Cientos de titulados en Derecho esperan un examen para poder ejercer

Cientos de titulados en Derecho están mano sobre mano esperando un examen que debe convocar el Ministerio de Justicia y que les permitiría colegiarse y ejercer de abogados. Una norma aprobada en 2006 impone que los actuales titulados de grado debían además cursar un máster en abogacía y una prueba específica. Esta prueba y la formación también se les exige a los antiguos licenciados en Derecho que no llevaran colegiados un año antes del 31 de octubre pasado.

Pero la prueba que ha de convocar Justicia no para de posponerse — se habla ahora de junio— y los que acaban de terminar el máster están viendo pasar las semanas sin una solución. “En el despacho donde he hecho prácticas quieren que me quede, pero por política de empresa no contratan a nadie que no sea abogado”, cuenta Diego, que estudió un máster de la Universidad Carlos III de Madrid. Él y otros 70 compañeros acaban de constituir la asociación Abogados sin toga para exigir que se convoque el examen. Los afectados en toda España son cientos: 300 graduados por el Plan Bolonia que han hecho el máster (un curso más cuatro o cinco meses de prácticas), y licenciados en Derecho del plan antiguo que no se colegiaron.

Fuentes de Justicia recalcan la “complejidad” del real decreto de las pruebas y explican que “el objetivo es que se celebren antes de julio”. Educación redactó un informe que revisó Justicia antes de elaborar su decreto que está en manos del Consejo de Estado. Terminan la carrera de Derecho unos 10.000 estudiantes cada año, lo que da idea de la preocupación. La Ley de acceso a la abogacía se aprobó en 2006 con intención de aplicarla siete años después. Ls socialistas se olvidaron de la norma durante años y con prisas, en 2011, sacaron el decreto. La prueba consistiría en una parte teórica y un caso práctico, pero los populares han decidido que la prueba sea un test y ello está retrasando el proceso. “Nosotros estábamos en contra de quitar la parte práctica. Desvirtúa el sentido de la prueba”, opina Victoria Ortega, secretaria general del Consejo de la Abogacía. “No se trata de acreditar la teoría, sino las habilidades prácticas”.

Apenas hay ofertas para letrados y mal pagadas —el 73% de los licenciados tiene trabajo según la EPA—, pero podían ejercer como autónomos. “Yo, que soy asturiana, pensaba irme a mi tierra y llevar casos de repartos de tierras, recurrir multas…”, explica Alba Cosmen. “No podemos trabajar ni preparar el examen, porque cambiarán los contenidos”, se lamentan.

En paralelo, miles de licenciados que se dedican a otros campos se han colegiado un año para asegurarse el no tener que hacer el posgrado y las pruebas. En menos de cuatro años han pasado de ser 168.000 a 215.000 colegiados. Uno de cada tres nuevos afiliados en 2012 no era ejerciente. Y se dieron casos como el colegio de Lucena (Córdoba), que pasó de 183 inscritos a 6.000 gracias a su precio (277 euros el primer año frente a los 1.400 de Valladolid).

Forman parte de Abogados sin toga dos graduados en la cincuentena. “Soy empresario y no necesito ejercer, pero me parece inconcebible que te puedan impedir trabajar por algo así”, opina José Manuel Andrade, de la Universidad Autónoma de Madrid. A su lado José Antonio García, de la de Alcalá de Henares: “Soy administrador de fincas y hoy puedo asesorar en temas jurídicos a mis clientes, pero luego les tengo que derivar a un despacho porque no puedo ejercer. No debía haber examen. ¿Qué mejor criba que los ciudadanos? Si no sirves no te contratan”.

Juan Zornoza, director del máster de abogacía de la Carlos III, reconoce dos puntos de vista contrarios sobre la prueba, pero no conflicto de intereses entre las universidades y las escuelas de práctica jurídica. “Los colegios quieren que las pruebas sean muy exigentes, y los decanos, menos complicadas. Piensan que si ya has aprobado un grado, un máster y cuatro o cinco meses de prácticas has adquirido suficientes competencias para garantizar la defensa de un acusado”, dice Zornoza. Durante 90 años, los colegios reclamaron esta ley. “Yo les digo a muchos abogados: ‘¿A ti te pidieron esa preparación cuando empezaste?”.

Zornoza alerta de que todas las universidades se han adaptado a Bolonia y “va a haber una gran presión de plazas de máster, y no habrá suficientes si se necesitan unas prácticas profesionales de meses”. Ortega, de la Abogacía, le resta importancia: “Cada vez hay más másteres y habrá plazas. Lo importante es que eche a andar”. Aunque el director del máster cree que bajará el número de estudiantes en grado (cuatro años). “Derecho se ha convertido en una carrera que escoge mucha gente que no sabe que estudiar y tienen que saber que con el grado no haces nada”, sostiene Zornoza.

Otro problema es que las becas del ministerio solo se otorgan a másteres que habilitan profesionalmente —como para ser profesor de secundaria—, pero se están denegando a muchos de Abogacía porque lo que habilita son las pruebas no convocadas. Y no ayuda el precio de los másteres. Va desde los 3.500 euros de la Autónoma de Madrid a los 6.750 euros de la Carlos III. “Hay universidades que han optado por que el máster sea una continuación del grado y lo imparten los mismos profesores”, explica Zornoza. “Y nosotros tenemos una mayoría de abogados. Es una cuestión estratégica. Creemos que, como en EE UU, con el mejor posgrado atraeremos a los alumnos antes para grado y contaremos con los mejores despachos”. Desde otra óptica, García, harto de esperar el test que no llega, sentencia: “Son caros porque hay muchos implicados. En Alcalá tienen que ganar el colegio y la universidad”.