El coste de la privatización fallida

Además de alegría desbordada en muchos hospitales madrileños, el anuncio del presidente regional, Ignacio González, de renunciar a su plan de privatización de la gestión sanitaria ha provocado una tormenta con consecuencias administrativas, judiciales y económicas que aún están por determinar. Una de las primeras preguntas que ha generado es si esta rectificación va a costar dinero al contribuyente, y cuánto. De momento, ni el presidente ni su equipo quieren aclarar si las empresas, a las que se habían adjudicado definitivamente los hospitales, van a reclamar indemnización. Según distintos expertos, la Ley de Contratos les ampara para hacerlo. Pueden reclamar daños y perjuicios.

En contra de lo que González dio a entender ayer, cuando le preguntaron por la posición en la que quedan las concesionarias y contestó que la sentencia —en realidad, el auto judicial que confirmó el lunes la suspensión cautelar del plan privatizador— “obliga a todos y por lo tanto hay que aplicarla”, ningún tribunal le ha obligado a dar marcha atrás a su proyecto sanitario. La decisión es unilateral, y política, coinciden los expertos, pero no se trata estrictamente de un incumplimiento de contrato. Y eso es precisamente lo que va a evitar que el Gobierno regional, es decir, los ciudadanos con sus impuestos, tengan que indemnizar con 281 millones de euros a las empresas.

El plan del Gobierno regional suponía un negocio considerable para las concesionarias. La gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inhábil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovechó para acelerar el proceso. Por aquel entonces, los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional siguió adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dictó la suspensión cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

“De haber formalizado los contratos, las concesionarias podrían ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administración la que ha decidido ponerle fin”, explica José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organización que ha liderado la marea blanca de protesta contra la privatización. Debido a lo abultado del contrato, ese 6% equivale a 281 millones de euros. “Ahora la Comunidad de Madrid tiene que justificar, en la comunicación que haga a las empresas, por qué ha cambiado el interés general y ha decidido no formalizar el contrato”, señala. “La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios, pero no especifica en qué consisten. Tienen que ser daños que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnización por lucro cesante”, añade.

Las concesionarias Sanitas y Ribera Salud rechazaron ayer confirmar si van a reclamar daños y perjuicios. “Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión”, señaló Ribera Salud. Este diario intentó, sin éxito, contactar con la compañía puertorriqueña Hima San Pablo, adjudicataria de tres hospitales madrileños.

Los expertos consultados señalan que las empresas podrían reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso público: estudios, proyectos, personal, presentaciones... Además, consideran que tienen derecho a solicitar que la Administración les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralización. Las concesionarias aportaron como garantía casi 28 millones de euros.

Una cantidad no exenta de polémica, puesto que en realidad debería haber sido prácticamente diez veces superior. Una de las irregularidades que Afem denunció al TSJM fue la modificación que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Publicó en el Boletín Oficial, como corrección de errores, un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluyó la palabra “anual” en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. El TSJM considera que ese cambio “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Es una de las razones por las que suspendió cautelarmente el plan.

“En este caso hablamos de compensación de un daño, que es distinto de una indemnización por ganancia dejada de obtener. Las empresas han gastado un dinero confiando en la buena fe procedimental de la Comunidad de Madrid”, explica Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. “Eso sí, tienen que pedirlo. Es posible que ya haya negociaciones en marcha y que no lleguen a juicio”, añade.

José Manuel Freire, médico y portavoz de Sanidad de los socialistas en Madrid, ya ha presentado en el Parlamento regional dos preguntas al respecto: ¿cómo se va a articular en términos legales y administrativos la decisión de González? y ¿qué coste va a tener para los ciudadanos?