periódicamente el Ministerio de Hacienda. La Complutense, el campus presencial más grande de España, ha perdido unos 350 docentes desde 2008 (5,3%) y alertaba ya en julio del aumento de la precariedad de su plantilla. Las universidades públicas catalanas señalaban en un estudio reciente que más de la mitad de sus profesores son precarios. Se barajan nóminas de entre 300 euros mensuales de un profesor asociado con jornada parcial hasta los 1.500 a jornada completa.

Hay 15 universidades que tienen la contratación de profesores recurridas por el ministerio por saltarse las limitaciones de la tasa de reposición del 10%. En el caso de la Universidad de Valencia está recurrida una convocatoria de 50 plazas de catedráticos y profesores titulares. “Todos se enfrentan a un largo procedimiento contencioso administrativo que tardará años en ver su final y genera una situación de incertidumbre”, critica su rector, Esteban Morcillo, que resume la petición de todos los campus con una frase: “Los rectores queremos volver a la normalidad y a la capacidad de autogobierno”.

Con información de Juan Manuel Játiva y Ezequel Moltó