Prisiones añade trabas para acceder al tratamiento contra la hepatitis C

Una juez de Sevilla ha ordenado a Instituciones Penitenciarias que administre a un preso el nuevo tratamiento para la hepatitis C que duplica las opciones de curación de los afectados por la forma más común del virus (el genotipo I). El fármaco se aprobó a finales de 2011, pero su elevado coste llevó al Ministerio del Interior a establecer cupos para tratar la hepatitis C en las cárceles, donde la incidencia del virus supera el 25%. En los últimos meses, Interior ha dado una vuelta de tuerca más a las condiciones para administrar el fármaco y ha decidido que hay que administrarlo con ingreso hospitalario en la Unidad Penitenciaria del Gregorio Marañón de Madrid, a pesar de que los médicos que tratan a pacientes no reclusos sostienen que se puede tomar en la cárcel sin necesidad de estar ingresado.

Así lo ha fijado también la juez de Sevilla, a la que los abogados del preso habían pedido la excarcelación para que pudiera ser tratado por el Servicio Andaluz de Salud. Pero la juez rechaza esta opción porque el tratamiento puede ser dispensado “sin problemas” en los centros penitenciarios, “sin perjuicio de la remisión del paciente a los especialistas para controles programados”. La juez advierte de que “no existe alternativa terapéutica” al fármaco recetado y que, si no se le trata, la enfermedad progresaría hacia una cirrosis hepática o un cáncer de hígado “en un relativo corto espacio de tiempo”. Según el último informe médico, el virus está ya en fase de cirrosis.

La decisión llega después de que Manuel Jesús Troncoso, un recluso de 42 años coinfectado por hepatitis C y VIH, presentara una queja ante un juzgado de vigilancia penitenciaria porque Prisiones le niega los fármacos que le prescribieron hace 1 año y 10 meses los especialistas del hospital Virgen del Rocío y al que Prisiones está poniendo trabas desde que se aprobó. Este tratamiento se basa en una triple terapia que consigue tasas de curación del 75% (frente al 40% del tradicional), pero que es también mucho más cara. Mientras la medicación clásica costaba unos 6.000 euros por año (la duración estimada del tratamiento), con los nuevos fármacos aumenta entre 44.534 y 59.629 euros.

El recluso de Sevilla se ha topado con otro inconveniente: Interior ha rechazado hasta ahora tratar a los presos coinfectados con hepatitis y VIH amparándose en que la ficha técnica de los medicamentos no lo contempla. Sin embargo, la Agencia Española del Medicamento publicó en 2012 un documento con las recomendaciones de uso de la terapia para estos enfermos, y el informe médico de Troncoso advierte de que “el hecho de que esté coinfectado por VIH aun hace más necesario el tratamiento de la hepatitis”. Otro informe elaborado por el director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital Macarena de Sevilla advierte del peligro de que la enfermedad se complique hasta ser casi incurable. “Cada día que pasa sin tratamiento supone un riesgo de desarrollo de estas complicaciones, lo que en mi opinión es inaceptable”, señala.

Según ha admitido Prisiones a otras instituciones que han pedido información sobre el caso, hasta julio solo ha tratado a los presos monoinfectados y le había ofrecido a 15 el traslado al Gregorio Marañón. Ocho han rechazado irse, tres han iniciado el tratamiento y el resto, según Interior, empezarán con la terapia “a medida que la capacidad asistencial” lo permita. Entre los que han aceptado se encuentra, según otras fuentes, un preso de Alicante al que una juez también dio la razón para que Interior le tratara. Ante las reticencias de Prisiones a acatar el fallo, la juez dictó una orden en la que daba al Gobierno 15 días para iniciar la terapia.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha presentado esta semana una proposición no de ley y una pregunta al Congreso para exigir al Gobierno explicaciones sobre el tratamiento a los presos con hepatitis C, y califica de “triple cuello de botella” el protocolo creado por Interior para suministrar el fármaco en Madrid.

A Troncoso le ofrecieron irse hace dos semanas, después de que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que investigó de oficio su caso, sugiriera a Prisiones que le tratara. Pero el recluso prefirió esperar la decisión de la juez porque no le garantizaban que el traslado implicase el tratamiento inmediato. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que apoya jurídicamente al preso, recurrió ayer el auto para pedir que concrete en un plazo de 15 días el inicio de la terapia. La asociación entiende que si no le atienden en ese plazo habría que excarcelarlo para que pueda ser tratado a cargo del Servicio Andaluz de Salud.