Las quejas a la Defensora del Pueblo por temas sanitarios crecen un 59%

Las Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recibido 1677 quejas de los ciudadanos sobre la sanidad en los nueve primeros meses del año. Así, las reclamaciones sobre asuntos de salud son las que más crecen: un 59% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se recibieron 1151. Becerril, que ha comparecido este martes en el Congreso para hablar sobre su gestión, ha avanzado que aunque las sanitarias --que suponen el 7,8% de las quejas y abarcan temas como la demora para entrar en el quirófano o el acceso a prestaciones y fármacos-- son las que más han aumentado, su organismo ha recibido 21.450 reclamaciones sobre todo tipo de asuntos, un 10% más que en 2012.

Becerril no ha dado detalles sobre los argumentos de las reclamaciones relacionadas con la sanidad, aunque ha asegurado que las quejas de los ciudadanos la han llevado, por ejemplo, a recomendar a varias autonomías --Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Cataluña, Baleares y Castilla y León-- que emprendan medidas para aliviar las listas de espera "extraordinariamente altas" que registran en algunos centros para las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas.

Las quejas por las amplias demoras para operarse o someterse a algún tipo de prueba siempre tienen un importante papel entre el número de quejas que anualmente recibe esta institución, tal y como reflejan sus informes anuales. Así fue también en 2012. Las reclamaciones de los ciudadanos reflejan la situación real: en 2012 los días que los pacientes esperan, de media, para someterse a una intervención pasaron de 76 a 100 entre junio y diciembre del año pasado, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ese ejercicio, Becerril, que recibió un total de 1759 quejas por asuntos sanitarios, el eje central de las mismas fueron los recortes sanitarios. Este organismo también recopiló un alto número de reclamaciones sobre la reforma sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en septiembre restringió el acceso de los inmigrantes sin papeles a los servicios sanitarios en las mismas condiciones que el resto de residentes.