Un gran almacén de gas bajo el mar

La crisis ha dejado a su paso multitud de infraestructuras en vilo, con las obras aletargadas y sin terminar. Sin embargo, hay grandes planes que no se han visto afectados por el parón. Es el caso del proyecto Castor, la construcción de un almacén subterráneo y submarino de gas natural más grande de España frente a las costas de Vinaròs (norte de la Comunidad Valenciana) y Alcanar (sur de Cataluña). En sus obras han llegado a trabajar 1.000 personas, y cuando el almacén entre en funcionamiento el próximo mes de mayo mantendrá una plantilla de un centenar de empleados. Sin embargo, pese a los beneficios económicos, el proyecto Castor también crea polémica entre pescadores y alcaldes del delta del Ebro que no ven con buenos ojos una estructura de ese calibre frente a la costa.

La obra aprovecha la estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta (Montsià), y ha sido posible gracias a una inversión de 1.300 millones de euros, aportados por un consorcio de 19 bancos internacionales, cinco de los cuales son españoles. En el pasado mes de diciembre las obras de construcción del gran depósito subacuático de gas natural entraron en su recta final y la empresa promotora, Escal UGS, informa de que más del 90% de las obras ya están realizadas.

Según Escal UGS, se trata de un emplazamiento estratégico para España, muy necesario para sortear los periodos de escasez en el suministro de gas natural. El depósito submarino podrá almacenar una candidad de gas natural equivalente a lo que consume toda España en 50 días. "Los países de la OCDE han decidido tener un almacenamiento de gas equivalente a 92 días de suministro. España tiene menos almacenes y lo ha suplido con tanques de gas líquido en los puertos o con los grandes depósitos en Bermeo y Jaca", afirma Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS.

Del Potro justifica que el almacén se levanta frente a la costa de Vinaròs en que no había otra posibilidad, ya que debían aprovechar un antiguo yacimiento petrolífero agotado para llevarlo a cabo. "La naturaleza no se elige ni puede cambiar de lugar", añade.

Para combatir el rechazo que la instalación provoca en determinados sectores, la empresa decidió abordar una serie de acciones en la zona de implantación del proyecto. "Tenemos un convenio firmado con el Ayuntamiento de Vinaròs, para la planta de tierra compramos 30 hectáreas, solo utilizamos 12 y las demás serán para plantar naranjos, los cuidará una organización de minusválidos de la zona. También estamos revitalizando el puerto y entre los trabajadores tenemos a soldadores de Ulldecona", sostiene Del Potro.

Si en Vinaròs están claramente a favor del gran depósito submarino, en el pueblo vecino de Alcanar hay una fuerte oposición a las instalaciones. "Se han opuesto siempre", dice el presidente de Escal UGS. El alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat (ERC), se queja de que la empresa paga todos los impuestos en Vinaròs y que ellos no ven un solo euro por este concepto, algo que Del Potro confirma. "Debería haber compensaciones territoriales. Somos el núcleo urbano más cercano a las instalaciones, están a 1,4 kilómetros de algunos equipamientos de Alcanar, además, el proyecto es una obra de grandes dimensiones que al final generará muy pocos empleos; cuando entre en funcionamiento deberemos ver si las instalaciones producen olor", dice el alcalde del municipio catalán.

Montserrat sostiene que agricultores y pescadores se han visto afectados por la obras. "Han tirado piedras donde no tocaba, y algunos barcos ha destrozado sus redes al engancharse en ellas", asegura Pau Escada, presidente de la cofradía de pescadores de Alcanar. Los pesqueros tampoco pueden faenar en un radio de media milla de las instalaciones. "Damos compensaciones económicas a las cofradías de la Ràpita, Les Cases [Cataluña], Vinaròs, Benicarló y Peñíscola [Comunidad Valenciana]", se justifica Del Potro. Sin embargo, algunos pescadores sostienen que las capturas de langostinos -el marisco más preciado de la zona- y de doradas han disminuido en las cercanías de la zona de obras. Los pescadores fijan los daños en 120.000 euros y reclaman mayores indemnizaciones. El eurodiputado Raül Romeva (ICV-EUiA) llevó el problema a las instituciones europeas y solicitó ante la Comisión Europea multar a la empresa promotora del proyecto Castor por estos episodios.

El almacén de gas natural se empezó a gestar en la década de 1990. Albergará gas de terceros y se integrará en el sistema gasista español, del que formará parte de su red básica. La Administración lo calificó en su día como A, la calificación máxima en la planificación de los sectores de electricidad y gas.