La estrategia que triunfó en Valencia

Con el frenazo en seco del Gobierno de Madrid en su proyecto de transferir a la gestión privada seis hospitales de la red asistencial, la Comunidad Valenciana seguirá siendo la autonomía que más lejos ha llevado el propósito de entregar porciones de la sanidad pública al sector empresarial. Lo ha conseguido con el impulso sostenido de sucesivos Gobiernos del PP y levantando una oposición incomparablemente inferior a la que ha conseguido tumbar los planes del Ejecutivo de Ignacio González. O la que se produjo en Castilla-La Mancha meses antes de que su presidenta autonómica, Dolores de Cospedal, optara por retirar una iniciativa similar que afectaba a cuatro hospitales.

Hay varios motivos que explican que desde que en 1999 comenzara a experimentarse con la gestión privada, en la Comunidad Valenciana no haya habido una movilización de la intensidad que ha tenido en Madrid.

Por un lado, en la Comunidad Valenciana, la estrategia privatizadora ha estado presidida por la progresividad. En enero de 1999 abrió las puertas el hospital de la Ribera en Alzira. En principio, se limitó la experiencia a un solo centro sanitario y a la actividad hospitalaria exclusivamente.

Tras unos primeros años de rodaje, a la firma encargada de la gestión (una unión de empresas con participación mayoritaria de Adeslas y Ribera Salud) no le salieron las cuentas. En 2003, en vista de que no funcionaba el modelo en su diseño inicial, se rescató y se modificó con unas condiciones más atractivas para la adjudicataria, de forma que se sacó a concurso no solo el hospital sino también todo el departamento de Salud al que sirve de centro de referencia. Es decir, además de la actividad hospitalaria, se extendió la gestión privada a toda la atención primaria, lo que supuso ceder el control de la atención sanitaria integral de los 260.000 habitantes de la comarca de La Ribera.

Bajo esta fórmula, se exportó el modelo a otros departamentos sanitarios. Primero fue Torrevieja (2006). Luego llegó Dénia (2006), Manises (2009) y finalmente Elche (2010). Hasta que, sin hacer demasiado ruido, en estos momentos la salud de 870.000 valencianos, casi uno de cada cinco, está en manos de una empresa privada.

No es que en Valencia no hubiera protestas. CC OO llevó a los tribunales los planes que el Ejecutivo, entonces presidido por Eduardo Zaplana, tenía para Alzira por considerar que la concesión administrativa no era una fórmula válida para ceder la gestión de una instalación sanitaria pública. Pero una vez el Tribunal Superior de Justicia valenciano dio carpetazo al asunto, la Generalitat siguió con sus planes, paso a paso, sin encontrar demasiada oposición.

Madrid siguió un proceso similar al valenciano con los centros de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Pero rompió esta estrategia y optó por dar un acelerón a sus intenciones al anunciar en octubre de 2012 su intención de privatizar de una tacada la gestión privada de seis hospitales y del 10% de los centros de salud.

Junto a este salto cualitativo que muestran unas maneras mucho más bruscas, existe otra diferencia notable entre los pasos que se han seguido en ambas autonomías y que explica por qué en la Comunidad Valenciana la resistencia a la privatización ha sido menor. En este caso,

todos los hospitales fueron de obra nueva. Por ello, fueron recibidos incluso con satisfacción por parte de la población, que se alegraba de contar con atención hospitalaria cercana. El caso más claro es Alzira. Gracias al hospital, los vecinos dejaron de tener que desplazarse 40 kilómetros para acudir a Valencia.

No es lo mismo construir un hospital nuevo (como ha sucedido en la Comunidad Valenciana) que transferir un recurso ya existente a una empresa privada para que lo explote, como se pretendía hacer con la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo. Y también es mucho más traumático que la empresa concesionaria asuma trabajadores del sector público en lugar de contratarlos, como sucedió en Alzira, Dénia, o el resto de centros valencianos.

Las maniobras privatizadoras del PP están perdiendo fuelle no solo en Madrid. En verano, María Dolores de Cospedal anunció que daba marcha atrás en su intención de externalizar los hospitales de Almansa y Villarobledo (Albacete) y Tomelloso y Manzanares (Ciudad Real). La también secretaria general del PP dijo entonces que los recortes —los “ahorros muy importantes”, señaló— permitían prescindir de los planes privatizadores que preveían aplicar el modelo Alzira a estos centros.

También están paralizadas las intenciones que barajó el Gobierno extremeño (del PP con apoyos de IU) para los hospitales de Don Benito-Villanueva y el paralizado nuevo hospital de Cáceres. En este caso, la idea era un modelo mixto que consistía en ceder la construcción y los servicios no sanitarios al sector privado y preservar el personal sanitario bajo el control público.

Ni siquiera corren buenos tiempos en la cuna del modelo. Las dificultades financieras de la Generalitat han pasado factura al modelo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno valenciano de blindar el pago de las deudas. Además, los socialistas valencianos han anunciado su intención de integrar los hospitales a la red pública si gana las elecciones, lo que ha sembrado la inquietud entre las empresas concesionarias.