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La indemnización al almacén Castor se intentó anular antes de los seísmos

La vicepresidenta cuestiona el pago a la empresa si se rompe el contrato por dolo o negligencia

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría ha matizado que el Gobierno del PP pidió anular la indemnización al almacén de gas Castor, situado a 21 kilómetros de las costas de Vinarós (Castellón), antes de que comenzaran los seísmos. “Se pidió al Tribunal Supremo el 11 de mayo de 2012, por lo que su impugnación fue previa”, ha asegurado.

Los trabajos de inyección en el almacén de gas subterráneo están suspendidos desde el 26 de septiembre, dos días después de que los terremotos superaran la magnitud 3,6. Industria mantendrá esta medida hasta que una comisión científica, formada por expertos del Instituto Geológico y Minero (Igme) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine el origen y la posible continuidad. La empresa Escal UGS ha desembolsado hasta el momento 1.702 millones de euros en esta infraestructura, según datos de Industria. En los últimos tres meses se han contabilizado en torno a 500 seísmos, el mayor de magnitud 4.6. Hace dos días que no se han registrado movimientos, según datos del IGN.

La clausura del almacén depende del informe de un comité técnico sobre el origen y la continuidad de los terremotos

El ministro de Industria, José Manuel Soria, adelantó ayer en el Congreso de los Diputados que se había intentado impugnar la indemnización a la empresa del proyecto Castor, pero no precisó la fecha en que se había tramitado. Saénz de Santamaría ha asegurado que la cláusula, recogida en un real decreto de 2008 que autorizaba la concesión administrativa, resulta “lesiva para el interés público” porque contempla una indemnización a la empresa promotora por el valor residual de la instalación en el caso de que se interrumpa el contrato por dolo o negligencia de esta misma.

Soria enmarcó esta consulta al Supremo, de la que todavía no hay respuesta, dentro de las acciones que el Gobierno ha realizado con el proyecto Castor. Entre ellas está la disminución de la retribución que el Gobierno anterior, del PSOE, había reconocido a esta infraestructura, o encargar una auditoría externa de costes porque la infraestructura se inició en la planificación gasista con un coste muy inferior a los 1.702 millones que ahora se calculan.