El Tribunal de Derechos Humanos condena a Irlanda por abusos sexuales

El Estado irlandés no ofreció la obligada protección a los menores que fueron víctimas de abusos sexuales en colegios religiosos durante la década de los setenta, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia que vuelve a subrayar la connivencia entre la Iglesia Católica y las autoridades del país en aquel escándalo. El tribunal con sede en Estrasburgo condenó ayer por ello a Irlanda a pagar una multa de 30.000 euros, una cantidad discreta pero de enorme valor simbólico para los afectados.

El veredicto del tribunal supone una victoria para el empeño personal de la irlandesa Louise O’Keeffe, quien solo tenía 6 años cuando en 1973 fue objeto de repetidas agresiones sexuales por parte del director de la escuela católica en la que estudiaba. Aquel centro, al igual que el grueso de las escuelas religiosas de la República, estaba financiado con fondos estatales. El tribunal de Estrasburgo constata que, a pesar de ser consciente de los abusos cometidos por varios religiosos, el Estado continuó sufragando la educación primaria en el sistema escolar nacional sin promover ningún cambio ni implementar controles efectivos de protección del alumnado. En definitiva, sin mover un dedo y “eludiendo su obligación de proteger a esos niños”, según recoge la sentencia.

"La protección de los niños contra los malos tratos constituye una obligación inherente al Estado"

Ese Estado deberá pagar ahora a O’Keeffe una compensación económica, y abonar también la cuantía de los costes legales de su demanda (85.000 euros). La mujer ya había recurrido antes a los tribunales de su propio país, a lo largo de un recorrido legal que desembocó en una sentencia del Supremo irlandés de 2006 en la que condenaba a su agresor a pagarle una indemnización por daños de 305.104 euros. Por ahora, solo ha recibido 30.000 euros. Pero su verdadero objetivo, la imputación del Estado porque las agresiones se produjeron en una escuela de su red, fue desestimado en apelación dos años más tarde. Por eso presentó su causa en Estrasburgo.

“No debe haber ninguna madre ni padre que envíe a sus niños al colegio con el temor, mientras están en casa o en el trabajo, de que estos no estén protegidos”, declaró O’Keeffe a una radio irlandesa tras conocer el fallo favorable, avalado por 11 de los 17 jueces.

La sentencia supone un nuevo golpe para la reputación de la Iglesia católica de Irlanda, muy maltrecha tras la divulgación en los últimos años de los pormenores sobre abusos sexuales a menores perpetrados por un sector del clero.

En 2009, el Gobierno irlandés admitió que las propias autoridades facilitaron el encubrimiento de esos casos, tras una investigación de la que se desprendía, además, que la Iglesia antepuso la defensa de su reputación frente a la protección de niños vulnerables que estaban a su cuidado.

Medio año antes, el llamado Informe Ryan ya se había traducido en la difusión de un catálogo de sistemáticas tropelías, de agresiones físicas y verbales cometidas por sacerdotes, monjas y personal seglar a lo largo de más de varias décadas y que tuvo su escenario en instituciones estatales gestionadas por el clero.