La patronal de tecnología sanitaria: “No se ha erradicado la morosidad”

Las comunidades autónomas siguen generando deuda con sus proveedores sanitarios y siguen sin pagar a tiempo. “No se ha erradicado la morosidad”, ha afirmado hoy la presidenta de la Federación española de empresas de tecnología sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, durante la inauguración del IX Congreso de informadores de la salud, en Valladolid. “Aunque el mensaje político vaya en esos términos, no es así”, ha insistido, y ha ofrecido datos: “Tenemos más de 2.500 millones de euros de deuda, con plazos de pago superiores a un año. Sabemos que el Gobierno está haciendo un esfuerzo. Pero queremos que se elimine ese factor de incertidumbre”.

Ya a principios de año, los dos principales proveedores, Farmaindustria (medicamentos) y Fenin, alertaron de que solo en 2012 se había generado una deuda de más de 7.000 millones de euros. La cifra era llamativa, puesto que en el mes de junio anterior la deuda previa (de 2011 y años precedentes, que sumaba más de 16.000 millones) fue prácticamente saldada con el plan de pago del Gobierno central y los créditos a interés bajo para terminar con la demora en los pagos. Es decir, en apenas medio año se había vuelto a generar una cantidad nada desdeñable. Con el final del año 2013 acercándose, y a juzgar por las cifras ofrecidas por Fenin, esa deuda sigue sin liquidarse y va sumando.

Por otro lado, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, del Partido Popular, ha afirmado que su departamento ha enviado un requerimiento previo al Gobierno central para que revoque o anule la resolución por la que se puso en marcha el copago de fármacos hospitalarios. Una medida que, si bien está vigente desde el pasado 10 de septiembre, no ha llegado a ponerse en marcha en ninguna comunidad autónoma. “Le trasladamos formalmente al Ministerio lo que ya hemos hecho en nuestras manifestaciones públicas”, ha explicado Sáez Aguado a EL PAÍS antes de intervenir en la inauguración del congreso. “Entendemos que el copago hospitalario no es una medida que contribuya a la sostenibilidad, porque tiene un impacto económico limitado, que no puede ni debe tener un efecto disuasorio, porque hablamos de enfermedades graves, y que además genera algunos problemas en la gestión de esa recaudación, en el caso de que se hiciera”, ha añadido.

El requerimiento es solo “un primer paso”, según el consejero. “A la vista de la respuesta del Ministerio, decidiremos si acudimos a la vía judicial o tomaremos las decisiones que correspondan”, ha asegurado, y ha añadido que “cabe la posibilidad de un recurso contencioso-administrativo reclamando a los tribunales la anulación de esa resolución”. La norma no se ha puesto en marcha, es decir, que los hospitales aún no están cobrando un porcentaje del coste de algunos fármacos (son 42) a los pacientes que los recogen allí y no en la farmacia. La nueva normativa “se ha hecho quizá con mucha premura”, ha admitido el consejero del PP, que ha precisado que Castilla y León había apoyado hasta ahora las medidas del Ministerio de Sanidad.

Durante su intervención en la apertura del congreso, el consejero ha asegurado que, pese a que los ciudadanos perciben que los recortes están afectando a la asistencia, “el impacto de las medidas de ajuste ha sido limitado o relativamente limitado”. Lo mismo sucede con la percepción de que aprovechando esa crisis se está cambiando el modelo hacia la privatización de la gestión sanitaria. “Por mucho que esté ocurriendo en algunos territorios, en esta comunidad hemos hecho una apuesta por la gestión pública en los centros”, ha señalado. “Hemos optado por un modelo que conocemos”.