Los médicos piden a Gallardón que incluya el supuesto de malformación

La escasa consulta previa a los profesionales sanitarios está pasando factura al anteproyecto de ley del aborto. La nueva norma impulsada por el Ministerio de Justicia no deja de cosechar críticas entre las sociedades médicas y científicas. Las últimas, las de la Comisión Central de Deontología y Derecho Médico de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha redactado un informe en el que censura la supresión del supuesto de aborto por malformación fetal. En él piden además que solo sea necesario el dictamen de un médico para probar que existe riesgo para la salud de la mujer. Los dos que prevé la nueva ley son “innecesarios”, dicen. Estos reproches se suman al varapalo de los facultativos de familia, los psiquiatras, los ginecólogos o los expertos en diagnóstico prenatal, que han criticado duramente la reforma. También han censurado que el Gobierno no pidiese opinión a quienes rodean esta prestación, antes de redactar la norma.

El texto de la Comisión Deontológica, enviado a los presidentes de los 52 colegios de médicos, se debatirá mañana en Asamblea. Si se aprueba será uno de los mimbres que la OMC usará, apuntan fuentes de la organización, para elaborar el informe sobre el anteproyecto que les ha encargado Justicia; al igual que a otras entidades, como paso previo a la tramitación parlamentaria. Los expertos en deontología aprueban la despenalización del aborto solo en algunos casos. Modelo que sigue la nueva norma, que elimina el plazo de aborto libre durante las primeras semanas de gestación y que permitirá la interrupción del embarazo solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer. “Es adecuado que el aborto no sea considerado un derecho absoluto de la mujer”, dice el texto.

Esta comisión, sin embargo, propone al Gobierno mantener el supuesto de aborto por malformaciones graves o incompatibles con la vida, en contra de la apuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El anteproyecto supedita este supuesto a que el problema fetal sea incompatible con la vida y suponga riesgo psicológico a la mujer. “Es más adecuado reconocer el supuesto de graves anomalías fetales, independientemente de la afectación de la salud psíquica de la gestante”, reclaman los médicos.

El texto apunta también que la objeción de conciencia debería circunscribirse solo a los sanitarios que participen “de manera directa” en la intervención y no a todos. Además, incide en que la información y las medidas para la prevención de embarazos no deseados que incluye el anteproyecto “es demasiado escueta para su importancia”.

Una visión, esta última, similar a la de los médicos de familia. “La auténtica protección del no nacido y de la mujer que decide llevar adelante un embarazo debe basarse en políticas efectivas de salud sexual y fomento real de la maternidad”, dice el análisis de las tres sociedades que los agrupan: Semergen, Semfyc y Semg. El informe se ha hecho desde el punto de vista de los profesionales, explica Salvador Tranche, vicepresidente de Semfyc. “La ley coloca a los médicos en una situación de conflicto ético por el hecho de enjuiciar a la mujer”, dice sobre la exigencia para abortar de informes médicos. Para los facultativos de Primaria, la nueva norma, como las leyes de supuestos, tiene “un espíritu paternalista en la relación clínica, lo que se refleja en la necesidad de supervisar una decisión autónoma de la mujer y en la obligación de avalarla”.