Sin un diálogo amplio y sereno

Ya no sorprende que la alternancia de gobiernos de distinto signo lleve aparejada la elaboración de una ley de educación. Pero ninguno de los partidos políticos mayoritarios puede tirar la primera piedra en esta polémica. No olvidemos que alguna de estas leyes ni siquiera tuvo la oportunidad de ponerse en práctica.

Una ley de este calado requería un proceso amplio y sincero de diálogo. Pero el Gobierno no ha sabido o no ha querido plantear el debate adecuadamente. Por otro lado, diversos grupos que han mantenido una oposición frontal a la Ley lo han hecho desde posturas cerradas a la discusión serena; se han contentado con repetir descalificaciones carentes de un análisis serio del texto legal y con propugnar modelos sobre el derecho a la educación difícilmente conciliables con los principios de nuestra Constitución. El debate público de la LOMCE se ha centrado frecuentemente en cuestiones que, siendo importantes, no son las que resuelven las deficiencias de la educación en nuestro país.

La LOMCE intenta dar respuesta a graves problemas que afectan a nuestro sistema educativo —tasas escandalosas de fracaso y abandono escolar, pobres resultados en pruebas internacionales...— y este es un objetivo loable y necesario. Sin embargo, el diseño de las medidas propuestas para alcanzar este fin es muy mejorable. La propuesta ministerial no tiene un proyecto global y coherente que dé sentido y unidad a la Ley. El Partido que sustenta al Gobierno parece carecer de una idea clara de lo que pretende con la educación.

Finalmente, hay que afirmar que, en contra de lo que suelen decir algunos, la LOMCE no es “la ley de la concertada”, una red, por cierto, tan castigada como la que más por los recortes en educación. Para empezar, no conecta de manera concreta la programación de la enseñanza con la demanda social, ni asegura que un centro con suficientes solicitudes mantenga el concierto. No garantiza la complementariedad de redes sino que corre el riesgo de perpetuar, como les gusta a quienes son contrarios a la verdadera libertad de enseñanza, la subsidiariedad de la concertada, contradiciendo el espíritu y la letra de los preceptos constitucionales.

José María Alvira Duplá es secretario general de Escuelas Católicas.