Las clínicas dicen que el anteproyecto de ley del aborto es insalvable

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) cree que el anteproyecto de ley del aborto es insalvable. Coma por coma. Esta organización, a la que el Ministerio de Justicia ha pedido un informe de consulta (entre otras), solicita directamente la retirada de la norma. En su análisis de la reforma, enviado esta semana al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, aseguran que la ley vulnera los derechos de las mujeres y que “desconfía” de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden, ya que exige que dos médicos —que no trabajen en el centro donde se hará la intervención— certifiquen que la salud de la mujer corre grave riesgo si quiere acogerse a ese supuesto para abortar. Apuntan que la contradicción de esta medida es tal que si el aborto se hiciera en un hospital, la mujer no podría contar con los especialistas de ese centro.

Acai sostiene que el diseño de la ley impone tantas barreras administrativas —visita a dos médicos, trabajadores sociales, siete días de espera...— que hace el acceso casi inabordable. Algo que, indican, contraviene el Convenio Europeo para la protección de los derechos fundamentales. Las clínicas —que realizan el 93% de los abortos con conciertos con la sanidad pública— ponen como ejemplo de esta infracción la exposición que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos sentencias, en las que condenó a Polonia e Irlanda por dificultar el acceso a esta intervención. “Una vez que el Estado, actuando dentro de sus límites de apreciación, adopta disposiciones leales permitiendo el aborto en algunas situaciones no debe estructurar su marco jurídico de tal forma que limite las posibilidades reales de obtener un aborto”, dice una de esas sentencias.

A pesar de que la norma prevé un nuevo artículo para la protección de los datos de las mujeres, Acai apunta también que con los numerosos pasos que la ley prevé hasta llegar a la intervención, la paciente habrá dejado su información íntima en multitud de documentos, registros y habrá tenido que contar su caso a varios profesionales. Un ataque contra su intimidad, valora Acai, que afectará en mayor medida las mujeres de poblaciones pequeñas y a aquellas que soliciten el aborto por violación. “Eso sí, tendrán la tranquilidad de que en la historia clínica, finalmente, solo figurará un código”, ironizan. Acai señala, por ejemplo, que una joven violada a la que sus padres nieguen el asentimiento a interrumpir su embarazo tendrá que pasar por 31 personas antes de lograr acceder a la intervención médica.

En su documento de análisis las clínicas llaman la atención, además, sobre la “desprotección” que sufrirían los médicos con la nueva ley. Los profesionales “quedarán al albur de la revisión e interpretación que de sus actuaciones profesionales realicen los juzgados y tribunales de justicia”, dicen.

El anteproyecto de ley del aborto, que elimina el plazo de aborto libre y dispone que esta intervención se permitirá solo en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer, dispone que la embarazada tendrá que recibir información sobre las opciones disponibles si decide seguir adelante con la maternidad; tras lo que tendrá que esperar siete días de reflexión. Un tiempo que Acai considera absolutamente excesivo. La ley, que describe la “situación de angustia” en la que se encuentra la mujer que adopta la decisión de interrumpir su embarazo, la obliga después a alargar esa situación de angustia, dicen.

Las clínicas definen la medida como “interesante” aunque consideran que la fórmula –y el periodo de asesoramiento que conlleva—puede derivar en presiones para la mujer. Consideran también que para que la medida no genere “discriminación o arbitrariedad en las políticas sociales” esta información tendría que ser de recepción obligatoria por toda mujer que se queda embarazada o para quien (madre o padre) se plantea adoptar un hijo.

Críticas de Amnistía Internacional

La voz crítica sobre la reforma de los centros especializados se une a la de numerosas sociedades científicas y médicas –la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Psiquiatría…--. Ayer, Amnistía Internacional también solicitó la retirada del anteproyecto de ley que, consideran, vulnera los derechos de mujeres y niñas. Afirman que la reforma “podría causar un aumento de aquellas que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida”. “En caso de ser aprobado, este anteproyecto de ley retrotraería el país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas,” dijo Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.

Esta organización ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que exponen también que el anteproyecto de ley obliga a las mujeres que ha sufrido una violación a denunciar; aunque no quieran para quedar cubiertas por el supuesto que permite el aborto tras una agresión sexual. “Esto sería particularmente problemático para algunas mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, que en caso de presentar una denuncia por violación podrían, en ciertos casos, quedar expuestas a que se les abra un procedimiento de expulsión si hacen la denuncia”, dicen.