Guardería, ludoteca, bebeteca, ‘kinder’

La muy reglada educación española alcanza solo a las etapas obligatorias, de seis años en adelante. De ahí para abajo la atención de los niños, sobre todo hasta los tres años, es tan desigual que se podría hablar de 17 sistemas distintos e incluso de iniciativas ilegales o pseudoempresariales alejadas de cualquier normativa oficial y de la consideración pedagógica de esta etapa. A este desorden en las guarderías o en las escuelas infantiles se suma, además, la crisis, que está incidiendo en las matrículas: si los padres están en paro, el niño bien puede cuidarse en casa, máxime si el precio de las plazas se ha incrementado.

El pasado curso se matricularon en primer ciclo de Educación infantil (de 0 a 3 años) 432.000 niños, un 2,1% menos que el año anterior (casi 10.000 inscritos menos). No solo se explica por la caída de nacimientos (3,9% en 2012), sino por el coste a veces inasumible. De forma que en la pública fueron 12,5 niños por profesor (0,7 menos que el anterior) y en la privada 12,8 niños (0,3 menos). A pesar de perder más que en la privada, aún el 53% de los niños escolarizados a esta edad están en las escuelas infantiles públicas, frente a un 17% en la concertada y un 30% en la privada.

Los centros privados —en general con peores instalaciones que los públicos, pero con horarios más amplios— se han convertido en algunas regiones en un serio competidor de la Administración. En algunos casos porque esta lo favorece: en la Comunidad de Madrid, algunas escuelas concertadas se publicitan ya como “más económicas que las públicas”, ya que descuentan el cheque escolar que se concede a quien elige estos centros. Se benefician de la política de subvenciones a estas guarderías impulsada por el Gobierno regional desde 2002, mientras que renuncian a la plaza en los centros públicos la mitad de los solicitantes, según un estudio de los sindicatos. Y lo hacen por su precio, mínimo de 234 euros al mes por bebé.

Este curso se han entregado 31.000 cheques guardería en Madrid (entre 100 y 160 euros mensuales), una cifra enorme si se compara con las 800 becas que había para transporte. En el País Vasco o Cantabria, por el contrario, los centros públicos tratan de absorber a esta primera franja de edad.

La subida de las matrículas en las guarderías municipales también ha influido en la elección. En Lleida, por ejemplo, los centros municipales han subido su precio un 50%. En Cataluña las plazas ocupadas han bajado un 11% en solo un año (48.600 alumnos frente a los 54.700 del anterior) y en las escuelas privadas desciende un 9% (32.0000 niños). Se ofertan, sin embargo, más plazas porque se permite una mayor ratio de niños por maestro.

En el cóctel cabe de todo. Tiene mucho que ver el empobrecimiento de las familias, el desempleo o que las subvenciones de la Generalitat se hayan quedado a la mitad en dos años, dicen los expertos. La consejera catalana, Irene Rigau, anunció el pasado septiembre que quiere ahorrarse 42 millones anuales en educación infantil. Y que asuman la parte del coste de la Generalitat —de 875 euros por plaza— las diputaciones provinciales. En Andalucía muchos Ayuntamientos esperan que la Junta les autorice la subvención antes de embarcarse a abrir sus escuelas infantiles. Esta subvención la reciben las familias, pero garantiza al Ayuntamiento que las plazas se ocuparán y se pagarán. Estas ayudas públicas cubren el 70% del coste. “Pero no queremos que se abran más por ahora y quedarnos sin niños, porque desde 2008 la natalidad desciende”, recuerda la Junta. En Andalucía hay 100.000 niños escolarizados en 1.500 centros públicos y concertados. “Muchos son pequeñas empresas familiares y esta subvención a los padres ha sido para ellos un alivio”.

La crisis también ha trastocado el mapa. Surgen más guarderías ilegales —un estudio de la Universidad de Vic asegura que existen en 10 de las 17 comunidades— y pseudoempresas como las constituidas por las llamadas madres de día, que se autorregulan a falta de marco legal, al tiempo que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aboga por armonizar los horarios de toda la familia.

La fragilidad económica de los hogares españoles favorece la aparición de estos centros ilegales a los que las Administraciones tratan de poner freno. La Junta de Andalucía ha mandado una carta a los Ayuntamientos para que ninguna ludoteca —concebidas para “actividades culturales y de ocio”— funcione como guardería y para que se denuncien los casos fraudulentos. Se habían recibido muchas denuncias sobre unos lugares sin profesorado con la formación necesaria y sin instalaciones adecuadas.

“Las ludotecas, que en realidad son parques de bolas, escapan de nuestro ámbito. Dependen de Consumo, pero hemos acordado que cualquier sitio que se dedique a la atención del menor, aunque sea transitorio, debe estar muy supervisado”, explica la Administración andaluza, que reconoce la picaresca. “Puede pasar, cualquiera monta un negocio”.

El pasado septiembre, la Comunidad Valenciana informó también de que en el último año había abierto 240 expedientes por denuncias de guarderías sin permiso. En un mercado competitivo, los centros se denuncian entre ellos. Es obligatorio que tengan duchas y vestuarios, un patio exterior con un mínimo de 75 metros o unas dimensiones mínimas de las aulas, y decenas han agotado los cuatro años sin hacer los cambios pedidos. La Generalitat considera que tendrán que convertirse en ludotecas y ellos recuerdan que abrieron con el permiso municipal.

