El Gobierno de Mazón pone en marcha el proceso para ‘desvalencianizar’ las escuelas

Un total de 570.000 familias están convocadas desde este martes en la Comunidad Valenciana a votar en qué lengua base quieren que estudien 670.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria. La consulta, que condicionará el funcionamiento de unos 1.800 centros educativos, deriva de la ley lingüística aprobada el año pasado por el PP y Vox, y los cambios empezarán a aplicarse el curso que viene. Los votos, que deben realizarse de forma telemática, podrán emitirse hasta el 4 de marzo.

La Generalitat que preside Carlos Mazón ha presentado la votación como la forma “más justa y democrática” para que los progenitores elijan la lengua en la que estudiarán sus hijos e, incluso, como una forma de “promocionar” el valenciano. La oposición política, los principales representantes de las familias y el profesorado de la enseñanza pública, además de instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la Universidad de Valencia, advierten, en cambio, de que, tal y como está diseñada, la norma provocará una disminución del valenciano en las aulas, un aumento de la complejidad organizativa de las escuelas, que podrán tener lenguas base diferentes en los distintos cursos, y supondrá un grave obstáculo para distribuir al alumnado entre las clases en función de criterios pedagógicos, como se hace normalmente.

Convertir la lengua en el único criterio de asignación de los estudiantes puede implicar, por ejemplo, que en la clase de 3º A de un colegio haya 25 alumnos, y en la de 3º B, 17. O que cinco de los seis estudiantes con necesidades de apoyo educativo de un determinado curso se concentren en la misma aula.

Los críticos con la nueva normativa ―entre ellos la Plataforma por la Enseñanza Pública, de la que forman parte los principales sindicatos y federaciones de familias de la escuela pública―, avisan, además, de que compromete la supervivencia de los bancos de libros que han permitido su gratuidad en las escuelas en los últimos años, algo que la Generalitat niega, que incrementará la segregación socioeconómica en el interior de los centros –el alumnado inmigrante tiende a solicitar más castellano, según reflejaban los datos del antiguo sistema vigente en la Comunidad Valenciana―, y puede avivar los conflictos lingüísticos dentro de las escuelas.

El modelo lingüístico actual, aprobado en 2018 por el Consell presidido por el socialista Ximo Puig, provocó inicialmente protestas, especialmente en el sur de Alicante, que tendieron, sin embargo, a remitir por varias razones. De un lado porque, asumiendo los pronunciamientos del Tribunal Supremo para el caso de Cataluña, el sistema establecía que al menos un 25% de las horas lectivas debían impartirse en una de las dos lenguas oficiales en la comunidad, valenciano o castellano, además de, como mínimo, un 15% en inglés.

El máximo, en castellano o valenciano, era del 60%. Y dentro de esos límites, el consejo escolar de cada centro educativo ―en el que están representados el profesorado, las familias, el alumnado y el personal de administración― definía y aprobaba un proyecto lingüístico, aplicado al conjunto del colegio o instituto, por al menos dos tercios de los votos. Ello obligaba a alcanzar consensos relativamente amplios y tendía a reflejar la realidad de cada escuela.

El modelo aprobado por PP y Vox establece un sistema diferente. En las zonas de la comunidad autónoma clasificadas como de predominio lingüístico castellano (en función de un mapa lingüístico elaborado a principios de los años ochenta), el mínimo de horas que habrá de valenciano será un 10%, y el máximo en castellano, un 75%. En la zona valencianohablante, en cambio, el máximo que podrá estudiarse en una de las dos lenguas oficiales durante la mayor parte de la educación obligatoria (entre tercero de primaria y cuarto de la ESO) será del 52,7%, y el mínimo, del 27,5%. Ello, tal y como están ahora configurados los proyectos lingüísticos de los centros, tendrá como consecuencia una reducción de las horas lectivas impartidas en valenciano, ha advertido la Universidad de Valencia en un dictamen elaborado por siete especialistas de distintas disciplinas, que considera la nueva regla “arbitraria” y “carente de fundamentación pedagógica”.

