La tarjeta sanitaria única tardará en llegar al menos otros cinco años

Hace 12 años, el Gobierno anunció su intención de implantar una tarjeta sanitaria única válida para toda España. Hace nueve, con Ana Pastor como ministra de Sanidad, se reguló cómo poner en marcha el documento, sin ningún éxito. Y en febrero de 2012, dijeron que estaría lista a finales de ese año. Ayer, el Consejo de Ministros dio el último paso necesario, según el Ministerio de Sanidad, para que esta iniciativa sea, finalmente, una realidad. Pero va a tardar. Por lo menos otros cinco años.

El Gobierno aprobó el formato del documento, unos requisitos mínimos de imagen (diseño, leyendas) y técnicos (datos básicos, codificación) para que la tarjeta se lea sin problemas en cualquier sistema informático de los distintos sistemas sanitarios y sea totalmente interoperativa.

Las comunidades autónomas tendrán que ir sustituyendo los modelos actuales por el nuevo de forma progresiva a medida que los ciudadanos vayan renovando sus documentos. Sanidad espera que este proceso finalice antes de cinco años.

Uno de los principales objeticos de esta iniciativa consiste en facilitar la atención sanitaria a las personas que se encuentran en otras autonomías. Por ejemplo, ya no tendrán que desplazarse cada tres meses al centro de salud a renovar su tarjeta de desplazados. Según datos del Ministerio de Sanidad, unos cuatro millones de españoles reciben cada año atención sanitaria en una autonomía distinta de la suya.

Pero, además, el documento permitirá un acceso más sencillo a la historia clínica del paciente esté donde esté. Para ello, sin embargo, es necesario que los historiales clínicos estén digitalizados. Y en esta parcela, los logros son muy desiguales entre las autonomías. Apenas está digitalizada la información de 20 millones de ciudadanos, como admite Sanidad, menos de la mitad de la población. De esta forma, la eficacia de la tarjeta y la capacidad de acceder a datos de pacientes de otras regiones se limitará a las autonomías más avanzadas en la digitalización, como Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Extremadura, Valencia, Baleares, Madrid y La Rioja.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía confía en que la medida favorezca la interoperabilidad entre comunidades, siempre que no suponga una modificación de los sistemas informáticos existentes. “De ser así, supondría un coste de más de 12 millones de euros, ya que habría que generar más de ocho millones de nuevas tarjetas, así como cambiar los dispositivos de lectura de las mismas, gasto que sería imposible de abordar, a no ser que exista una financiación por parte del Gobierno central”, afirman fuentes del departamento.

Con la introducción de la tarjeta, también se evitarán casos como el de aquellas personas que, por haber nacido en una comunidad autónoma y residir en otra, o por pasar largas temporadas en regiones distintas de la de origen, cuentan simultáneamente con varios documentos expedidos por distintos servicios sanitarios. La tarjeta no contendrá información clínica, como se planteó en una etapa inicial del proyecto, sino que será una llave con una serie de datos básicos y un código de identificación personal para que se acceda a la historia clínica de cada paciente, que custodiará cada comunidad. De hecho el desarrollo se ha retrasado porque lo que en verdad se interconecta son las historias, lo que ha obligado a diseñar una red entre las 17 comunidades. Aparte del nombre y apellidos del titular de la tarjeta, llevará su código de identificación, el de la administración emisora del documento y la identidad de la autonomía que lo emite. Pero también se fija que todas deben llevar el rótulo Sistema Nacional de Salud de España, “necesario para el proyecto europeo de interoperabilidad de la información clínica”, según Sanidad.