La Acadèmia Valenciana rechaza de plano la ley educativa del PP y Vox que “favorece al castellano” y destierra la normalización

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es el ente normativo de la lengua autóctona, según estipula el Estatut d’Autonomia de la Comunidad Valenciana. Su pronunciamiento sobre la proposición de ley llamada de libertad educativa que están tramitando el PP y Vox en las Cortes valencianas es diáfano: favorece al castellano en vez de promover el valenciano, cuya recuperación y protección “es una obligación legal que implica necesariamente realizar acciones positives a su favor”. Mientras el “concepto de normalización lingüística está ausente” en el texto, “la exención de cursar la asignatura de valenciano aparece mencionada en 17 ocasiones”, según recogen las observaciones aprobada en el pleno de la Acadèmia del pasado 26 de abril, y publicadas en su web. La conclusión de la institución es que la norma que afecta al uso del idioma en la ahonda en la castellanización y no defiende el valenciano, lengua minorizada y minoritaria en relación con el español, en situación de dominio en los registros lingüísticos y sociales.

“La proposición de ley no es que se limite a equiparar las dos lenguas, sino que va en la dirección contraria a la normalización de la lengua propia de la Comunidad Valenciana: en vez de promover el valenciano, favorece al castellano”, especialmente en las zonas castellanohablantes, en las que “los alumnos se ven impedidos de acceder a un conocimiento suficiente del valenciano”. La proposición de ley “omite toda referencia al especial respeto y protección que merece el valenciano” y, de esta manera, “ignora el mandato” que figura en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, añade.

La Acadèmia expresa una “gran preocupación” ante la proposición de ley de libertad educativa en cuya redacción el ente autonómico no ha sido consultado al tramitarse por una vía de urgencia que desactiva la necesidad de contar con una informe. el organismo. El ente recuerda que sí fue consultado para la aprobación del decreto que regulaba el plurilingüismo no universitario durante “la etapa de la consejera María José Catalá” en Educación, actual alcaldesa de Valencia, del PP.

La consejería de Educación, Universidades y Empleo ha respondido que el documento de observaciones elaborado por la Acadèmia “no es preceptivo” e incide en que la forma de tramitación de la norma “no difiere en nada” con la seguida para la aprobación de la Ley 4/2018 -también Proposición de Ley, en este caso del Botànic, anterior gobierno de izquierdas-, “sin que en aquel momento se emitiese ningún tipo de documento ni de observaciones ni informe alguno por parte” del ente normativo”, apuntan fuentes citadas por Europa Press. La ley referida, que será derogada por la norma del PP y Vox, da mayor presencia al valenciano en la educación.

La institución normativa del valenciano “discrepa” de la futura norma y solicita “un esfuerzo a los responsables políticos y a todos los actores del ámbito educativo para propiciar un espacio de reflexión y de diálogo, como también piden otras instituciones, que ayude a hacer posible la plena normalización del valenciano en la escuela”. Con este objetivo, ofrece su colaboración “en beneficio del valenciano, la lengua propia de la Comunitat Valenciana, nuestra señal de identidad más importante y uno de los cimientos de nuestro autogobierno”.

La presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, considera que la institución, “las leyes educativas, como otras que afectan al bienestar social, deberían ser consensuadas”. “Creo que se debe escuchar mucho más y atender a la diversidad y la pluralidad, que es lo que hace la AVL, por ejemplo, en su diccionario. Cuando uno tiene una responsabilidad institucional, lo más importante es escuchar. Nos gustaría que la ley fuera más consensuada, que intervinieran todos los actores que participan en el sistema educativo y que tienen cosas que decir, que se moviera por criterios pedagógicos y que se mirara por el bien de las dos lenguas oficiales”, señala en una entrevista en Europa Press.

Además, la institución cree que el título de la propia ley es “equívoco”, ya que habla de la regulación de la libertad educativa, cuando el objeto de la norma es realmente regular la libertad de elección de lengua. “Una cosa es el derecho a la libertad educativa, y otra, muy diferente, la libertad de elección de lengua en la educación”, recalca. La libertad de educación está reconocida en la Constitución en un artículo que “no cita el derecho de elección de lengua de enseñanza por parte de los padres”, expone la Acadèmia, que, de hecho, alude a la jurisprudencia del TC que avala que sea la Administración quién regule el sistema de lenguas vehiculares en la enseñanza.

En este sentido más, la AVL avisa de que esa libertad de elección de lengua no está garantizada y “solo hay que consultar el apartado referente a Distribución de unidades en función del porcentaje de familias que hayan optado por cada lengua cooficial como lengua base para darse cuenta”. “Si partimos de la hipótesis de un colegio con una sola unidad en la cual el 49,9% de los padres eligen el valenciano en la hora de matricularse en Educación Infantil, los alumnos solo recibirían el 25% de la enseñanza en valenciano (incluida la asignatura de valenciano). El mismo caso les pasaría si hubiera dos unidades y los padres que piden valenciano fueran el 24,9%. Y así sucesivamente. La situación en la cual se quedan estos padres es de total indefensión”, pone como ejemplo.

La Acadèmia abunda en “la inseguridad” para las familias, que “no podrán saber a priori si en el centro que han elegido garantizará la enseñanza en valenciano, puesto que no existe ningún tipo de planificación lingüística y todo se deja al azar de los porcentajes que se logren en el proceso de matrícula”. “Todas estas incertidumbres -señalan- pueden desmotivar las familias a escoger el valenciano como lengua base y contribuyen negativamente a la percepción social del valor de la lengua propia”.