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El Constitucional anula la Ciudad del Medio Ambiente de Soria

El alto tribunal considera que la ley de Castilla y León impedía a los ciudadanos recurrir contra el proyecto

52 millones se han ido a una obra sin un fin claro

Las Cúpulas de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray (Soria). Ampliar foto
Las Cúpulas de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray (Soria).

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2007 con la mayoría del PP y que amparaba la construcción de un gran proyecto urbanístico en el Soto de Garray (Soria). La llamada Ciudad del Medio Ambiente, que está a medias y ya se ha llevado 52 millones de euros de dinero público, incluía siete edificios emblemáticos en terreno protegido junto al Duero y sin un destino claro. El alto tribunal anula la urbanización al considerar que, al aprobarla por ley, Castilla y León se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra el plan urbanístico.

Más de siete años ha tardado el tribunal en fallar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 50 diputados del PSOE a la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente.

Leyes a la carta

  • El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno rpotegido eludiendo el control de los tribunales.El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno protegido eludiendo el control de los tribunales.
  • En diciembre pasado, el Constitucional anuló la reforma legal que aprobó Murcia en 2001 para construir 4.000 chalés en Marina de Cope, un parque natural virgen en el Mediterráneo. Pese a llegar 11 años después de que se aprobara la ley, el estallido de la burbuja inmobiliario hizo que aún estuviera sin construir.
  • En 2010, Castilla y León aprobó una ley para poder construir una pista de esquí en un antiguo bosque quemado en Valladolid., algo prohibido por la Ley de Montes. Está pendiente de fallo del Constitucional.

Fue en marzo de 2007 cuando las cortes aprobaron el extraño texto legal: dos páginas de Boletín Oficial del Estado de exposición de motivos, un artículo único de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas de anexo con los detalles de la urbanización en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas.

Al aprobarlo por ley, Castilla y León evitaba que los ciudadanos o los ecologistas pudieran recurrirlo ante los tribunales ordinarios. Evitaba así reveses judiciales como el de Las Navas del Marqués (Ávila), donde el Tribunal Superior de la comunidad anuló un gran plan urbanístico en un pinar protegido. Con un procedimiento similar, Castilla y León aprobó una pista de esquí con nieve artificial en terreno quemado en Valladolid, un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí en Palencia.

El Constitucional ya tumbó hace un año la ley de Murcia para levantar 9.000 viviendas en primera línea de costa virgen. Aunque ese fallo llegó 11 años después de la ley, allí no habían empezado las obras. No ha sido así en Soria, donde las máquinas entraron pronto y levantaron los esqueletos de las cúpulas de la energía. Son edificios blancos y modernos, que representan los gajos de una naranja. Están junto al Duero en un soto protegido y no tienen un destino claro. En marzo pasado la junta paralizó la construcción de los edificios pero afirmó que mantenía el resto del complejo, que incluye un polígono industrial en el que apenas hay empresas.

El objetivo oficial era fijar los criterios “ecológicos, territoriales, sociales, económicos y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo”. En teoría la ciudad iba a crear mil empleos sostenibles y albergar a 4.000 personas.

Los aparcamientos semienterrados tienen punto de carga eléctrica en cada una de las 709 plazas de garaje aunque no hay coches. No existe ninguno de los 788 chalés ecológicos y sostenibles anunciados, pero las calles ya tienen fibra óptica. Sí funciona una central de biomasa.

El Constitucional recuerda que la ley “reclasifica una parte del suelo clasificado [...] como no urbanizable de especial protección” y lo convierte en terreno urbano. El uso de una ley “impide el control de la jurisdicción contencioso administrativa a que se someten el resto de planes urbanísticos”, afirma la sentencia, notificada ayer a las partes. El Constitucional critica “la desproporción en que ha incurrido el legislador” al usar una ley para amparar este proyecto, y más con los problemas que suscitaba, entre los que cita que la población de Garray iba a pasar de 500 habitantes a 4.500 y que el suelo estaba protegido.

El entonces secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, celebró el fallo: “Decían que iban a crear 1.000 empleos y al recurrirlo nos acusaban de ir contra el empleo y el desarrollo de la zona. Ahora se ve que ha sido una forma, otra más, de enterrar dinero público”. Añadió que la ciudad del Medio Ambiente tenía un fin político, atacar al alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, que ayer pidió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades políticas por lo que calificó como despilfarro.

Una portavoz de la Junta de Castilla y León afirmó que era pronto para opinar sobre la sentencia. La impulsora de estas iniciativas —que inicialmente incluía otras “cúpulas temáticas” a lo largo de las provincias del Duero— fue la exvicepresidenta regional, la soriana María Jesús Ruiz, hoy senadora por el PP. Esta ayer eludió la responsabilidad del proyecto: “Es una ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”. Sobre si se sentía desautorizada, zanjó: “Yo era consejera de un Gobierno con un programa”.

La Ciudad del Medio Ambiente es un caso retorcido de la burbuja inmobiliaria. No solo es una urbanización en terreno protegido sino que lo impulsa la Administración pública donde no había llegado el ladrillo y con el fin teórico de proteger el medio ambiente.

Aunque durante años fue apoyado en Soria por el empleo y la inversión de 100 millones de euros, últimamente había cosechado críticas, ya que la Junta renunció hace un año a la segunda fase de las obras de ampliación del hospital de Soria, presupuestadas en 34 millones, mientras destinaba 11 a la ciudad del Medio Ambiente.

En abril pasado, el gerente de la Ciudad del Medio Ambiente, Nicolás Alonso, defendía ante las grúas que una sentencia adversa del Constitucional no afectaría en nada: “De cualquier manera, salga como salga, esto no tiene marcha atrás”.

Luis Giménez, arquitecto y miembro del grupo ecologista Asden, que batalló contra la Ciudad, reclama ahora ir a por los responsables: “Tiene que haber responsabilidad penal de los políticos que lo aprobaron. Ahora eso quedará como monumento al despilfarro”.

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