Las universidades quieren retrasar la reforma de acceso a los campus

La reforma educativa de la Ley Wert da casi total libertad a las universidades para que elijan a sus alumnos. La norma elimina la Selectividad y esta es sustituida por una reválida al final del Bachillerato —que si no se aprueba no da el título ni permite el acceso a la carrera—, pero además, permite a las facultades que establezcan las pruebas y los mecanismos de acceso que quieran para cada una de sus titulaciones. El borrador de decreto que la desarrolla, que se discutirá este lunes en la Conferencia General de Política Universitaria, dice que estas pruebas serán de carácter “excepcional”, pero no dice qué se entiende por excepcional. Así que de facto deja manga ancha. Paradójicamente (o no), la mayoría de las universidades no quiere esa libertad. “Lo que puede parecer un beneficio añade muchísima subjetividad y no garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso”, resume Ángela Barrios, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Los campus se están pensando cómo articular este modelo “desregulado”, en sus propias palabras, que se aplicará a partir del curso de 2017-2018 para el grueso de alumnos, con el objetivo de evitar que una multiplicación de pruebas perjudique a los estudiantes con menos recursos, que no puedan costearse un peregrinaje por facultades presentándose a los distintos exámenes. Pero ese nuevo sistema empieza ya, el próximo curso, para los alumnos que entran en la universidad desde la FP y los que proceden de sistemas extranjeros. Y de nuevo otra paradoja: los campus van a usar la libertad que les da la Ley Wert para no aplicar, de momento, la Ley Wert.

“Añade muchísima subjetividad y no garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso”

Los vicerrectores de estudiantes han llegado a un acuerdo para reclamar al Gobierno que retrase la aplicación de la reforma hasta 2017 para estos alumnos. “No nos parece bien que rijan modelos distintos para estudiantes que van a optar a las mismas plazas. Lo más justo es mantenerlo todo como está los próximos tres años”, asegura Luis Rodríguez, vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo y coordinador del grupo. Los representantes de las universidades reunidos en RUNAE (la comisión de la Conferencia de Rectores encargada de los asuntos estudiantiles) han elaborado un documento de alegaciones al borrador de decreto de acceso a la universidad que han trasladado ya al Ministerio de Educación, en el que le piden un período transitorio durante el que no entre en vigor la reforma. Y si el departamento del ministro Wert no atiende a su petición, que llevan al Consejo de Universidades del próximo jueves, lo harán por su cuenta: “Aprobaremos una normativa para que todo quede igual que hasta ahora”, avanza Rodríguez.

En el sistema vigente hasta ahora, los alumnos procedentes de la FP Superior tienen acceso directo a todas las enseñanzas universitarias de Grado. Su nota de admisión se obtiene haciendo la media entre los módulos del ciclo formativo (con un máximo de 10) y, si quieren mejorarla, pueden presentarse a la parte específica de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU o, como se la conoce, Selectividad), para llegar hasta 14. Con la Ley Wert, además de la nota media que traigan de la FP, las universidades pueden valorar otros aspectos, como si tienen otra formación profesional u otros estudios superiores, además de someterles a “evaluaciones específicas de conocimientos y competencias”, dice el borrador de decreto. Las facultades tienen que idear una fórmula para que puedan completar su nota hasta 14, o quedarán en inferioridad de condiciones respecto a los que llegan desde Bachillerato. Y no lo ven factible. “No da tiempo a organizarlo todo, es inasumible que entre en vigor este curso”, zanja el vicerrector de Oviedo. El pacto alcanzado por los campus contempla que se les permita seguir presentándose a la parte específica de la Selectividad, al menos hasta que el modelo cambie para todos. Un 12% de los estudiantes que acceden a la Universidad lo hace desde la FP (apenas un 1% desde los sistemas extranjeros), frente al 73% que lo hace a través de la PAU.

El acuerdo alcanzado por los vicerrectores contempla que los alumnos de FP y extranjeros puedan seguir presentándose a la parte específica de la Selectividad

El problema, sin embargo, no acaba en la aplicación de la reforma este curso. La mayoría de las universidades no aprueba la filosofía del cambio en el acceso a las facultades. “Nos da una autonomía mal entendida”, opina la vicerrectora de la Autónoma. El borrador de decreto dice que las universidades “podrán coordinarse y acordar la realización conjunta de parte o de todos los procesos de admisión”. Pero lo deja en manos de su voluntarismo. “Aspirábamos a que el decreto nos obligara a coordinarnos. No es que no nos fiemos de nosotros, es que con que una universidad rompa la baraja… Se nos traslada una responsabilidad de coordinación que tenía que haber asumido la norma”, lamenta Luis Rodríguez.

La intención mayoritaria es, de nuevo, utilizar esa autonomía para ponerse límites. Los campus quieren fijar que la futura reválida de Bachillerato sea la prueba de referencia, y que las facultades elijan a los alumnos dando mayor valor a sus resultados en materias concretas de esa prueba. Pero que no haya más exámenes. “La multiplicación de pruebas rompería la equidad”, se queja Encina González, vicerrectora de estudiantes de la Complutense. El consenso en este punto es más complicado, porque alguna facultad ha deslizado su simpatía a las evaluaciones específicas, y las universidades catalanas ya han acordado, por su parte, mantener una prueba única. El acceso a la universidad a partir de 2017 dependerá, por tanto, del modo en que los campus sean capaces de ponerse de acuerdo. “La forma de garantizar los derechos de los estudiantes es que logremos coordinarnos”, concluye el portavoz de los vicerrectores.