La enseñanza privada juega con la baza de horarios mucho más amplios

Esto es un ejemplo del desbarajuste en la atención a los niños de esta edad, pero no es el único. El mapa también es desigual en el ámbito normativo. El embrollo empezó con la ley educativa en vigor —LOE—, que en 2006 delegó en las comunidades autónomas los requisitos mínimos que debían cumplir los centros, así como el programa para atender y educar a esos niños de cero a tres años. El texto de la actual reforma educativa (LOMCE) no alude a esta primera etapa. Fuentes del ministerio explican que las competencias están delegadas y no hay una directriz común que aúne los proyectos ni pretensión por parte del Gobierno de que exista.

La exministra socialista Mercedes Cabrera se enorgullece de aquel proyecto de la LOE “que cerraba la universalidad de la educación con las edades tempranas”, pero tiene, sin embargo, muchos detractores entre los pedagogos. “El problema es que la ley da tanta libertad a las comunidades, que pueden hacer lo mejor y lo peor”, se queja la psicopedagoga Alicia Alonso. “Y ha habido una gran diferencia de regulación entre las comunidades”. Alonso, que forma a maestros infantiles, alaba, por ejemplo, la experiencia balear: “Se pensó en todo. Hasta en el planteamiento del patio o las zonas de sombra”.

Alfredo Hoyuelos, profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad Pública de Navarra, se queja “del limbo legislativo existente. Hay sitios reconocidos como espacios de ocio estable, atención y cuidado, que no tienen ningún plan pedagógico”, se lamenta. “Yo he contabilizado hasta 22 formas de llamar a las escuelas infantiles: jardín de infancia, bebetecas, casas amigas, madres de día, kindergarten…”, ironiza.

Wert: "El 0-3 no es un ciclo de educación. Es básicamente conciliación"

“No hay coincidencia en nada. Ni en las ratios por clase. En Madrid se necesitan al menos 1,5 metros cuadrados por cada niño, mientras que en Palma son 2,5 metros. ¿Qué pasa? ¿En un sitio los niños son más grandes que en otro?”, se pregunta Hoyuelos, también coordinador de los talleres de Expresión de las escuelas infantiles de Pamplona. “No es una etapa de enseñanza universal obligatoria. Lo que hay que compartir son unos mínimos de espacio y preparación del profesorado”, justifican en la Junta de Andalucía.

Con estos mimbres llegó el Plan Educa3, de 2008, que preveía la creación de 300.000 plazas en tres años para estas edades. “Se decretaron los mínimos del currículo y poco más. El comedor podía usarse para otros usos, los niños podían jugar fuera si no había una vía de circulación...”, se lamenta Alonso, de la Plataforma Estatal por el 0-6. Educa3 tenía una dotación de algo más de 1.000 millones financiados a partes iguales entre los Gobiernos central y autónomos. Pero no precisaba en manos de quién debían estar las escuelas, abriendo la puerta de par en par a la privatización de los centros.

Educa3 prevé que en las escuelas públicas —en las que entraban al inicio solo dos de cada 10 niños que los solicitaban y en las que los padres pagan por nivel de renta— no se mezclen edades, como en las guarderías asistenciales, y que los maestros sean diplomados en Magisterio de Educación Infantil o técnicos de FP en Educación Infantil. Sin embargo, en muchas escuelas concertadas trabajan auxiliares y monitores de aire libre. “Durante 30 años, en Madrid los docentes estaban obligados a habilitarse con unos cursos, pero eso se fue al garete en 2006”, explica Alonso.

En Dinamarca, Alemania, Noruega o Suecia se exige la misma preparación docente para todas las edades de educación infantil. En el norte de Europa sus dirigentes están convencidos de que la mejor inversión social es la que se dirige a la primera infancia, pues garantiza la formación integral y el éxito educativo personal. Según Asunción González del Yerro y Cinta Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, los maestros sin una sólida formación tienden a “implicarse menos en los juegos de los niños, y en estas situaciones los niños se muestran más descontentos, lloran con frecuencia y establecen vínculos de apego más inseguro”.

Además, estas investigadoras consideran que es fundamental que el personal sea estable, algo que no es tan habitual en los centros privados que no tienen profesores funcionarios. “Estos niños terminan experimentando grandes dificultades para adaptarse a la escuela, presentan un vocabulario más limitado, se relacionan peor con sus iguales, tienden a presentar conductas más agresivas, e incluso pueden llegar a establecer con sus madres vínculos de apego inseguros”, subrayan en su informe.

Los expertos creen que es fundamental que el personal sea estable

Pero el debate sobre si las escuelas infantiles son un lugar de formación o de asistencia es recurrente. Asistir a estos centros de educación infantil —se evita el término guardería, pues se supone que hacen algo más que “guardar”— facilita la conciliación familiar y laboral, pero no debería valer todo. Para muchos expertos sigue siendo “un ciclo subsidiario de las necesidades sociales” en un mapa con gran diversidad geográfica, cultural, histórica, legislativa, lingüística y política, amén de distintas pedagogías.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó en el Congreso en 2012: “Creo francamente que el 0-3 no es un ciclo de educación. Es básicamente conciliación (…) El proceso educativo propiamente dicho empieza a los tres años”. Mientras que para muchos pedagogos este proceso empieza con el nacimiento. Sostienen que con uno o dos años se aprende socializando, jugando, eso sí, desde un proyecto pedagógico dirigido y evaluado por técnicos y maestros graduados. Otros expertos subrayan, sin embargo, que una salida del hogar demasiado temprana puede interrumpir vínculos afectivos y dar lugar a problemas de comportamiento.

El objetivo que se marcaron las autoridades educativas en 2008 fue el de escolarizar al 33% de los pequeños de esta franja de edad. Y se ha conseguido. Pero, ¿a qué precio?