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Londres aprueba la regulación de la prensa de forma unilateral

Los medios rechazan la última oferta del Gobierno para alcanzar un acuerdo

Tras un día de tensión y dos intentos sin éxito de la industria para intentar evitarlo por vía judicial, el Gobierno británico ha aprobado la nueva norma que pretende regular la prensa. Y es solo un “pretende” porque la prensa ha rechazado de forma unánime la nueva regulación, que es voluntaria, y una gran parte de ella va a optar por poner en marcha su propio organismo de regulación.

Es, pues, una guerra abierta entre la prensa y la clase política, aunque el Gobierno, que cuenta en este asunto con el apoyo de la oposición, ha realizado un último intento pacificador. A última hora, cedió ayer terreno en uno de los puntos más controvertidos: la norma reguladora no podrá ser modificada por el Parlamento si esas modificaciones no cuentan también con el apoyo de la industria. Una cesión aparentemente insuficiente.

La regulación es consecuencia de la indignación popular que provocó el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of The World, que llevó incluso a su cierre en el verano de 2011. Esta semana, precisamente, ha empezado el juicio contra los acusados de aquellas escuchas.

A raíz de ese escándalo, el Gobierno encargó el exjuez Levison una investigación sobre las escuchas y de forma genérica sobre los abusos de la prensa, sobre todo en materia de privacidad. Levison acabó recomendando la puesta en marcha de un sistema independiente de autorregulación que fuera al mismo tiempo voluntario pero con rango legal en su aplicación.

Los tres grandes partidos políticos y el grupo de presión Hacked Off, que representa a muchos afectados por los abusos de la prensa, pactaron en marzo una propuesta de regulación que fue abiertamente rechazada por la prensa. Y esta acabó presentado una propuesta alternativa que hace unas semanas fue finalmente rechazada por el Gobierno como sustituto de la suya.

Las dos propuestas son muy similares a primera vista. Pese a ser considerada una institución medieval y secretista, la industria acepta que la regulación se vehicule a través de una Cédula Real: un arcaico sistema decidido por el llamado Privy Council, un grupo de políticos que trabaja en secreto y aconseja a la reina sobre la aceptación o no de la cédula.

También tienen en común la estructura del organismo regulador, la aceptación de un sistema rápido de quejas para investigar los abusos, la necesidad de rectificar de forma preeminente los errores o abusos e incluso la posibilidad de imponer multas de hasta un millón de libras (1,16 millones de euros) para las infracciones más graves.

Pero ya se sabe que el diablo está en los detalles y es en los detalles donde el desacuerdo es absoluto. La prensa considera que el hecho de que la nueva regulación pueda en el futuro ser modificada por el Parlamento es abrir las puertas a que la libertad de expresión esté amenazada por los políticos. Y rechaza que la mayoría de dos tercios en ambas cámaras necesaria para aprobar esas modificaciones sea garantía de nada.

Se opone también a las restricciones que la propuesta del Gobierno introduce a la presencia de periodistas y de directores de diario en los órganos reguladores, aunque esas condiciones se han suavizado en la propuesta final de principios de octubre respecto de la de marzo pasado. Se opone a su vez a la facilidad con la que los lectores pueden pleitear contra las informaciones, un aspecto también suavizado en la versión final.

Y consideran un chantaje y una discriminación contraria a la ley europea la decisión del Gobierno, ya implementada legalmente, de que las empresas que no se acojan a esa regulación se arriesguen a pagar “sanciones ejemplares” si pierden un caso en los tribunales e incluso tengan que pagar las costas aunque ganen un caso.

Ni un solo diario británico apoya la propuesta del Gobierno, que corre el riesgo de ser aprobada pero jamás aplicada. Pero tres grandes diarios (Financial Times, Guardian e Independent) se resisten por ahora a sumarse al regulador alternativo que impulsan el resto de grandes grupos y que podría estar en vigor dentro de un año.

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