Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Menos inspecciones, pero más multas

La Administración relaja el control ante el cumplimiento de la norma

El grueso de las 3.000 sanciones son por permitir fumar y el uso de la máquina a menores

Ir al baño le costó 200 euros a la dueña de un bar en la calle de Santa Engracia en Madrid. Justo en ese momento llegó un inspector de Sanidad que observó que no estaba puesto el sistema de control de la máquina expendedora y ella no estaba en la barra. Una violación a la ley antitabaco, que ordena “la vigilancia directa y permanente” por parte del “titular del local o de sus trabajadores”. La propietaria, que prefiere omitir su nombre, culpa al destino por la sanción.

De unos 60 años y baja estatura, la dueña del café explica mirando tras unas gruesas gafas que prefirió pagar los 200 euros de la sanción antes que recurrirla, aunque insiste en que la multaron porque el inspector llegó en el día y en el momento menos adecuado, y no porque incurriera en un delito. Por si acaso, la expendedora de tabaco sigue con un papel pegado donde se lee: “Avería, fuera de servicio”.

Tal vez no le falta razón al culpar a la mala suerte, ya que las inspecciones para controlar el cumplimiento de la ley antitabaco se reducen cada vez más, al igual que las denuncias por violaciones de la normativa, contrariamente a las multas, que van en alza. Según los datos facilitados por 11 comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Valencia es donde más controles se realizan, ya que cuentan con más inspectores —900, 800 y 300, respectivamente—, mientras que en Madrid solo hay 17. La vigilancia no se limita a bares, cafeterías, restaurantes o locales de hostelería, sino que incluye escuelas, universidades e instituciones públicas.

Tanto en las grandes comunidades como en las pequeñas, las inspecciones se han reducido. En casos como Cataluña, en 2011 —primer año en que se aplicó la nueva legislación— se realizaron 24.899 controles, pero al año siguiente se redujeron a 17.221. En Asturias, una de las regiones más estrictas en cuanto al tema del tabaco, en 2011 se efectuaron 1.171 inspecciones, pero en 2012 fueron solo 564. Esto debido a que los locales se han adaptado a la ley y la “están cumpliendo”, según Julio Bruno Bárcena, director general de Salud Pública del Principado.

La aprobación de la norma desató un gran impacto mediático, acompañado por la puesta en marcha de campañas dirigidas a simplificar la recogida de denuncias: a dos días de la entrada en vigor de la ley, la asociación Facua-Consumidores en Acción ya había recibido 1.000 reclamaciones de las 2.568 que acabó remitiendo a lo largo de todo el año. Javier Blanco Urgoiti, portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia, explica que tras la modificación de la norma hubo un tirón en cuanto a denuncias, que luego fue reduciéndose porque, afirma convencido, “la ley está cumpliéndose”.

La sensación de Blanco es la misma que la de la mayoría de asociaciones, tanto a favor como en contra de mantener espacios libres de humo: la ley antitabaco se está respetando. Francisco Camarelles, del Comité Nacional de Prevención al Tabaquismo (CNPT), explica que su impresión “es que la ley se está cumpliendo mayoritariamente, y ha logrado crear un alto nivel de tolerancia y cambiar los comportamientos de los ciudadanos”. Las encuestas corroboran su afirmación, e ilustran que el grado de aceptación y cumplimiento de la medida ronda entre un 95% y un 99%, según datos publicados por Semfyc (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) a principios de 2013.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, explica que al principio los ciudadanos se movilizaron para garantizar el respeto de las normas. “Pero”, añade, “con el paso de los años hay establecimientos que están postulando maneras para no cumplirlas”. Y la reducción en el número de controles es uno de los problemas principales que destaca: “Es necesario que se vuelvan a hacer campañas de inspección, junto a las de higiene en la manipulación de los alimentos, para que se cumpla la ley antitabaco”.

Las cifras suministradas por las comunidades muestran que las multas en 2012 aumentaron un 42% respecto al año anterior. El último recuento del Ministerio de Sanidad contiene unas 3.000. Las sanciones se deben principalmente por fumar en lugares donde está prohibido; permitir a menores de edad usar la máquina de tabaco; porque la expendedora no dispone del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha.

Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, explica que en este último año su asociación ha tramitado sobre todo denuncias dirigidas a terrazas —consideradas lugares cerrados cuando cuentan con más de dos paravientos— y clubes de fumadores, asociaciones contempladas en la disposición novena de la ley de 2011 a las que no está permitido ofrecer servicios de hostelería. “Los ilegales”, afirma, “están surgiendo como setas, y todos los que nacieron después de la aprobación de la norma tienen ánimo de lucro, lo que no está permitido”.

La posibilidad que dos zonas, una de fumadores y otra de no fumadores, convivan en el mismo establecimiento, está prevista en otros países que adoptaron una legislación antitabaco, pero queda prohibida en España. El sector de la hostelería solicitó “al Gobierno anterior, así como al de Rajoy la creación de locales mixtos”, explica el Secretario General de Fehrcarem (Asociación de Cadenas de Restauración Moderna), Juan Ignacio Díaz. “Pero no nos hicieron caso”, comenta, “pese a que haya habido una bajada en los ingresos del sector tras la aprobación de la ley”. Saltarse esta norma podría significar desembolsar entre los 30 y los 600 euros, si la falta es leve, de 601 a 10.000 si se considera infracción grave, y hasta 600.000 en los casos más serios de reincidencia.

La mayoría de las sanciones impuestas en estos dos años y medio de vigor de la ley han sido leves. Solo en algunos casos eran graves, y las muy graves ha sido escasas. Sin embargo, la dueña del local en la calle de Santa Engracia pide “mano más blanda” por parte de los inspectores, ya que según ella cumplía la ley y no merecía una multa de 200 euros.