Canarias y la Comunidad Valenciana: estrepitoso suspenso en dependencia

Cada año, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales examina a las autonomías por el grado de implantación y desarrollo del sistema de dependencia. En el dictamen que la entidad ha hecho público este viernes tres de ellas no llegan a una nota de 3 sobre 10: Baleares, Canarias y Valencia, a las que habría que añadir las ciudades de Ceuta y Melilla.

La situación es especialmente sombría en Canarias (0,8) y la Comunidad Valenciana (0,4), dos autonomías donde en los últimos días se han hecho evidentes las consecuencias que tiene un pobre desarrollo de la ley.

En Canarias la falta de recursos está en relación con la situación de bloqueo de camas en hospitales que denunció la semana pasada el presidente de la Comunidad, Paulino Rivero: al no haber suficientes plazas de residencias o atención a domicilio, no se puede dar el alta a pacientes que no necesitan los cuidados que se prestan en un hospital de agudos. En la Comunidad Valenciana, se suceden las protestas en la calle por la aplicación del copago, la gota que ha colmado un vaso a rebosar de problemas (retrasos en el pago, lista de espera elevada) que han caracterizado el desarrollo de la norma desde el principio, en el año 2007. Hasta el punto de que este viernes, el Ayuntamiento de Valencia (controlado por el PP) ha pedido al Gobierno autónomo (también en manos del PP) que revise la aplicación del copago. 

La nota media de todas las autonomías no alcanza el aprobado (4,7), un resultado que pese a ser malo incluso se podría considerar alto. Los expertos en servicios sociales ven “sorprendente” que en un contexto de “limitación de los derechos y de recorte inmisericorde del gasto en dependencia” derivado de las sucesivas reformas que ha sufrido la ley aún sea posible atender “en mayor o menor medida” a 754.000 personas.

El mérito de esta cobertura obedece a los esfuerzos de buena parte de las comunidades autónomas: “si aún se presta atención a las personas dependientes es, en buena medida, gracias a la resistencia que han mostrado ante los embates sufridos por la ley”, sostiene el informe. Ello sin olvidar a las entidades locales, que “colaboran decididamente en la prestación de servicios de proximidad”.

Baleares con una nota de 2,9 y Asturias y Aragón con 3,8; son otras de las regiones más retrasadas. En el extremo opuesto, está Castilla y León con un espectacular sobresaliente (9,6) y el País Vasco con un notable alto (8,3). El resto se mueve entre el 5 y el 6.

El Observatorio, que viene calificando la evolución de la protección de los dependientes desde 2008, recoge los esfuerzos realizados por algunas regiones en mejorar la aplicación de la norma. Entre ellos destaca el caso de Murcia, que ha pasado de un 3,3 el año pasado a un 5 este año, algo similar a lo que ha sucedido con Navarra, de un 3,8 a otro 5. También Madrid ha mejorado, aunque no llega al aprobado, al pasar de un 2,9 a un 4,2.