La ley dará más poder a los juzgados de violencia contra la mujer

La ley contra de violencia de género ha cumplido casi una década, y pese a que es una de las normas pioneras y ejemplo en la Unión Europea, no ha conseguido atajar la estadística sangrante de mujeres asesinadas por los criminales machistas. El descenso de las denuncias por estos delitos —un 3% menos en un año— y de las órdenes de protección ha llevado al Gobierno a plantear la revisión de la norma. El incremento de víctimas mortales en las últimas semanas —21 en lo que va de año— también ha avivado el debate. La ministra de Sanidad, Ana Mato, pedirá esta semana a las comisiones especializadas del Congreso y Senado, y también a las organizaciones sociales, que evalúen la ley y envíen sus propuestas para detectar dónde está el margen de mejora. Ayer, Mato se reunió con sus homólogos de Interior, Jorge Fernández Díaz y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para intensificar la respuesta a estas agresiones.

Los juzgados violencia de género juzgarán el ciberacoso cuando este sea contra la pareja o expareja

En plena escalada de asesinatos machistas —tres víctimas mortales en los últimos días—, los tres ministerios acordaron ayer una serie de medidas policiales y jurídicas. Una de ellas es que a partir de ahora serán los juzgados especializados en violencia contra la mujer los que procesarán a los agresores que rompan una orden de protección; muchos de ellos eran juzgados hasta el momento en los tribunales genéricos de lo penal. La medida, que ya recogía una proposición no de ley del PSOE destinada a reforzar la protección de los hijos y las víctimas, que fue rechazada por el PP en octubre de 2013, ha sido también ha sido largamente reclamada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recuerda su expresidenta, Inmaculada Montalbán. Esta modificación del sistema actual está pensada para que sea el personal especializado el que analice estos casos. Los juzgados de violencia contra la mujer —hay un centenar de exclusivos en toda España y 350 más compatibles— son no solo más expertos sino también más duros: aglutinan un 25% de absoluciones por quebrantamientos de medidas frente al 50% de los de lo penal.

A esta ampliación de competencias se suma otra. Estos juzgados especializados pasarán a llevar a además de los delitos de lesiones, homicidio o integridad moral, aquellos relacionados con el honor, la intimidad o la propia imagen, siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor. Hasta ahora, todos estos casos correspondían a los juzgados de instrucción. Tras la reforma, el ciberacoso —incluido en la reforma del Código Penal— y otros delitos como injurias o revelación de secretos pasarán, si se utilizan como una forma de violencia contra la mujer, a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados especializados.

A pesar de que cada año desciende el número de denuncias por violencia de género, unas 130.000 acuden a la administración anualmente para dar la voz de alarma. Ahora se mejorará el protocolo con el que la policía valora el riesgo que sufren de volver a sufrir una agresión machista. El protocolo, que consta de una entrevista y un cuestionario de 25 preguntas, establece cinco escalones: riesgo extremo, algo, medio, bajo o no apreciado. Una escala que les otorga más o menos medidas de protección, que pueden ir desde escolta policial a una llamada telefónica periódica de la policía. Los tres ministerios acordaron ayer que el estatus de las mujeres en el escalón de “riesgo no apreciado” —unas 46.000— se revistará con mayor frecuencia: tres meses en lugar de cuatro.

Todas las comisarías tendrán personal con formación específica

Además, se actualizará el cuestionario con el que la policía realiza la entrevista de valoración del riesgo para incluir datos como la situación laboral y económica de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad, o tener menores a su cargo. Nuevas preguntas que tienen como objetivo cubrir todas las rendijas, detectar mejor aquellos casos que necesitan mayor protección y que todos tengan un seguimiento habitual. El ministro de Interior se comprometió también a colocar personal especializados todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil. Se trata de estar preparado para cuando la mujer llegue a denunciar, tratar con ella para rellenar el cuestionario e informarla de los recursos disponibles.

En el paquete de medidas jurídicas se incluye otra: si hay hijos, aunque la mujer no las haya solicitado los jueces tendrán la obligación de pronunciarse de oficio sobre la necesidad o no de otorgar medidas civiles. Medidas que pueden ir desde una orden de protección hasta la retirada de la custodia o las visitas a los menores. En 2013 los jueces retiraron las visitas a un 3% de los maltratadores.

El ministro Gallardón se comprometió a revisar las leyes para evitar que las mujeres tengan que declara tantas veces y ante distintos estamentos por los casos de violencia de género. Esto evitaría que las mujeres revivan la situación y también que se produzca lo que los expertos llaman victimización secundaria.

Medidas de respuesta que se podrán ampliar cuando Sanidad reciba los análisis de la Comisión Mixta de Igualdad y del Observatorio de Violencia de Género. La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos, miembro del observatorio, incide en que antes de la reunión de ayer, Mato debería haber escuchado a las organizaciones especializadas. “No se trata de ir dando puntadas, sino de hacer un análisis exhaustivo de la ley y la situación y con las conclusiones apuntalar medidas concretas”, dice. Esta experta alerta, por ejemplo, de la reducción de las órdenes de protección e insiste en que el análisis debe ir también encaminado a desentramar las razones d ese descenso.