El Supremo, dividido acerca de si las empresas pueden negar anticonceptivos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró este martes una clara división durante su estudio del caso sobre si las empresas pueden negarse a proporcionar a sus empleadas seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos, tal y como exige la ley, alegando que este mandato les obliga a actuar en contra de sus creencias religiosas.

Una mayoría de los jueces pareció coincidir con los demandantes en que las empresas tendrían derecho a emplear la religión -a través de sus empleados- como justificación, aunque no aclararon si el marco legal actual les permite negar el acceso a anticonceptivos a sus trabajadoras. La legislación sí reconoce esta excepción a organizaciones religiosas y no gubernamentales, pero no a empresas privadas.

El juez Anthony Kennedy cuestionó que las dos familias demandantes estén siendo perjudicadas por este mandato, ya que la legislación ofrece varias alternativas, desde aumentar el sueldo de sus empleadas para que puedan costearse ellas mismas el precio de los anticonceptivos, hasta negarse a proporcionarles un seguro y pagar la multa a cambio.

Kennedy, el magistrado que puede tener en sus manos el voto decisivo, planteó además si al proteger los derechos religiosos de los empresarios se estarían limitando los de sus empleadas. “En este caso se estaría dando permiso a un empresario a poner a sus empleadas en desventaja. Si ellas no comparten la religión de los dueños, ¿quedan por encima entonces los derechos religiosos?”

Si ellas no comparten la religión de los dueños, ¿quedan por encima entonces los derechos religiosos?”

La juez Ruth Ginsburg, por su parte, pidió al defensor de los demandantes, el abogado Paul Clement, que explicara dónde queda el límite legal si se reconoce el derecho de las empresas a negar ciertos anticonceptivos en base a creencias religiosas. “El argumento sería el mismo si los dueños quisieran negarse a cubrir todos los anticonceptivos, ¿verdad?”, preguntó.

Ginsburg presionó además poniendo en duda por qué deben añadir los jueces una excepción “de conciencia” para este tipo de empresas cuando ya se había opuesto el Congreso a la hora de votar la reforma en 2010. Tanto el Congreso como los jueces han reconocido anteriormente numerosas excepciones en la aplicación de las leyes, incluida la reforma sanitaria de Obama, para reconocer los intereses de las agrupaciones religiosas. Este martes, los jueces más conservadores preguntaron también por qué la Casa Blanca no puede “acomodar” una vez más a empresas como las demandantes para que no se vean empujadas a incumplir la ley ni sus creencias.

Una de las compañías demandantes, Hobby Lobby, alega que si no proporcionan esos seguros a sus empleadas se enfrentarán a una multa de 26 millones de dólares al año. La empresa asegura que no se opone a las pólizas médicas que abarcan determinados tratamientos anticonceptivos, preservativos o diafragmas, pero que si se incluyen, tal y como exige la ley, algunos que ellos consideran abortivos, les convertiría en cómplices y violarían sus creencias.

Los jueces más conservadores preguntaron también por qué la Casa Blanca no puede “acomodar” una vez más a empresas como las demandantes

El abogado del Gobierno, Donald Verrilli, aseguró que tales “acomodaciones” ya se han hecho y que los denunciantes están pidiendo que se extiendan los derechos religiosos de los empresarios a las compañías en sí, equiparándolas con una persona. La división que ha causado esta pregunta en instancias judiciales inferiores llevó a la Administración Obama a pedir al Supremo que se pronunciase al respecto.

La juez Sonia Sotomayor fue la primera en mostrar sus dudas, cuestionando cómo deberían regularse entonces las posibles negativas de otras empresas. Junto con las otras dos magistradas, Sotomayor planteó si, de la misma manera que los demandantes consideran que algunos tratamientos son “abortivos”, a pesar de que el Gobierno no los haya definido así, cualquier empresario puede censurar un seguro médico que cubra el coste de una transfusión, una vacuna o cualquier otro tratamiento objetado por una religión en concreto.

“Un grupo religioso podría pedir que se le eximiera de cumplir una ley, otro pediría otra excepción, y al final no habría un sistema unificado. Todos los objetores religiosos se saldrían del entramado legal”, afirmó la juez Elena Kagan. Clement respondió en nombre de los demandantes que todos esos supuestos deberían ser estudiados por separado y que, en cualquier caso, “no va a ocurrir en el mundo real” ni lo plantearían “grandes corporaciones ni multinacionales”.

Se espera que la sentencia llegue el próximo mes de junio, pocos meses antes de unas elecciones legislativas en las que ya se anticipa que los derechos reproductivos de las mujeres cobrarán protagonismo. La decisión de los jueces se producirá apenas dos años después de que respaldar los principales apartados de la reforma sanitaria de Obama, centro de las disputas entre demócratas y conservadores desde entonces.