El Gobierno pidió estudiar las rocas del depósito de gas

El Ministerio de Medio Ambiente pidió que se estudiaran las presiones con las que se inyectaba gas en el almacén construido en el delta del Ebro, en cuyas inmediaciones se han producido más de 300 seísmos desde principios de septiembre que el martes llegaron a alcanzar magnitud 4,2. Con esa petición, recogida en un informe de la consultora URS, que elaboró el estudio de impacto ambiental, el ministerio buscaba evitar que no se “causaran fracturas en las rocas” y recomendó que se incluyera un trabajo de monitorización sísmica. Esto último sí lo asumió la empresa gestora, Escal UGS.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el fondo marino, para almacenar gas. En todo el mundo hay más de 600 almacenes similares y en España hay otros dos en funcionamiento y tres en proyecto.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer que la Declaración de Impacto Ambiental que obtuvo en 2009 el almacén subterráneo de gas natural frente a la costa de Vinaròs (Castellón) “no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos”.

Sin embargo, en uno de los informes de la consultora internacional URS, especializada en ingeniería y medio ambiente, sí que se incluye como petición de Medio Ambiente la “necesidad de estudiar la actividad sísmica” para poder compararla con tendencias anteriores.

El trabajo de URS, de mayo de 2008, también recoge una consulta efectuada sobre lo mismo al Observatorio del Ebro. Este organismo coincide con el Ministerio de Medio Ambiente en que se realice, “como mínimo”, una serie de pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección de gas “no causarán fracturas en las rocas”, y que se vigilen los seísmos de forma rutinaria.

Como consideración final, la consultora recoge el guante sobre la necesidad de registrar los microseísmos, pero no habla de que se deba estudiar la presión de las rocas. Una portavoz de Escal UGS no pudo precisar ayer si estos trabajos de presión en las rocas se hicieron finalmente, pero subrayó que en el ámbito sísmico “siempre se han superado todos los parámetros legales e incluso se ha ido más allá”. “La Declaración de Impacto Ambiental no recoge estos parámetros, pero en temas de sismicidad se han seguido las instrucciones del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Francés del Petróleo”, aseveró. Según contó Arias Cañete, el Gobierno ha pedido dos informes, uno al Instituto Geológico y Minero y otro al Instituto Geográfico con los que se quiere “determinar exactamente las circunstancias que concurren en el caso”.

Una delegación del Ministerio de Industria visitó ayer las instalaciones del proyecto Castor, cuya actividad está paralizada por Industria desde el 26 de septiembre. Los técnicos pasaron todo el día en las instalaciones. Visitaron la planta de tierra y la marítima, a la que accedieron en helicóptero, acompañados de personal de la empresa Escal UGS. Industria no habló sobre el resultado de la inspección.

Los técnicos de Industria tenían la misión de comprobar que se había detenido la inyección de gas en la zona, una actividad a la que los geólogos atribuyen al aumento de sismicidad frente a la costa de Vinarós.

Luis González de Vallejo, catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense, declaró a Efe que la presión a la que se inyecta el gas en este antiguo yacimiento petrolífero es “muy elevada”, por lo que “siempre” se producen fracturas en la roca. El experto asegura que este tipo de “sismicidad inducida” o “creada donde antes no la había” produce cientos de terremotos con un techo de magnitud de 4,3.

Mientras tanto los sensores siguieron registrando varias decenas de pequeños temblores. El mayor de magnitud 2,9 se detectó en el golfo de Valencia a las 9.27.