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El Tribunal Supremo de Filipinas avala los anticonceptivos gratuitos

El fallo supone una derrota de la Iglesia católica, que batalla contra la ley de salud reproductiva

Partidarias de la ley de salud reproductiva festejan el fallo este martes.
Partidarias de la ley de salud reproductiva festejan el fallo este martes. AFP

Repartir gratuitamente la píldora o condones y obligar a los colegios a impartir educación sexual no viola la Constitución de Filipinas, según el fallo anunciado este martes por el Tribunal Supremo de este país católico de Asia. La decisión, adoptada por unanimidad por un tribunal sometido a fortísimas presiones y que es recurrible en 15 días, es capital en la batalla que libran desde hace 15 años los partidarios de la ley de salud reproductiva y la poderosa Iglesia católica. La ONU había criticado la lentitud con la que ha avanzado esta norma que sus partidarios defienden como instrumento de lucha contra la pobreza y el acelerado aumento de población. Filipinas permite la comercialización de anticonceptivos pero se venden a precios prohibitivos para buena parte de la población.

“Esta decisión monumental mantiene la separación Iglesia y Estado y afirma la supremacía del Gobierno en cuestiones seculares”, ha declarado a Efe Edcel Lagman, uno de los promotores de esta ley que 14 organizaciones afines a la Iglesia recurrieron ante el tribunal. Los jueces dejaron en suspenso la aplicación de la norma, aprobada por las Cámaras y ratificada por el presidente Benigno Aquino III en diciembre de 2012, durante el casi año y medio que han durado las deliberaciones. Aquino fue amenazado con la excomunión.

“La ley de salud reproductiva no es inconstitucional”, ha declarado un portavoz del Tribunal Supremo a una jubilosa multitud en la ciudad de Baguio, que acoge el tribunal. Los jueces avalan así la norma que garantiza el acceso gratuito a los anticonceptivos en uno de los países asiáticos donde más rápidamente aumenta la población, con más de tres hijos por mujer; en poco más de dos décadas la población ha aumentado más de un 50%, hasta los 99 millones actuales. La legislación también requiere que los trabajadores de los servicios de salud reciban formación en planificación familiar y garantiza la atención sanitaria a las mujeres que sufran secuelas de un aborto ilegal.

“Aunque incompleta, es de todos modos una victoria histórica. Mientras al Estado se le requiera que aplique los programas de salud reproductiva hemos ganado”, ha declarado a Reuters el principal autor de la ley, el izquierdista Kaka Bag-ao.

La jerarquía católica ha lamentado la decisión y ha reiterado que “la Iglesia continuará defendiendo la sacralidad de la vida humana”, ha dicho la Conferencia Episcopal en una nota que añade: “Animamos a los fieles católicos a mantener el respeto y la estima por el Tribunal Supremo”.

La controvertida ley, que las autoridades eclesiásticas frenaron durante tres lustros en despachos y en las Cámaras legislativas, considera el aborto ilegal y punible, algo contemplado incluso en la Constitución de este país en el que el 80% de la población es católica.

No obstante, el Supremo ha declarado inconstitucionales varios apartados de la oficialmente denominada Ley de Paternidad Responsable, Salud Reproductiva, Población y Desarrollo incluido el que preveía sanciones para los trabajadores sanitarios que se nieguen a difundir información sobre la norma o los programas que contempla.

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