Situación desigual

La regulación hará inviable, además, avisa el análisis de la Universidad de Valencia, cumplir, sobre todo en las zonas castellanohablantes, el mandato (recogido, entre otras leyes, en la Lomloe) de que al acabar la enseñanza básica todo el alumnado haya alcanzado un “dominio pleno” de las lenguas oficiales de su comunidad.

Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, un organismo público de la Generalitat, añade: “Es evidente que el valenciano y el castellano, hoy, no se encuentran en una situación idéntica: mientras que el uso normal del castellano está plenamente garantizado, el valenciano se encuentra en una situación de minorización y son necesarias medidas activas para incentivar su promoción. El Estatuto de Autonomía valenciano, y también la Constitución, establecen que el valenciano ha de ser objeto de respeto y protección”. Pero en lugar de procurarlo, considerar Cantó, la nueva normativa sitúa al valenciano en “situación de inferioridad”.

El consejero de Educación, José Antonio Rovira, del PP, defiende que el procedimiento permitirá a las familias “elegir libremente” la lengua en que estudian sus hijos. Pero en muchos casos, advierte el socialista Miguel Soler, que fue hasta 2023 secretario autonómico de Educación, el resultado no será ese. En las aproximadamente 200 escuelas que solo tienen una línea, el 50,1% de los votantes de cada nivel podrían decidir la lengua en la que estudian todos. Y en un colegio de dos líneas, en el que 1º A y 1º B sumen 50 alumnos, si votaran todos y el 74% lo hiciera por una lengua y el 26% por otra, la normativa prevé que haya dos clases con dos lenguas distintas. Como la ratio máxima por aula es de 25 alumnos, la consecuencia sería que 12 niños cuyas familias habían elegido una lengua, tendrían que estudiar en la otra.

Los estudiantes cuyas familias no hayan votado ―y todo apunta a que serán muchas, dada la complejidad que requiere, incluyendo la inscripción previa a través de una secretaría virtual que ha registrado numerosos fallos― serán asignados a los grupos que decida la dirección del colegio.

Grupos equilibrados académicamente

La maestra Isabel Moreno, presidenta de la asociación valenciana de directores de centros públicos, lamenta que la rigidez de la normativa impedirá que las escuelas distribuyan al alumnado en una clase u otra “basándose en criterios pedagógicos, emocionales o de incompatibilidad afectiva”. Hará más difícil crear grupos equilibrados académicamente, y puede conducir a que los colegios tengan que reunir en la misma clase a todos los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En secundaria, además, convertirá en un quebradero de cabeza la asignación de las optativas a una u otra lengua.

La votación, afirma Núria Cerveró, ingeniera forestal y madre de un niño que estudia en un colegio público de Valencia, está generando, por otro lado, tensión en los centros. “El alumnado está preocupado, porque no sabe si el curso que viene seguirá estando en clase con sus amigos y amigas, ni si tendrán los mismos tutores. Y las familias ven peligrar su opción lingüística porque no depende solo de lo que elijan ellas, sino también del resto. Se están creando problemas donde no los había”, dice Cerveró.

El nuevo modelo también amenaza la sostenibilidad de los bancos de libros gratuitos que ahora tienen los centros, señala Vicent Marzà, de Compromís. En un centro podrá haber lenguas base diferentes en los distintos niveles (castellano en 3º, valenciano en 4º…), que al promocionar de curso deben mantener el idioma. La única forma coherente de que el banco de libros siguiera existiendo en tales condiciones sería que hubiera dos, uno por idioma, en el mismo colegio. Ello requeriría un gasto potente, que contrasta con la política de reducción de las inversiones que ha caracterizado a la Consejería de Educación en los dos últimos años en materias como el profesorado y las infraestructuras. “En la práctica”, dice Marzà, “lo que pasará será que los libros estarán en lenguas diferentes a las que, en teoría, son las clases, lo cual tampoco tiene ninguna fundamentación pedagógica”.